¿Qué es esta historia de posibles atentados contra policías y militares?

Claro, pero toda esa información también puede tener un año de antigüedad. El país de la noria. El 27 de abril de 2016 los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y el extinto Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) fueron citados a la comisión de Defensa del Senado por una sucesión de robo de armas de unidades militares. "Las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran en estado de máxima alerta por la sucesión de ataques a unidades militares con el cometido de robar armamento", informó en febrero del año pasado el diario El País, y la frase es muy parecida a la que se leyó y oyó esta semana en varios medios.

El 6 de enero de aquel año se habían llevado dos fusiles de asalto Steyr del Batallón Florida de Infantería Nº 1 (un arma así se usó luego en un asalto al Banco República de La Paz). El 20 de enero un hombre ingresó en el Batallón Florida por la parte trasera y huyó cuando el guardia lo descubrió. El 23 de enero de 2016 el guardia de la Escuela Militar de Toledo descubrió a dos delincuentes que huyeron del lugar. El 27 de enero las cámaras de seguridad de la Base Aérea Nº1 detectaron a dos hombres que habían ingresado y que también huyeron. Ese día dos personas fueron descubiertas cuando pretendían entrar en la sede de los Fusileros Navales. El 2 de febrero un hombre ingresó al Grupo de Artillería Nº 2 de Trinidad e hirió a un soldado en su intento por robar un fusil para revenderlo, según dijo.

En aquella comparecencia ante el Senado Bonomi dijo que eran 11 casos. El legislador blanco Javier García dijo que eran 32. Bonomi no atribuyó estos intentos de robo a ninguna organización ni vinculó unos con otros. Fernández Huidobro también descartó ese día la teoría de un grupo criminal, pero unos días antes habían declarado a varios medios que no se descartaba la hipótesis de células terroristas.

Vamos de nuevo

El nuevo año trajo una remake cuando funcionarios de unidades de la Armada en el Cerro dijeron que en varias ocasiones detectaron personas haciendo vigilancia y observando con binoculares las sedes militares.

El coordinador de Inteligencia, el brigadier general de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, convocó a una reunión, entre otros, al titular de la Inteligencia policial, Willian García, y, además de esta información, le proporcionó el número de matrícula de tres vehículos sospechosos de haber rondado algunas unidades militares, dijo una fuente allegada a Bonomi.

Con fecha 10 de febrero y en una decisión calificada como poco feliz por fuentes de la cartera de Interior, el subjefe de Policía de Montevideo, Walter García, emitió una circular interna advirtiendo la posible acción de grupos delictivos en procura de obtener armas. El mismo día el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del Ejército Juan José Saavedra, envió al Supremo Tribunal Militar un documento aludiendo a "posibles atentados" en forma simultánea en procura de armamento en unidades policiales y militares a las que exhortaron a extremar las medidas de seguridad. El general añadió que el grado de credibilidad de los informes de inteligencia era "medio alto".

Sin embargo, fuentes de la Policía dijeron no obstante que no tienen información de que existan en el país grupos con capacidad para realizar un asalto a una unidad de los cuerpos armados del Estado. Una posición similar a la que Bonomi había manifestado en febrero del año pasado cuando los militares estaban inquietos por aquellos robos.

Los servicios

Las diferencias de apreciación entre los servicios de Inteligencia de la Policía y los militares son históricas y no cambió nada con la creación del cargo de coordinador de la Inteligencia del Estado.

El argumento de los militares es que ellos manejan más profesionalmente la información pero que quienes están en la calle y amparados por la ley para actuar son los oficiales de Inteligencia de la Policía. Se supone que los militares no pueden operar en tareas de orden interno, aunque lo hacen en el área de la recopilación de información por diversas vías. Además, en el caso de la Armada tiene a la Prefectura, con su División de Inteligencia y Narcotráfico (Divin) que posee potestades para actuar como Policía en la zona costera.

Los policías, en tanto, suelen ver en el accionar de los militares un intento por operar donde no les corresponde y una tendencia a agrandar los eventuales peligros y acechanzas porque, dicen, saben que es la única forma de pelear un poco de presupuesto cuando lo que le importa al gobierno es la seguridad interna y no la exterior.

El surgimiento del terrorismo como un peligro latente fue otro motivo de disputas entre policías y militares. Aunque la ley le otorgue a la Policía la lucha contra ese fenómeno y para ello preparó a un grupo especial de los Coraceros, ello no fue un obstáculo para que el Ejército creara el llamado Comando Escorpión, entrenado en lucha antiterrorista y liberación de rehenes. En esta pulseada los militares se anotaron un punto cuando durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti se concedió al Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT) del Ejército toda tarea vinculada con la sospecha de la existencia de una bomba, una tarea a la que en algún momento aspiró la Policía Técnica.

En suma, los servicios de Inteligencia policiales y militares nunca fueron muy afines y ahora está en danza una información recabada por unos y que es tarea de otros indagarla. Dicen las fuentes consultadas que, aunque no le atribuyen demasiada firmeza a la sospecha, la indagarán como si fuera inminente porque no hay nada peor que desestimar cualquier riesgo cuando se está en este terreno.