Proyecto para regular alcohol no incluye aumento tributario

El presidente Vázquez habló de la "posibilidad de impuestos"
El presidente Tabaré Vázquez anunció este lunes que el Poder Ejecutivo presentará a la brevedad una "ley holística total" para regular el consumo abusivo de alcohol, una realidad que afecta a 260 mil personas en Uruguay.

Luego del acto en recuerdo del natalicio de José Artigas, el presidente dijo en rueda de prensa que el proyecto abarcará cuestiones referidas al alcohol como "la comercialización, la publicidad, la venta" y "también la posibilidad de impuestos".

Sin embargo, todos los parlamentarios que integran la comisión multisectorial que trabaja en el tema señalaron que el texto de la iniciativa no incluye la posibilidad de aumentar los impuestos para desalentar el consumo de este tipo de productos, tal como sucedió en el caso del tabaco.

Por su lado, el mandatario detalló, además, que se piensa en la posibilidad de brindar una "patente" que establezca quien puede vender alcohol y quien no, así como regular el horario de prohibición de venta al público.

Vázquez aclaró que con la reglamentación no se pretende "hacer una ley seca ni mucho menos", sino que busca contribuir a la solución de "todas aquellas patología que se producen en el seno de la sociedad".

La iniciativa surge del trabajo de una comisión parlamentaria multisectorial que se formó a solicitud del presidente y que se reunirá con él próximamente.

"Mañana (por este martes) tengo agendado para la mañana en (la residencia presidencial de) Suárez una reunión con el grupo alcohol donde seguramente estaremos presentado -si no es mañana será la semana que viene- una ley holística total sobre el tema alcohol, que abarcará la comercialización, la publicidad, la venta, también la posibilidad de impuestos, de patente para quien pueda vender o no vender, horarios de prohibición de venta al público", dijo Vázquez.

Varios integrantes de la comisión que trabaja en este tema dijeron a El Observador que hubo avances pero que el texto de la propuesta aún no está cerrado. De hecho, en este momento el borrador está en manos de los técnicos que trabajaban en aspectos legislativos.

De todas maneras una de las medidas en la que hay consenso es la de crear un registro único de vendedores que instituya cuales son los locales habilitados. El registro tendrá como contrapartida el otorgamiento de una licencia (lo que el presidente llamó "patente") que será revocable en caso de que el vendedor no cumpla con las obligaciones previstas, como la de no vender alcohol a menores, explicó a El Observador el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. El proyecto no prevé la posibilidad de que se cobre algo por estos permisos, subrayó el legislador.

La creación de un registro que brinde licencias revocables llevará, en consecuencia, a que haya una mayor fiscalización para controlar si esos comercios cumplen con la normativa.

Todavía se están analizando diferentes alternativas para establecer quiénes participarán en el organismo fiscalizador –que incluso puede integrar a privados- y qué función cumplirá cada uno. Por lo pronto, se piensa en controles que caerán en las manos de las distintas intendencias, la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Salud Pública y el del Interior.

Además de tener identificado a quienes venden bebidas alcohólicas, la creación del registro tiene la misión de evitar la venta ambulatoria que estará prohibida.

Otra de las medidas que los parlamentarios presentarán al presidente Vázquez es la de limitar la exhibición de los productos alcohólicos en puntos de ventas. El porcentaje de exhibición se estimará en función de los estándares internacionales.

El horario de venta al público es otro de los puntos sobre los que la comisión parlamentaria multisectorial discutió.

En la actualidad rige la prohibición de venta de alcohol entre las 00:00 y las 06:00 horas. Una de las ideas es ampliar ese horario entre las 22:00 y las 08:00 horas.

El borrador del proyecto incluye, a su vez, la posibilidad de intervenir etiquetas de bebidas alcohólicas con advertencias sanitarias.

El proyecto se discutirá con el Ejecutivo y luego ingresará formalmente al Parlamento.

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