Vázquez se reunió por última vez en Torre Ejecutiva con partidos políticos sobre seguridad. C. Lebratto

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¿Qué quedó de las reuniones entre el gobierno y la oposición?

Algunos proyectos tienen media sanción en el Parlamento pero otros se descartaron antes de llegar a esa instancia
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11 de agosto de 2016 a las 15:00
Las reuniones a las que el presidente Tabaré Vázquez convocó a la oposición para acordar políticas en materia de seguridad llegaron a su fin este miércoles, luego de tres meses de negociaciones.

Desde la oposición ya empezaban a escucharse voces que señalaban que la instancia no estaba teniendo resultados y que debía suspenderse -el senador Luis Lacalle Pou pidió al Partido Nacional que analizara esa posibilidad- y, si bien el gobierno prefiere destacar los proyectos acordados como logros, parece haber acusado de las críticas y dio el anuncio de que el encuentro del miércoles sería el último.

En estos casi cuatro meses hubo 14 reuniones a nivel político, en las que participó Vázquez con integrantes de todos los partidos políticos, y otras ocho reuniones técnicas en las que participaron asesores legales de los partidos. Todos los proyectos estaban vinculados con la seguridad pública, aunque desde diferentes perspectivas.

En concreto se discutieron nueve grandes temas: la aplicación de Código del Proceso Penal, la limitación de libertades anticipadas, delitos contra el narcotráfico, aumento de penas por homicidio a jueces, fiscales y políticas, los delitos cuando se trata de menores de edad, la reglamentación de la ley de armas, el estatuto de la Fiscalía, el Código del Proceso Infraccional Adolescente y la descentralización de Cárceles.

De esos temas, la oposición presentó algunas variantes que fueron descartadas y solo se aprobaron aspectos en los que hubo consenso. Los proyectos vinculados con la minoridad infantil fueron rechazados de plano.

Sin embargo, entre los proyectos en los que hubo acuerdo, solo dos tienen media sanción en la Cámara del Senado, dos están a estudio en la comisión de la Cámara Alta y otros cuatro todavía no fueron enviados al Parlamento para su estudio, por lentitud o porque directamente no están redactados.

Una de las críticas que se hace desde la oposición es que en los casos en los que hubo acuerdo algunos no deberían contarse, como por ejemplo la prórroga de la aplicación del Código del Proceso Penal, dado que en realidad es un tema que ya estaba laudado y que no es estrictamente vinculado con la seguridad. También hay discrepancias sobre el hecho de que se considere un logro la reglamentación de la tenencia de armas, dado que es un proceso que ya está previsto por el Derecho y que por tanto debería cumplirse sin necesidad de diálogo.

Media sanción

Entraron en el Parlamento como tres proyectos independientes pero luego se fusionaron y en los hechos quedaron como dos textos. Ambos tienen la aprobación del Senado. Se encuentran ahora a estudio de Diputados y se prevé que se voten en el plenario la próxima semana.

  • Uno es la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal para julio de 2017, en donde se incluyó la abreviación de algunos procesos.

  • El otro es la eliminación de libertades anticipadas para los presos que son reincidentes.

A estudio de comisión

La comisión Constitución y Códigos del Senado tiene a estudio otros dos proyectos acordados por el gobierno y la oposición.

  • Uno implica ampliar las condenas para los delitos cometidos por narcotraficantes para que dejen de ser excarcelables. El objetivo es que la pena mínima aumente de 20 meses a 2 años de penitenciaría, lo que hace que la prisión deje de ser evitable. El texto también prevé que se forme una comisión interministerial para el tráfico transfronterizo y medidas de acompañamiento a la familia del narcotraficante procesado.

  • En la comisión también está la ley orgánica de la Fiscalía. Si bien la redacción del proyecto estuvo a cargo del Poder Ejecutivo y no de la comisión de Seguridad, en ese ámbito recibió el apoyo de todos los partidos que la integraban. Aún no tiene fecha de ingreso en el plenario.

Por entrar en el Parlamento

Hay cuatro temas en los que hubo consenso pero aún no llegaron al Palacio Legislativo.

  • El primero fue el aumento de penas para el homicidio intencional y la consideración de delitos muy especialmente agravados a los homicidios de jueces, fiscales y policías. El acuerdo en la reunión con Vázquez se alcanzó hace más de un mes pero aún no entró en el Parlamento, lo que provocó el reclamo de la oposición.

  • En la última reunión realizada el miércoles hubo consenso enviar al Parlamento un proyecto de ley sobre el Código del Proceso Infraccional Adolescente elaborado por el Poder Ejecutivo, aunque los acuerdos fueron parciales. Las mayores discrepancias se encuentran en los aspectos vinculados con las penas a los jóvenes, que fueron presentadas en otro proyecto del Partido Colorado. El objetivo es encontrar un texto intermedio en el ámbito del Poder Legislativo.

  • También se acordó que las cárceles deben funcionar en un ámbito descentralizado y no dentro del Ministerio del Interior. Hay discrepancias sobre con qué ministerio deberían coordinar, si con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, ese proyecto no quedó redactado.

  • La reglamentación de la ley de tenencia responsable de armas fue el último punto de acuerdo.

Descartados

  • Uno de los descartados fue la eliminación de las salidas transitorias a quienes delinquen de manera reincidente.

  • Otro fue catalogar como inexcarcelables los delitos de tráfico de drogas a nivel interno y no solo aquellos en los que hay organizaciones detrás. La idea era volver inexcarcelables a los delitos de narcomenudeo.

  • Los aspectos vinculados con los menores infractores quedaron por fuera del ámbito de discusión.

  • También quedó descartado considerar agravantes el homicidio de trabajadores en general, y no solo los homicidios de jueces, fiscales y policías, como fue acordado.

  • El Partido Nacional presentó 29 proyectos y el Partido Colorado otros 28, pero la mayoría no llegaron a tratarse. Dentro de ellos estaban algunos vinculados con la violencia en el deporte, con la legítima defensa, o desalentar los delitos en moto a través de penas.

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