La semana pasada, luego de se haya dado a conocer la investigación conocida como los Panamá Papers, la fiscalía
argentina pidió que se imputara al presidente de ese país, Mauricio Macri, para investigar sobre su participación en una firma offshore. Este sábado, la Justicia también imputó a la expresidenta
Cristina Fernández, aunque en este caso el objetivo es investigar sobre su presunta vinculación en un delito de lavado de dinero.
¿Qué implica ser imputado por la Justicia de Argentina?
La figura de la imputación significa que la persona empezará a ser formalmente investigada por la Justicia. Eso no implica que esté acusada, aunque a medida que la investigación avanza sí puede derivar en una acusación. Con la investigación la Justicia podrá determinar si la expresidenta tiene algún tipo de responsabilidad penal en la causa.
"Imputarle a una persona un hecho delictivo no quiere decir que esa persona haya cometido el hecho. Es simplemente aceptar que se está preparando un pedido en el día de mañana y si existen suficientes pruebas que lo justifiquen, del procesamiento de esa persona", explicó el año pasado el abogado constitucionalista Gregorio Badeni
al portal de BBC.
La imputación tampoco implica que necesariamente Macri y Fernández tengan que ir a declarar ante un juzgado a partir de ahora. En la medida que avance la investigación, la Justicia deberá determinar si considera necesario citarlos más adelante.
De hecho, la expresidenta Cristina Fernández puede ser citada a declarar por otras tres causas que la Justicia argentina se encuentra investifando. Según informó el
diario La Nación, la expresidenta fue citada a una indagatoria por la venta de dólar futuro, dado que la medida implicó que el
Banco Central de ese país haya tenido que afrontar pérdidas millonarias. Otra de las causas por las cuales está siendo investigada es por un presunto lavado de dinero en la operativa de los hoteles de la familia Kirchner. La cuarta causa por la que es investigada su participación es por Los Sauces S.A, una de las empresas de los Kirchner, en la cual hay contradicciones entre lo declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Registro de la Propiedad Inmueble.