Qué hizo la Justicia con los políticos denunciados

A pesar de que los cinco mandatarios de la última democracia uruguaya estuvieron a salvo de procesamientos por hechos de gestión, fueron investigados vicepresidentes, ministros, intendentes, asesores, presidentes de bancos, empresas y organismos estatales. Algunos terminaron presos; otros absueltos luego de meses tras las rejas.

Los principales promotores de las denuncias contra los políticos han sido y siguen siendo políticos. Por eso, la mayoría de los acusados atribuyen intencionalidad política a los acusadores. Hay de todos los colores en ambos bandos: blancos, colorados y frentistas denunciados y denunciantes, absueltos y condenados.

Hay, también, fuego cruzado. El intendente de Salto, Andrés Lima, condenado el año pasado y luego absuelto, denunció a su antecesor, Germán Coutinho, quien a su vez denunció a su predecesor. En Flores y Cerro Largo, las disputas de los blancos se saldan en los juzgados, al punto que el intendente Sergio Botana propone sancionar a sus correligionarios que presenten denuncias infundadas, con fines electorales, contra integrantes de su partido.

El daño que genera una denuncia, un procesamiento o una condena puede resultar irreparable, tanto en lo personal como en lo político. Fernando Calloia, el expresidente del Banco República que el año próximo conocerá su sentencia, contó que por el estrés generado durante el juicio perdió los pelos de un brazo. El exintendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral, procesado y luego absuelto, se alejó de la política. La judicialización de la puja política es una elección que azota en todo el país.

Intendentes y exjerarcas de Artigas, Salto, Paysandú, Colonia, Montevideo, Maldonado, Rocha, Flores, Florida, Lavalleja, Cerro Largo, Durazno, Treinta y Tres, fueron denunciados. Su reputación y honor están en el banquillo, ya sean culplabes o inocentes.

El procesamiento de un jerarca o un candidato, cualquiera sea su partido, es una bomba que, en la mayoría de los casos, hace añicos su carrera política, aunque luego sea absuelto y quede clara su inocencia. En términos electorales no hay mejor ataque que una buena denuncia penal. La duda prende en los electores, golpea en la credibilidad del dirigente, que debe salir públicamente a limpiar el enchastre. Y la parca llega a veces antes que la sentencia definitiva.

Denunciados

Raúl Sendic, vicepresidente


Sendic enfrenta dos causas que lo tienen en el banquillo de los acusados. Por un lado, se presentó en actos y documentos oficiales como licenciado cuando carece de título que lo avale, como informó El Observador en febrero. Por esta causa declaró como indagado en el juzgado el 27 de setiembre. El fiscal Carlos Reyes tiene a estudio el expediente y se pronunciará en los próximos días. El artículo 167 del Código Penal prevé una multa de 20 UR a 900 UR de multa para el que "el que se abrogare títulos académicos o ejerciere profesiones para cuyo desempeño se requiere una habilitación especial". Por otra parte, los cuatro partidos de la oposición con representación parlamentaria denunciaron el 19 de abril una serie de hechos con apariencia delictiva en la gestión de ANCAP, donde Sendic fue presidente desde 2010 hasta octubre de 2013. Si bien los denunciantes no denunciaron a personas sino hechos, el vicepresidente presentó en el juzgado un escrito de 120 páginas en defensa de su gestión. "Sobre cada hecho denunciado hay una explicación. Incluso él hace un mea culpa y dice que obviamente es pasible de críticas de gestión pero una cosa puede ser una gestión desacertada o equivocada y otra cosa un ilícito", dijo a El Observador el abogado Ignacio Durán, que comparte la defensa de Sendic junto a Gúmer Pérez.


Ramón Fonticiella y Carlos Gabrielli, exintendentes de Salto



En enero de 2010, Fonticiella (Frente Amplio) renunció a la Intendencia de Salto para hacer campaña y pelear por su reelección. Meses después, la intendencia compró dos terrenos por US$ 150 mil a un primo de su suplente, Gabrielli, lo que fue denunciado ante la Justicia por el Partido Colorado. Fonticiella asumió la responsabilidad de la operación y se presentó voluntariamente con abogado en la Justicia. Ambos exjerarcas son indagados.


Armando Castaingdebat, diputado y exintendente


Las disputas del Partido Nacional en Flores se dirimen en el juzgado. Castaingdebat, intendente entre 2005 y 2015, fue denunciado junto a otros exjerarcas de la comuna el año pasado por fraude y declaró en la Justicia. Las denuncias apuntan a supuestos ilícitos en adjudicación de licitaciones y en exoneraciones y bonificaciones. "Esta es la séptima denuncia que me hace Carlos Mazzulo", dijo Castaingdebat a Montevideo Portal. Mazzulo, que fue condenado por fraude, es su antecesor en la intendencia de Flores, y pertenece también al Partido Nacional. "El tema es que nos las firma él, las hace firmar por otro (...) Lo que sucede en Flores es imposible entenderlo sin el contexto político de Flores", agregó el actual diputado y suplente de Luis Lacalle Pou en el Senado. Castaingdebat aclaró que está dispuesto a renunciar a sus fueros para ser juzgado y aclarar la situación.


Gestión de Enciso, intendente de Florida


Carlos Rodríguez, diputado del MPP, denunció en 2014 ante la Justicia una serie de irregularidades en el empadronamientos de autos cero kilómetro. Si bien no señaló directamente a Enciso (Partido Nacional), Rodríguez destacó en la denuncia que le pidió información sobre los empadronamientos pero que los datos fueron negados por el jerarca. Por su parte, la intendencia hizo un sumario y determinó que "hubo negligencia e imprudencia, pero no dolo", informó a El Observador el director de Asuntos Legales y de Transparencia de la Intendencia, Jorge Reyes. El sumario concluyó con sanciones para cuatro municipales, entre ellos el director de Tránsito, que fue cesado de su cargo. A nivel judicial, han declarado como testigos varios funcionarios.


Óscar de los Santos, diputado


El intendente de Maldonado, Enrique Antía, del Partido Nacional, presentó cuatro denuncias penales contra su predecesor, Óscar de los Santos, del Frente Amplio, luego de que una auditoría de la empresa Phoenix Consultores advirtiera contrataciones millonarias por afinidad política y falta de controles, desviación de fondos en la construcción de obras públicas, terrenos cedidos a sindicatos y pagos no autorizados a funcionarios, informó Búsqueda el 19 de mayo.


Adriana Peña, intendenta de Lavalleja


El edil Mauro Álvarez del Frente Amplio denunció penalmente este mes a la intendenta por una serie de presuntas irregularidades en su gestión. El edil basó su denuncia en observaciones que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Un informe del TCR mostró "ilegalidades, inconstitucionalidades, incumplimientos a las normas establecidas en el Tocaf y algunas otras que tienen apariencia delictiva", informó La República, que tuvo acceso a la denuncia.


Germán Coutinho, senador y exintendente


El intendente de Salto, Andrés Lima, presentó en setiembre una denuncia penal contra su antecesor, Coutinho, por presunto manejo irregular de fondos. "La Intendencia de Salto transfería al Congreso de Intendentes dinero, partidas de $ 50.000 por mes en algunos casos, o de $ 75.000 para el pago de asesores", aseguró en rueda de prensa el representante legal del intendente Lima, el ex juez Federico Álvarez Petraglia. Coutinho, que fue intendente de Salto por el Partido Colorado entre el 2010 y el 2015, cuando se desempeñó además como vicepresidente del Consejo de Intendentes. El denunciante agregó que "se constata también que las personas contratadas son personas vinculadas políticamente al ex intendente y familiarmente a la ex secretaria general, hoy diputada Cecilia Eguiluz, más concretamente la hermana". Coutinho ocupa hoy una banca en el Senado.


Rodrigo Blás, presidente de la Junta de Maldonado

La Dirección General Impositiva (DGI) multó, entabló un embargo genérico y presentó en 2014 una denuncia penal por defraudación fiscal contra Blás, que fue candidato blanco a la Intendencia de Maldonado y hoy es el presidente de la Junta Departamental. Blás es el dueño de una inmobiliaria en Maldonado y el representante de una sociedad anónima que administra un fraccionamiento. La DGI acusó a Blás y a otras personas de de realizar maniobras para escriturar compraventas por debajo del precio de los terrenos. Los abogados defensores de los denunciados presentaron varios recursos que están siendo estudiados por Tribunales de Apelaciones y que mantienen congelada la investigación judicial.


Sergio Botana, intendente de Cerro Largo


Botana enfrenta tres denuncias en el juzgado. El abogado penalista Gustavo Salle Lorier, principal promotor de acusaciones judiciales contra políticos de diferentes partidos, presentó una denuncia contra Botana por presuntas irregularidades en la compra de maquinaria para la intendencia en Estados Unidos. Por esta causa, el intendente declaró como indagado en el juzgado. Las otras dos denuncias en su contra fueron promovidas por su suplente en el pasado gobierno, el también blanco Pedro Saravia, que a diferencia de Botana responde a Luis Lacalle Pou. El actual intendente fue denunciado por falta de norma habilitante para el pago de premios a funcionarios. Además, por supuestos desvíos de fondos que estaban destinados a la construcción de viviendas.

Causas archivadas

Ana Olivera, exintendenta de Montevideo


José Bustabad falleció a los 58 años en la mañana del 25 de abril de 2014, horas después de caer en una fosa mecánica de la Usina 3, donde trabajaba en la reparación de las luces superiores de un camión recolector de basura. Adeom, el sindicato de los municipales, denunció a la intendenta de Montevideo en el marco de la ley de responsabilidad penal empresarial. El juez Carlos García archivó la causa por considerar que se "descarta toda responsabilidad en la muerte del funcionario". El informe forense, que determinó que Bustabad sufrió un ataque al corazón, fue determinante para el juez.


Carmelo Vidalín, intendente de Durazno


Presidencia de la República denunció en 2009 al intendente de Durazno por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para atender a los evacuados durante las inundaciones del año 2007. La fiscal Patricia Lanzani pidió el procesamiento sin prisión de Vidalín en 2011 por "reiterados delitos de abuso de funciones". Sin embargo, la jueza María Andrea Caamaño archivó la causa por entender que "no había argumento suficiente para continuar con los procedimientos". Vidalín fue electo intendente de Durazno tres veces, en 2000, 2005 y 2015. En 2010, fue electo diputado.


Víctor Lissidini, exdirector de Aduanas

En febrero de 2003 asumió como director de Aduanas y seis meses después fue procesado con prisión por usurpación de funciones como coautor por dirigir un organismo en el que trabajaban funcionarios con contratos que ya no estaban vigentes. Estuvo en la cárcel 57 días, fue condenado en 2006 y llevó su causa hasta la Suprema Corte de Justicia, que lo absolvió en junio de 2009.


Artigas Barrios, exintendente de Rocha


Barrios recibió varias denuncias durante su mandato, que se extendió desde 2005 hasta 2015. Todas las causas fueron archivadas, entre ellas, la presentada por dueños de algunas viviendas demolidas en Punta del Diablo que se encontraban en terreno estatal.


Andrés Lima, intendente de salto


Lima anunció en conferencia de prensa en marzo que había detectado que tres ediles del Frente Amplio, partido al que pertenece, adulteraron boletas de gastos por viáticos. Una edila lo denunció por difamación y Lima fue condenado a ocho meses de prisión, aunque el juez suspendió la pena. Un Tribunal de Apelaciones revocó su condena por considerar que el jerarca había actuado en aras de la transparencia, lo que quita el concepto de "real malicia" en el que se basaba la condena en primera instancia.


Javier Cha, director de Casinos


El 17 de marzo de 2011, el director de Casinos levantó la mano en un remate y ofertó US$ 94 mil por 10 máquinas tragamonedas que permanecían en el país de forma irregular. Meses después, el caso llegó al juzgado especializado en Crimen Organizado, que investigó si existió delito en esa compra. Tras años de investigaciones, el juez Néstor Valetti archivó la causa a pedido del fiscal Juan Gómez por considerar que no hubo ilícitos.


Gerardo Amaral, exintendente de Treinta y Tres

El médico socialista, intendente entre 2005 y 2010, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y público. La comuna contrató a una empresa en la que trabajaba el esposo de la directora de Acondicionamiento Urbano. Un Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento de Amaral, quien hoy permanece distante de la puja política. Su distancia "tiene que ver con el dolor que significó esto", dijo Amaral a El Observador.


José Ahunchain, exdirector de Hacienda de Colonia

El intendente de Colonia, Walter Zimmer, y Ahunchain fueron procesados con prisión en marzo de 2014 por abuso de funciones, por extender el plazo establecido para empadronar vehículos. Ahunchain, que estuvo preso además por falsificación ideológica por funcionario público, fue absuelto por el juez Fernando Islas en abril de 2016, cuando anunció que preparará una demanda contra el Estado por daños y perjuicios.


Leonardo Nicolini, exsenador del MPP


El senador del Frente Amplio tramitó un carné de asistencia gratuita en centros de salud y por ello la fiscal Elsa Machado pidió su procesamiento por estafa en 2007. El Movimiento de Participación Popular (MPP) le pidió la banca al legislador, que renunció a su cargo en el Parlamento. Finalmente, la jueza Gabriela Merialdo no halló mérito para procesarlo y la causa se archivó. Desde entonces, Nicolini se alejó de la política.


Rodolfo Nin Novoa, canciller


El fiscal Luis Bajac pidió en 2010 el procesamiento del actual canciller por el delito de falsificación ideológica por un particular. El fiscal aseguró que, cuando era vicepresidente de la República, Nin Novoa omitió incluir en su declaración jurada del año 2007 su participación en una sociedad ganadera que comparte con dos de sus hermanos. El Senado, con votos del Frente Amplio y el Partido Colorado, desestimó quitarle los fueros en 2011. Al perder sus fueros, en 2015, el expediente volvió a Fiscalía. El fiscal Gustavo Zubía consideró que el delito había prescripto y la causa se archivó.

Procesados y condenados

Carlos Mazzulo, exintendente de Flores

Fue intendente blanco desde 1995 hasta 2005, año en el que fue electo diputado. Cuando estaba en el Parlamento, su sucesor en la intendencia, el intendente blanco Armando Castaingdebat, lo denunció en 2007 luego de que una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República constatara irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante su gobierno. El Parlamento le quitó los fueros a Mazzulo, que fue procesado sin prisión por fraude en 2012. En octubre de este año, un Tribunal de Apelaciones confirmó su condena y aseguró que sus maniobras "causaron un perjuicio aproximado de $ 857.600". El tribunal concluyó que el exintendente utilizó fondos de la intendencia para pagar el mantenimiento de un auto suyo y otro de su hijo, entre otros desvíos.


Enrique Braga, exministro de Economía

En 1990 asume como ministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle, cargo al que renuncia dos años después. En 1993 es nombrado presidente del Banco Central y bajo su mandato se vendió el intervenido Banco Pan de Azúcar (BPA). En 1996 fue procesado con prisión y condenado por abuso de funciones por irregularidades en la venta del banco. En 2003, tres años después de su muerte, el Herrerismo publicó el libro "Braga inocente", en el que destaca un fallo internacional sobre la venta del BPA en el que se demostraría su inocencia.


Cambón y Grenno, exjerarcas blancos

Daniel Cambón, asesor de Lacalle, y Julio Grenno, presidente del Banco de Seguros del Estado, fueron procesados por abuso de funciones, pero luego en segunda instancia se les imputó conjunción del interés público y el privado.


Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, exministro de Economía y expresidente del BROU


En la mañana del 21 de diciembre de 2013 el entonces ministro de Economía, Lorenzo, presentó su renuncia en Torre Ejecutiva. Unos minutos más tarde se presentó en el juzgado, donde el fiscal Juan Gómez pidió su procesamiento sin prisión por abuso de funciones. El fiscal también pidió el procesamiento del presidente del Banco República, Calloia, por el mismo delito. Ambos fueron procesados por irregularidades en el otorgamiento del aval bancario a la empresa Cosmo para que se presente en el remate de siete aviones de la aerolínea Pluna. La fiscal María de los Ángeles Camiño pidió condena para ambos. La jueza María Helena Mainard resolverá en los próximos meses.


Alfredo Silva, exdirector de ASSE


El director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores fue procesado sin prisión en julio de 2014 por el delito de conjunción del interés público con el privado. El juez dispuso además que Silva debía presentarse una vez por semana en seccional policial durante 90 días. El juez Néstor Valetti determinó que Silva y un representante sindical "participaron en la conformación de la Asociación Civil Buena Estrella a la que acompañaron, asesoraron y respaldaron en diversas gestiones, logrando vincularla contractualmente en diversas instituciones hospitalarias del país (...) indicándoles qué precio cotizar, realizando ofertas que resultaban inmejorables y así ser contratada, en ocasiones incluso mediante contratación directa, en desmedro de otros competidores y del interés del propio Estado". El fiscal Gilberto Rodríguez pidió que Silva sea condenado.


Juan Carlos Bengoa, exdirector de Casinos


El exdirector Nacional de Casinos fue procesado con prisión en diciembre de 2007. Estuvo recluido dos años y tres meses, hasta que recuperó su libertad. La Suprema Corte de Justicia confirmó su condena en 2015 por fraude, concusión, coimas y conjunción del interés personal y público. Además, le impuso una multa de 6.000 Unidades Reajustables: casi $ 5 millones en la cotización del momento.


Salomón Noachas, expresidente del Banco Hipotecario del Uruguay

Junto a otros cinco jerarcas del BHU que ejercieron durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti fueron procesados sin prisión y luego condenados por irregularidades en el manejo de fondos públicos durante viajes al exterior.


Juan Justo Amaro, exvicepresidente de OSE

El exsenador colorado fue procesado con prisión domiciliaria en 2010 por coautoría de fraude y por abuso de funciones debido a irregularidades cometidas entre 1996 y 2005 en OSE, donde se desempeñó como vicepresidente.


Granucci y Rodríguez Landoni, exdirectores de OSE

Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni fueron directores colorados de OSE durante el gobierno de Jorge Batlle y fueron procesados con prisión en 2007 por fraude y abuso de funciones. El juez Carlos García, que los condenó en 2014 junto a otros 12 exjerarcas y exfuncionarios de OSE, detectó gastos excesivos en viáticos, asignación irregular de publicidad oficial e irregularidades en obras.


Horacio De Los Santos, exsecretario general de Paysandú


Una fiesta "La Casita del Parque", un local municipal, en el que hubo alcohol y cocaína, terminó con el secretario general de la Intendencia de Paysandú preso por abuso de funciones y "contribución a la explotación sexual de personas menores de edad" en 2013. De Los Santos recuperó la libertad en octubre de 2015.


Carlos Signorelli, exintendente de Artigas

El colorado Luis Eduardo Juan fue el primer intendente de Artigas al restaurarse la democracia, en 1985, y fue reelecto en 1995 pero dos años después renunció por enfermedad. Asumió el cargo entonces su suplente, Signorelli, que fue electo jefe comunal en las siguientes elecciones y diputado en 2004. Cuatro años después, en un acto inédito desde el restablecimiento democrático, el Parlamento le quitó los fueros al diputado. En abril de 2009, la Justicia procesó con prisión a Signorelli y a su secretario general por fraude durante su mandato en la Intendencia de Artigas. En la condena, el juez estima el fraude en $ 28 millones. De todas maneras, el Partido Colorado, que en principio lo había sancionado, habilitó a Signorelli a presentarse como candidato en las últimas elecciones.


Walter Zimmer, exintendente de Colonia


El entonces intendente blanco de Colonia fue procesado con prisión en marzo de 2014 por abuso de funciones, por autorizar trámites de empadronamientos fuera del plazo previsto en medio de la guerra de patentes. Zimmer, que estuvo preso 70 días preso, recibió en la cárcel la visita del entonces presidente de la República, José Mujica. El exintendente fue condenado en abril de este año y apeló el fallo.