¿Qué pasa si se confirma la condena del intendente Andrés Lima?

El hecho de que la Justicia condenara al intendente de Salto Andrés Lima a ocho meses de prisión por un delito de difamación contra la edila frenteamplista Dayana Añasco acerca las posibilidades de que el jefe comunal tenga que abandonar su cargo. Si bien en la administración confían en que el Tribunal de Apelaciones revocará la sentencia, ya empiezan a hacer cálculos sobre quién tendría que asumir si finalmente Lima se va.

El juez penal Hugo Rundie le concedió "el beneficio de la suspensión condicional de la pena", lo que implica que el intendente no irá preso. Sin embargo, Lima apeló la decisión del magistrado y por tanto la sentencia quedará firme recién luego de que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre el caso.

La defensa de Lima había pedido que no se le suspendiera la ciudadanía, de modo que pudiera seguir ocupando su cargo. Sin embargo, el juez respondió que "al ser pena de prisión es aplicable el artículo 82 del Código Penal", cuyo texto señala que las condenas con prisión implican la suspensión de cargos u oficios públicos, además de profesiones académicas y derechos políticos.

El Tribunal de Apelaciones tiene 48 horas para admitir o no el recurso una vez que le llega a través de El Correo. Si lo admite, la primera audiencia se celebra dentro de los siguientes siete días hábiles. Puede pasar que el TA dicte la sentencia en esa misma audiencia o puede fijar una nueva en los siguientes siete días hábiles. De todos modos tiene plazo hasta otros 15 días hábiles para dictar su veredicto.

De este modo, si el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia, cabe la posibilidad de que Lima quede con sus derechos políticos y su cargo suspendidos durante los ocho meses que dure la condena.

Y es entonces cuando a la administración se le presenta el problema de quién suplantará al intendente en su cargo. El primer nombre que surge es el de Alejandro Novoa, que estaba en el segundo lugar de la lista que le dio la victoria a Lima como jefe comunal de Salto.

Novoa se desempeñaba hasta hace algunos meses como director de Proyectos Especiales de la intendencia, aunque a menos de un año de ejercer el cargo renunció para irse a Buenos Aires a continuar con sus estudios.

Sin embargo, fuentes del gobierno salteño señalaron a El Observador que al renunciar Novoa "no se acopló al proyecto", por lo que por tanto no sería la mejor opción para asumir el cargo mientras el actual intendente cumple la condena.

En cambio, la administración prefiere que asuma Pablo Estévez, un jubilado bancario que se encontraba tercero en la lista en las elecciones departamentales.

La siguiente opción es la jubilada de la Dirección General de Impositiva, Sonia Rodríguez, perteneciente a la lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic.

Dayana Añasco denunció a Andrés Lima porque el intendente la acusó en una conferencia de prensa de ser una de las responsables de haber adulterado boletas de gastos. En esa oportunidad, el intendente dijo que comenzaría una investigación administrativa para esclarecer los hechos, aunque al momento de la acusación aún no la había iniciado. Semanas más tarde, la administración encontró a los tres ediles involucrados como los responsables de las adulteraciones y elevó una denuncia penal por el caso.

De este modo, el juez Hugo Rundie, quien condenó a Lima, es el mismo que deberá fallar sobre la responsabilidad o no de los ediles acusados por la administración salteña de adulterar boletas.