Al revés de lo que exigen sectores del Frente Amplio, lo peor que puede hacer el gobierno ante el actual ahogo fiscal es seguir aumentando impuestos en la Rendición de Cuentas o ignorar la luz roja del déficit fiscal. Este curso contraría la prudencia fiscal que pregona a cuatro vientos el ministro de Economía, Danilo Astori pero que su fuerza política insiste en descartar. Sería funesto el resultado de incrementar el gasto público a través de medidas tributarias o de empeoramiento del déficit para financiar más recursos para sectores improductivos, como la trabada educación pública.
Por un lado, ha llegado a su límite la capacidad contributiva de la población, especialmente su clase media, golpeada por los ajustes fiscales y el manejo arbitrario de las tarifas de servicios públicos para recaudar más. Los aumentos de impuestos a la renta, a los jubilados y a la actividad económica desde el 1º de enero deprimen cada día más el nivel de vida de la gente y amenazan el funcionamiento de las empresas, especialmente las medianas y pequeñas. Las propuestas contraproducentes que se manejan en el oficialismo van desde imponer más tributos al capital y reducir las exenciones a la inversión hasta quedarse con dinero ajeno eliminando las devoluciones por el Fonasa.
Por otro lado, es impensable arbitrar recursos a expensas del déficit fiscal. Ha trepado a un peligroso 4% del Producto Interno Bruto (PIB), que puede ser aun más alto según estimaciones de economistas privados. Las calificadoras de riesgo ya han anunciado que revisarán este año el grado inversor que Uruguay recuperó y que peligra con ese nivel de déficit. Una baja de nota supone automáticamente encarecimiento del crédito y desalienta inversiones. Queda además en la cuerda floja el compromiso de Astori de bajarlo a 2,5% del PIB al término de su período. Y además está vigente la promesa electoral de Vázquez y de Astori de poner nuevos impuestos y no aumentar los existentes.
Dirigentes opositores han propuesto diferentes medidas de ahorro, incluyendo cerrar las deficitarias empresas subsidiarias de ANCAP, en vez de las modestas medidas parciales en marcha, y paralizar obras no esenciales. Son ideas sensatas pero que enfrentan rígida oposición sindical y en el Frente Amplio por su impacto adverso en el empleo. El camino que debe tomar el gobierno es abstenerse de toda erogación adicional que carezca de financiación genuina y no esté justificada por garantía de resultados, que ciertamente no es el caso con la educación pública.
Si insiste en expandir el gasto por vías riesgosas corre el peligro de no tener en Diputados los votos para aprobar la Rendición. Hasta ahora carece de mayoría luego de perder el de Gonzalo Mujica. Y si bien el diputado colorado Fernando Amado ha indicado que podría darle el mágico voto 50, presumiblemente lo condicionará a que las propuestas presupuestales que arme el gobierno no se desvíen de la justicia tributaria y la prudencia fiscal. De no ser así, puede ocurrir que no haya Rendición de Cuentas, alternativa que, en última instancia, no sería mala noticia, ya que obligaría al gobierno a manejarse dentro del presupuesto vigente, ajustado por IPC, apretándose el cinturón en su propio gasto en vez del cómodo expediente de seguir exprimiendo a la población y a las empresas productivas.
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