¿Qué debe aprender América Latina de EEUU sobre violencia de género?

Por día en 2016 murieron al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Por Abdel Padilla

El 11 de abril en Argentina, Micaela, una muchacha de 21 años fue violada y asesinada por un hombre que un año antes abusó al menos a otras dos chicas, pero fue liberado por un juez antes de cumplir su condena de 9 años. Días después, en Bolivia, otro hombre golpeó a su pareja hasta causarle un aborto. Éste también está libre porque el médico dio a la víctima menos días de impedimento que los requeridos por la ley para detener al agresor. El 15 de abril, una mujer de 32 años fue encontrada sin vida en el municipio de Chietla, México, asesinada por su esposo por pedirle dinero para comprar comida.

Estos casos, que causaron conmoción local, muestran patrones de conducta similares y develan vacíos institucionales y legales en la lucha contra la violencia de género. Conducta que se repite cotidianamente en gran parte de América Latina, donde la protesta social contra los feminicidios ha crecido pero la respuesta de los Estados es aún insuficiente.

El diagnóstico parece calcado: machismo generalizado, leyes a mano pero inaplicables en muchos aspectos, instituciones de atención y prevención débiles por falta de recursos estatales, conteos exhaustivos de feminicidios pero también elevados subregistros, mujeres revictimizadas y una cada vez más evidente desconfianza hacia la justicia y los jueces.

Por ello, vale la pena girar la cabeza y ver otras realidades, donde si bien el problema es igual de complejo, tienen maneras distintas de hacerle frente como es el caso de Estados Unidos. La primera gran diferencia con Latinoamérica es que allí las respuestas al problema de la violencia de género provienen de los ciudadanos. De hecho, las políticas públicas para este y otros temas no se originan en los escritorios de los gobernantes del partido político de turno, sino en la ciudadanía, a partir de iniciativas individuales y colectivas, que son garantizadas, entre otros, por derechos consolidados, como el de libre asociación.

Que la balanza se incline hacia el ámbito individual y ciudadano explica que muchas políticas sean confiadas a manos privadas, lo que da lugar a instituciones con administración propia pero con aporte y control federal y estatal. Y esta es la segunda gran diferencia: el aporte federal o nacional a estas entidades no solo asegura la continuidad del trabajo de estas organizaciones sino que posibilita que las acciones que realizan se conviertan en políticas públicas.

Un ejemplo de ello es la inclusión de enfermeros forenses, que son los primeros en llegar en casos de denuncias de violencia sexual. Su función es vital, no sólo porque recopilan y preservan las pruebas del delito, sino porque se convierten en "testigos expertos" de la víctima. Otro ejemplo es la capacitación de jueces especializados. Un caso paradigmático es del juez Timothy Black, famoso por gestar el reconocimiento del matrimonio gay en el estado de Ohio, y actualmente líder judicial en materia de asuntos de violencia intrafamiliar.

Complementa esta estructura un departamento de Policía que no sea sólo eficaz en la resolución de los casos, sino que se encargue de la seguridad integral de la víctima. Una experiencia que resalta es la del Centro de Justicia Comunitaria de San Diego, que cuando podría ser una comisaría, se asemeja en cambio a un hogar: con una antesala, servicios, cocina, guardería y hasta una tienda donde las víctimas eligen vestimenta para presentarse a los juzgados y a algunas eventuales oportunidades de trabajo. Cuenta con traductor, sicólogo y asesoría legal, entre otros. Este lugar, que bien podría ser en nuestros países un servicio ideal de atención a las víctimas de violencia, en Estados Unidos depende de la Policía y se financia con recursos públicos.

Además, es el policía quien entrega la orden judicial restrictiva al presunto agresor, a quien en algunos casos se le monitorea con una manilla electrónica que evita que se acerque a la víctima durante al menos 48 horas y en un radio no menor a dos kilómetros. Este detalle haría la diferencia en muchos países, donde algunos feminicidios se consuman horas o días después de la primera agresión, de la cual la Policía ya tenía conocimiento.

Finalmente, otra fortaleza del sistema estadounidense es el trabajo en redes que, bajo el mismo esquema de financiamiento, asegura que la víctima tenga a su disposición en todo momento desde la agresión, a más de una organización privada o institución pública que le ofrecerán desde protección y cobijo temporal, hasta capacitación para que inicie, a mediano plazo, nuevos emprendimientos personales. Todo ello bajo el amparo de la Ley contra la Violencia, que tiene jurisdicción concurrente entre el nivel Federal y los 50 Estados, y se actualiza con nuevos delitos cada dos años. La norma asegura, entre otras cosas, las subvenciones a estas organizaciones.

Según un estudio del Centro de Políticas sobre Violencia (VPC) basado en datos del FBI, en el 2014 1.613 mujeres fueron asesinadas por hombres en Estados Unidos. En un país de más de 323 millones de habitantes, esto representa una tasa aproximada de una mujer por cada 100.000, cuando 10 años antes morían dos mujeres por cada 100 mil.

En nuestra región sin embargo, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, en el 2014 un total de 2.089 mujeres de 25 países de la región fueron víctimas de feminicidio, siendo Honduras el país con el mayor número de muertes: más de 13 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Para el 2016, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cada día murieron en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres.

Es decir que mientras la situación, al menos en indicadores, mejora en Estados Unidos, en Améric Latina se encuentran más de la mitad de los 25 países con las mayores tasas de feminicidios del mundo, según el informe Small Arms Survey del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Por el momento, la participación ciudadana en la lucha contra la violencia de género en los países latinoamericanos se ha concentrado en la protesta social y en vigilar el desempeño del Estado como garante de la seguridad de las mujeres. Y ahí puede darse una sorpresa el próximo año cuando se conozca el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la denuncia de la ciudadana venezolana Linda Loaiza, una mujer que –15 años después de ser secuestrada, torturada y violada– logró que su caso llegue a esta instancia, y se logre enjuiciar al Estado por incumplir con el debido proceso.

Ese día, marcará un antes y un después en nuestra relación con los Estados latinoamericanos cuando hablemos de violencia de género.

Abdel Padilla es periodista boliviano. Editor de la revista Lo que se calló. Recibió varios galardones dentro y fuera de su país, entre ellos el Premio Rey de España.

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