Gabriel Pereyra

Gabriel Pereyra

Columnista

Nacional > ESPIONAJE EN DEMOCRACIA

¿Qué tipo de información recaba la inteligencia militar?

Oficiales retirados aseguraron que el archivo Castiglioni demuestra que los servicios de inteligencia militar nunca dejaron de recabar datos
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25 de junio de 2017 a las 05:00
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Mi último contacto con el coronel del Ejército Elmar Castiglioni, que murió en 2015, fue cuando ya estaba retirado y era presidente del Foro Libertad y Concordia, grupo que reivindicaba y defendía a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). El primer contacto había sido más de una década antes, cuando el coronel ocupaba una oficina en la por entonces llamada Dirección General de Información de Defensa (DGID), antes Servicio de Inteligencia del Estado (SID) y hoy Secretaría de Inteligencia del Estado.

Castiglioni tenía un fluido trato con periodistas. Personalmente nunca me tiró "fruta podrida". Yo podía saber –ambos sabíamos– cuándo estaba interesado en filtrar una información que, aunque cierta, servía por alguna razón a sus intereses; pero también sabía –ambos sabíamos– que si era potable de ser publicada entraba en el delicado terreno del toma y daca entre periodistas y fuentes. Luego yo lo llamaba para, por ejemplo, confirmar si era verdad que determinada persona pública había salido del país, y él movía sus fuentes en Migraciones y me pasaba el documento que confirmaba el dato.

Como corresponde a un oficial que trabajó toda su vida en esa área, nunca dejó de hacer inteligencia, ni aun retirado.
65 cajas con documentación fueron encontrados en la casa del coronel del Ejército Elmar Castiglioni, cuando falleció. Esa información motivó la investigadora parlamentaria.
Tras su muerte se encontraron en su casa infinidad de archivos de inteligencia, lo que desató la creación de una comisión parlamentaria que hoy indaga si los servicios de información del Estado siguieron realizando tareas de seguimiento y espionaje una vez recuperada la democracia.

Hay una parte de este intento de investigación que no llego a comprender porque el sistema político sabía que, como debe ser, los servicios de inteligencia nunca dejan de trabajar. En todo caso, la indagatoria podría apuntar a qué tipo de información recababa y, si se llegara a acceder a toda la información, cosa que no ocurrirá, más de uno se podría llevar una mala sorpresa, de esas que abundan en el submundo de la llamada comunidad de inteligencia.

Pero, para intentar comprender la saga de Castiglioni, es necesario hacer un poco de historia.

El Ejército se lleva casi todo

La inteligencia que se hacía desde el Estado en la década de 1980 estaba fuertemente influenciada por la incidencia que desde la época de la dictadura tenía el Ejército.

La llamada "comunidad de inteligencia" está conformada por los servicios que en el ámbito del Ministerio de Defensa tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; por el servicio de inteligencia policial dependiente del Ministerio del Interior, y por los diplomáticos y agregados militares que funcionan en la órbita de la cancillería. Son, para cualquier país desarrollado, una inagotable fuente de datos para la acción de la defensa exterior, que no se agota en cuestiones policiales o militares sino que se extiende, por ejemplo, a cuestiones comerciales que interesen al país.

Se suponía ya en la década de 1980 que toda la información que se recogiera por esas vías debía estar coordinada por el SID o, a partir de 1986, por la DGID. Desde la recuperación democrática, los celos y enfrentamientos entre Policía y Fuerzas Armadas hacían imposible la coordinación e intercambio de información y la relación estaba signada por la desconfianza.

Aunque estaban representadas las tres fuerzas militares, la DGID era manejada por el Ejército; pero en 1986 la ley de Caducidad, en un perdido artículo, estableció que la jefatura de este organismo iba a rotar cada dos años entre un representante de cada una de las fuerzas armadas.

Eso, considerado un error por expertos en inteligencia porque impedía la definición de estrategias a largo plazo, puso en alerta al Ejército. Fuentes militares contaron que antes de que llegara a la sede de Monte Caseros y Luis Alberto de Herrera un marino o un aviador, el Ejército se había encargado de trasladar material y archivos de la DGID a la sede de la llamada Escuela de Inteligencia, ubicada por entonces en la calle Dante. Allí funcionaba también la temida Compañía de Contrainformación.


Conocida como la Compañía, esta división era la encargada de realizar tareas en el terreno. Contra lo que podrían pensar los ajenos a estos temas, más del 90% de la información que manejan los servicios de inteligencia proviene de fuentes abiertas (prensa e informes de organismos nacionales o internacionales) y la mayor parte de los funcionarios que la recaban son mujeres, a quienes se les reconoce una mayor capacidad de sistematizar los datos y analizarlos. Menos del 5% de la información se obtiene por la vía de interceptaciones y seguimientos. Esa era una tarea propia de la Compañía.

Pero en los aún agitados años de la posdictadura, la Policía, en reserva obviamente, decía que la mayor parte de los atentados con bomba que se registraron en aquella época –como el perpetrado contra el estudio de Julio Sanguinetti o el que convirtió en una masa de hierro el Volkswagen del entonces diputado Hugo Cores– tenían como principal fuente de sospecha a la Compañía.

Aún hoy oficiales retirados que trabajaron en el área aseguran que la ahora llamada Secretaría de Inteligencia tiene mucho más poder en lo que hace a funcionarios y tecnología que la que posee el Ejército. Al menos dos coroneles retirados dijeron que no es leyenda la historia que asegura que la DGID llegó a tener una flota de taxis modelo Passat que trabajaban a su servicio.

Síndrome de Diógenes

Varias fuentes explicaron a El Observador que lo que en aquellos años de 1980 el Ejército hizo de forma oficial –retirar archivos de la DGID–, llegados los años 2000 Castiglioni lo hizo de manera personal. "Tenía una especie de síndrome de Diógenes (compulsión a juntar basura) con la información. Cada agente de inteligencia tiene siempre un respaldo personal, pero la gente sabía que Castiglioni lo hacía de manera exagerada con datos que él u otros recopilaban: copiaba y se lo llevaba". Por eso no sorprende que se haya encontrado lo que se encontró en la casa del coronel cuando falleció.

Durante el primer gobierno del Frente Amplio, un día de febrero de 2006, la información corrió por los pasillos del Ejército con la velocidad de una rata asustada: la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, iba a ordenar lacrar los archivos de la sede de inteligencia del Ejército, presuntamente en busca de información que permitiera encontrar a los desaparecidos.

En esos días, un coronel retirado que fue jefe de la inteligencia militar recordó lo mismo que fuentes castrenses habían confiado a este periodista por entonces: "Si hubo alguna vez algún archivo referido a los desaparecidos, fueron muy pocos y parciales. En segundo lugar, para esa fecha lo que había ya no estaba al alcance de cualquiera. Y, por último, cuando se supo lo que Berrutti quería hacer, una noche se sacaron abundantes archivos que estaban en la sede de la Escuela de Inteligencia. ¿Adónde fueron? No lo sé, pero se sacaron".
6 meses es el plazo que tiene para investigar la comisión parlamentaria aunque sus integrantes ya anunciaron que pedirán prórroga para continuar.
A pesar de la maniobra, los responsables del Ejército y del servicio de inteligencia le hicieron saber a Berrutti que los archivos que tenía la fuerza de tierra sobre personalidades públicas estaban básicamente elaborados con información abierta. "Hubo una reunión donde se le mostró a la ministra el expediente del presidente Tabaré Vázquez", dijo una fuente.

O sea, a nadie le podían quedar dudas de que en democracia los archivos de dirigentes políticos, por mencionar a un sector de la población, estaban "vivos".

"No se habían destruido porque ningún servicio de inteligencia, por crítica que sea la información, destruye totalmente nada", dijo el mencionado coronel.

Quemar informantes

El año pasado, ante la insistencia del sistema político por hurgar en los archivos militares, se generó un extendido malestar entre oficiales activos y en retiro.

En una reunión que se hizo en la casa de un retirado, un grupo de uniformados realizó un planteo que causó sorpresa y preocupación: si tanto querían saber qué decían esos archivos, que supieran también quiénes habían sido las fuentes que habían contribuido a nutrirlos de información.

Se estaba proponiendo hacer públicos los nombres de los informantes del Ejército.


En la jerga de los servicios de inteligencia, a quien capta a un informante se le llama "manipulador". Según pudo saber El Observador, muchos manipuladores habían captado informantes de diversa índole, profesión y orientación ideológica. Pero algunas fuentes de información con las que contaba el Ejército se arrastraban de otras épocas. Políticos o sindicalistas de izquierda que delataron a compañeros, luego –recuperada la democracia– siguieron vinculados como informantes. La fuente mencionó, sin interés de que se divulgaran, dos nombres de dirigentes frenteamplistas de primera línea que terminada la dictadura habían colaborado con los servicios de inteligencia, en algunos casos a cambio de sumas de dinero.

"¿Cuánto se le paga a cada informante? Eso lo determina el manipulador con el jefe de servicio y se usa para eso, o se usaba porque no sé cuál es hoy la realidad, de los fondos reservados que los ministerios de Defensa e Interior reciben, y sobre los cuales no deben rendir cuentas a nadie", dijo un capitán retirado del Ejército.

Aquella reunión fue muy tensa pero se acordó no "quemar" a nadie porque "el Ejército nunca más iba a reclutar un informante si eso se hacía", dijo a su vez el coronel retirado.

Botnia y las tupabandas

Un militar recordó que fueron llamados a actuar cuando los ambientalistas argentinos amenazaron con acciones contra la planta de la entonces Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. El gobierno de Vázquez ordenó que el Ejército hiciera la custodia perimetral de la planta.

"En esos días los servicios de inteligencia detectaron que maniobras militares que los argentinos iban a hacer en otras provincias las cambiaron y las hicieron cerca de Misiones, en una clara respuesta a la medida uruguaya", explicó un oficial.
10 integrantes tiene la comisión, 6 del Frente Amplio entre quien se encuentra Luis Puig, el denunciante, y uno de cada uno de los otros partidos políticos.
Y agregó: "Otro momento en el que tuvimos intenso accionar fue en la década de 1990. Resulta que ahora se está investigando una supuesta tupabanda con la que el MLN hacía finanzas. ¿Alguien puede suponer que en aquel entonces, en que extupamaros aparecían vinculados a estas gavillas, los servicios de inteligencia del Ejército –que eran los que tenían información de esa gente– se quedaron quietos?".

El carapintada argentino y la Compañía

En el año 1991 un capitán retirado del Ejército me contactó para informarme que en uno de los pisos francos con que contaba inteligencia, ubicado en unos apartamentos en la calle Tacuarembó casi 18 de Julio, estaba escondido un coronel carapintada argentino, presuntamente llamado Pedro Coni, buscado por la Justicia de su país. Tras la caída de la dictadura, el Ejército uruguayo ayudó a militares que estaban "quemados" en países de la zona. En aquel entonces, la protección a Coni la hacía la Compañía de Contrainformación, sin que lo supiera el jefe del Ejército, Guillermo de Navas. El capitán que me llamó, que a pesar de estar retirado hacía tareas sucias para sus viejos camaradas (asegura haber estado el día que le pusieron una bomba al auto de Cores), ofrecía que me escondiera con un fotógrafo cerca del edificio; él iría a buscar a Coni para sacarlo a pasear y podríamos fotografiarlo. Así se hizo. Viajé a Argentina con la foto del tal Coni a contactarme con sectores allegados a los carapintadas, pero no pude confirmar su identidad. Sumado el hecho de que el militar empezara a pedir dinero a cambio de la información, se abortó la publicación.

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