Puigdemont y Cataluña se adentran en la semana más peligrosa

El martes, Puigdemont tendrá la primera oportunidad de hacerlo en su primera comparecencia en el Parlamento catalán tras los resultados del referéndum del 1º de octubre, en el que la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.

A la presión de la calle, hay que sumar la amenaza del presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, de intervenir la administración catalana, la fuga de las principales empresas catalanas la semana pasada, o el no haber recibido amparo o apoyo de la Unión Europea por la represión policial del referéndum, que dejó numerosos heridos.

La crisis política creada por la consulta del 1º de octubre, declarada inconstitucional, y por años de tensión entre Barcelona y Madrid, es la peor desde 1978 y la reinstauración democrática. En ella está en juego el destino del 16% de la población y el 19% del PIB que supone Cataluña en España.

Y en su última comparecencia pública, hace ya cinco días, Puigdemont dijo: "Tenemos más cerca que ayer nuestro deseo histórico". "En los próximos días volveremos a mostrar la mejor cara del país cuando las instituciones tengamos que aplicar el resultado del referéndum", añadió, en un mensaje institucional.

En una entrevista con la televisión pública catalana TV3 difundida el domingo por la noche, Puigdemont dio a entender que, si Madrid no acepta la mediación, su gobierno aplicará el mandato que considera haber recibido tras el referéndum del 1º de octubre. "Hemos abierto la puerta de la mediación, y hemos dicho sí a tantas opciones de mediación como nos han planteado (...) Pasan los días, y si el Estado español no contesta positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer", advirtió.

Sin embargo, los cientos de miles de manifestantes que llenaron las calles de Barcelona con banderas españolas el domingo cuestionaron la afirmación de Puigdemont de "un solo pueblo" catalán.

"No empuje al país hacia el precipicio", requirió Josep Borrell, exministro socialista y expresidente del Europarlamento, dirigiéndose a Puigdemont, en el discurso que cerró la manifestación.

"La convivencia está rota en este país. Tenemos que rehacer esta convivencia y defender el pluralismo político", añadió Borrell, antes de recordar: "Los no nacionalistas somos tan ciudadanos de Cataluña como ellos".

"Nosaltres també som catalans" (nosotros también somos catalanes), podía leerse en una de las pancartas de la manifestación, que discurrió bajo el lema "¡Basta, recuperemos la sensatez!" y que fue la mayor que se recuerda en Cataluña en defensa de la unidad de España.

"Estoy muy cansada de estar callada, cada vez que sacamos las banderas españolas nos dicen fascistas", explicó a AFP Susana Cerezal, de 41 años, que llegó desde la localidad catalana de Figueras, cerca de la frontera con Francia.

Pese al auge del secesionismo en los últimos años, los independentistas no lograron la mayoría absoluta de votos en las elecciones regionales de 2015, que plantearon un plebiscito a favor del proyecto soberanista, ni en ninguna de las dos consultas de independencia, en 2014 y 2017.

De momento, a nivel económico algunas consecuencias parecen estar aflorando. Empresas españolas como Caixabank, Sabadell y Gas Natural anunciaron su retiro del territorio, aunque de momento el Govern asegura que estos son solo "anuncios".

Rajoy avisó, en una entrevista publicada en el diario El País el domingo, que está dispuesto a recurrir al artículo 155 de la Constitución, que se traduciría en la intervención del gobierno catalán.

"No descarto absolutamente nada de lo que dice la ley (...) Lo ideal sería que no hubiese que tomar soluciones drásticas, pero para ello tendrían que producirse rectificaciones", añadió, aludiendo a su exigencia de que Puigdemont renuncie a proclamar la independencia.

El artículo reza: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan", el gobierno central "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".

Para ello, necesitaría la aprobación del Senado, la cámara alta y territorial, donde el Partido Popular de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta.

A Rajoy le siguen llegando también apelaciones al diálogo, como la que hizo el grupo de personalidades internacionales The Elders (Los Ancianos, sabios), presidido por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan e integrado, entre otros, por el expresidente brasileño Fernando Cardoso y el mexicano Ernesto Zedillo. "La crisis constitucional en curso en España requiere consultas, no confrontación", dijo Annan en la carta.