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Proyecto impulsa nuevo aporte patronal para garantizar salarios
El PIT-CNT participó en la instrumentación del fondo y la Cámara de Industrias "no le ve sentido"
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03 de noviembre de 2015 a las 05:00
Por estos días, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley que, a impulso de dos legisladores del oficialismo y levantando una bandera del PIT-CNT, busca crear un fondo de garantía de los créditos laborales en caso de insolvencia patronal. La exposición de motivos señala el propósito principal de la norma: "Asegurarle al trabajador el pago de aquellos rubros de carácter salarial que le permitan subsistir y dar un primer auxilio frente a la insolvencia patronal".
El proyecto –al que accedió El Observador– establece que el fondo sea administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y que una de sus fuentes de financiamiento sea una "contribución especial" realizada por los empleadores. Este aporte será "de hasta 0,5% de todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores", y se pagará en simultáneo al resto de los aportes a la seguridad social que se efectúen en el BPS.
Según el texto, será el Poder Ejecutivo el que tendrá la potestad de determinar el monto de la contribución a este fondo por parte de las empresas.
Presentado por los diputados Luis Puig y Carlos Reutor a principios de setiembre, el proyecto propone que en casos de insolvencia –cuando la firma no pueda hacer frente a sus obligaciones– los trabajadores puedan apelar a este mecanismo. Los beneficiarios serán "todos los trabajadores respecto de los créditos laborales originados en una relación de dependencia, sea con empleadores de la actividad privada o personas públicas no estatales", señala en su artículo 4°.
El texto también especifica que los créditos laborales se garantizarán por un monto máximo de hasta 105 mil unidades indexadas (alrededor de $ 336 mil). Sería una Comisión Tripartita –que funcionaría en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y estaría integrada por dos delegados del sector empleador, dos del sector trabajador y dos del Poder Ejecutivo– la que se encargue de verificar la existencia de las situaciones de insolvencia, así como la deuda de estos créditos laborales. Una vez confirmado esto, señala el proyecto, la Comisión dará luz verde al órgano administrador del fondo (el BPS) para que efectúe el pago de la suma garantizada.
Puig, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), dijo a El Observador que este proyecto "está inspirado" en uno que redactó la sala de abogados del PIT-CNT en 2011. Añadió que se trata de uno de los proyectos calificados como "fundamental por el movimiento sindical".
"No es posible que la parte más débil de una relación laboral, en la medida que se genera una insolvencia, sea la que quede sin cobrar", argumentó, y dijo que, de transformarse en ley, se crearía un mecanismo que brindaría la certeza a los trabajadores de que "no van a quedarse sin cobrar sus créditos laborales". El diputado sostuvo que, en el régimen actual (ver recuadro) "muchas veces la multiplicidad de acreedores genera que los trabajadores no terminen cobrando sus créditos laborales".
Por su parte, el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT –institución responsable de "gran parte" del articulado del proyecto–, Milton Castellanos, comentó en la misma línea que la vía judicial "es un instrumento que en última instancia no garantiza el cobro de los haberes, producto de que por más que haya un fallo favorable de la Justicia, si el demandado no tiene recursos, no hay forma de cobrar". Esto, justamente, es lo que se busca evitar con la creación de este fondo de garantía.
Castellanos admitió que puede haber "alguna reticencia" del sector privado hacia esta iniciativa, pero fundamentó que se trata de un "seguro, como existe en otras cosas". "Una actividad empresarial tiene seguro contra incendios, accidentes, de propiedad; en definitiva (el fondo) opera como un seguro", dijo.
En tanto, Puig apuntó que una vez escuchadas las voces de los diferentes involucrados en el seno de la Comisión de Legislación de Trabajo, se planteará su aprobación en este ámbito, para que siga su curso hacia el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa ya pasó por la bancada del Frente Amplio, añadió el legislador.
Una de las opiniones que la Comisión quiere conocer es la de los privados, expresó Puig. Por esto, ya solicitó la concurrencia de las cámaras empresariales, agregó. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Relaciones Socio-Laborales de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik, dijo desconocer la existencia de este proyecto, pese a que admitió que "no es la primera vez que viene esto al ruedo"."Está raro esto", manifestó en respuesta a una consulta de El Observador.
Fostik sostuvo que "en la inmensa mayoría de los casos no sucede" que los trabajadores se vean imposibilitados de cobrar lo que les corresponde. "Hacer una ley para los casos especiales no tiene sentido", añadió. El empresario dijo que, en general, las empresas no cierran "dejando el cadáver ahí" y además manifestó que la Justicia es "súper expedita" en este tipo de casos.
La ley 18.387 –que creó la figura de concurso en 2008– establece en buena medida cómo se cobran los créditos laborales al día de hoy. El socio responsable del Departamento Laboral del estudio Hughes & Hughes, Enrique Radmilovich, explicó que esta normativa trata a los créditos laborales como créditos privilegiados y son segundos en jerarquía, luego de las prendas y las hipotecas en caso de insolvencia de la empresa.
Además, añadió, existe el "pronto pago", por el cual se aceleran los tiempos de cobro –siempre y cuando haya recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente requisables en la masa–. En tanto, quienes decidan iniciar un juicio a la empresa podrán cobrar sus créditos laborales antes de la declaración de concurso, en caso de desmantelamiento y cierre.
El proyecto –al que accedió El Observador– establece que el fondo sea administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y que una de sus fuentes de financiamiento sea una "contribución especial" realizada por los empleadores. Este aporte será "de hasta 0,5% de todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores", y se pagará en simultáneo al resto de los aportes a la seguridad social que se efectúen en el BPS.
Según el texto, será el Poder Ejecutivo el que tendrá la potestad de determinar el monto de la contribución a este fondo por parte de las empresas.
Presentado por los diputados Luis Puig y Carlos Reutor a principios de setiembre, el proyecto propone que en casos de insolvencia –cuando la firma no pueda hacer frente a sus obligaciones– los trabajadores puedan apelar a este mecanismo. Los beneficiarios serán "todos los trabajadores respecto de los créditos laborales originados en una relación de dependencia, sea con empleadores de la actividad privada o personas públicas no estatales", señala en su artículo 4°.
El texto también especifica que los créditos laborales se garantizarán por un monto máximo de hasta 105 mil unidades indexadas (alrededor de $ 336 mil). Sería una Comisión Tripartita –que funcionaría en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y estaría integrada por dos delegados del sector empleador, dos del sector trabajador y dos del Poder Ejecutivo– la que se encargue de verificar la existencia de las situaciones de insolvencia, así como la deuda de estos créditos laborales. Una vez confirmado esto, señala el proyecto, la Comisión dará luz verde al órgano administrador del fondo (el BPS) para que efectúe el pago de la suma garantizada.
Fundamental
Puig, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), dijo a El Observador que este proyecto "está inspirado" en uno que redactó la sala de abogados del PIT-CNT en 2011. Añadió que se trata de uno de los proyectos calificados como "fundamental por el movimiento sindical".
"No es posible que la parte más débil de una relación laboral, en la medida que se genera una insolvencia, sea la que quede sin cobrar", argumentó, y dijo que, de transformarse en ley, se crearía un mecanismo que brindaría la certeza a los trabajadores de que "no van a quedarse sin cobrar sus créditos laborales". El diputado sostuvo que, en el régimen actual (ver recuadro) "muchas veces la multiplicidad de acreedores genera que los trabajadores no terminen cobrando sus créditos laborales".
Por su parte, el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT –institución responsable de "gran parte" del articulado del proyecto–, Milton Castellanos, comentó en la misma línea que la vía judicial "es un instrumento que en última instancia no garantiza el cobro de los haberes, producto de que por más que haya un fallo favorable de la Justicia, si el demandado no tiene recursos, no hay forma de cobrar". Esto, justamente, es lo que se busca evitar con la creación de este fondo de garantía.
Castellanos admitió que puede haber "alguna reticencia" del sector privado hacia esta iniciativa, pero fundamentó que se trata de un "seguro, como existe en otras cosas". "Una actividad empresarial tiene seguro contra incendios, accidentes, de propiedad; en definitiva (el fondo) opera como un seguro", dijo.
En tanto, Puig apuntó que una vez escuchadas las voces de los diferentes involucrados en el seno de la Comisión de Legislación de Trabajo, se planteará su aprobación en este ámbito, para que siga su curso hacia el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa ya pasó por la bancada del Frente Amplio, añadió el legislador.
Una de las opiniones que la Comisión quiere conocer es la de los privados, expresó Puig. Por esto, ya solicitó la concurrencia de las cámaras empresariales, agregó. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Relaciones Socio-Laborales de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik, dijo desconocer la existencia de este proyecto, pese a que admitió que "no es la primera vez que viene esto al ruedo"."Está raro esto", manifestó en respuesta a una consulta de El Observador.
Fostik sostuvo que "en la inmensa mayoría de los casos no sucede" que los trabajadores se vean imposibilitados de cobrar lo que les corresponde. "Hacer una ley para los casos especiales no tiene sentido", añadió. El empresario dijo que, en general, las empresas no cierran "dejando el cadáver ahí" y además manifestó que la Justicia es "súper expedita" en este tipo de casos.
Mecanismos para cobrar créditos laborales hoy
La ley 18.387 –que creó la figura de concurso en 2008– establece en buena medida cómo se cobran los créditos laborales al día de hoy. El socio responsable del Departamento Laboral del estudio Hughes & Hughes, Enrique Radmilovich, explicó que esta normativa trata a los créditos laborales como créditos privilegiados y son segundos en jerarquía, luego de las prendas y las hipotecas en caso de insolvencia de la empresa.
Además, añadió, existe el "pronto pago", por el cual se aceleran los tiempos de cobro –siempre y cuando haya recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente requisables en la masa–. En tanto, quienes decidan iniciar un juicio a la empresa podrán cobrar sus créditos laborales antes de la declaración de concurso, en caso de desmantelamiento y cierre.
