¿Quién gestiona las empresas estatales?

No es razonable que las necesidades de caja de la Tesorería determinen el rumbo de los entes

Desde el desembarco del actual gobierno, y aun antes ya en la transición, se acentuaron controles y exigencias sobre las empresas públicas y servicios descentralizados: los combustibles bajaron mucho menos de lo que lo hizo el precio del petróleo, las tarifas de UTE subieron más de lo que el ente estimaba necesario, comenzaron a discutirse inversiones futuras que las empresas habían planificado y a cuestionarse inversiones pasadas. Y esta semana, por decisión de Presidencia y presumiblemente del Ministerio de Economía y Finanzas, se ordenó a ANTEL la suspensión de las obras del ANTEL Arena, cosa que así hizo inmediatamente el directorio por unanimidad.

En principio, parece que todo esto es una lucha por “la caja” de estas empresas que ya colaboran a Rentas Generales, su “presunto accionista”, con aportes especiales que vendrían a ser una especie de “pago de dividendos”, además del pago de IRAE y otros impuestos propios de la actividad de cada uno (IVA, Imesi, etcétera). Esa “lucha”, se nos dice, se basa en necesidades fiscales del gobierno central que, pese a los años de bonanza económica, fue incapaz de formar el famoso fondo de reserva que muchos le reclamamos para cuando viniera la época de las vacas flacas. El actual gobierno se ha encontrado con un déficit alto para una economía en crecimiento pero no puede darse por sorprendido ya que es parte del mismo partido político, apoyó sus iniciativas y, en la campaña electoral, mostró un panorama alentador en la economía. Pero obviamente, es más fácil recurrir a incrementar los aportes de las empresas públicas subiendo tarifas o postergando inversiones que a cortar gastos innecesarios o superfluos en la administración pública.

Las empresas públicas ya nacieron, en épocas de José Batlle y Ordóñez, como elementos de fortalecimiento del erario. Por eso, Don Pepe ponía administradores competentes al frente de las mismas y los traía del sector privado. Pero esas épocas, ayudadas por el ejercicio monopólico de la actividad de los entes autónomos y por necesidad de escasa inversión, dieron paso al predominio de la “política” en la gestión empresarial. Los directorios de las empresas públicas se convirtieron en premios consuelo a quienes no lograban un cargo electivo y para que todos pudieran tener su premio se acordó, a partir de la década de 1930, el famoso “3 y 2”: 3 para la mayoría y 2 para la minoría. Ese esquema hizo mucho daño, tanto a la política como a las empresas y las consecuencias son conocidas: malos servicios, tarifas altas, inversiones insuficientes, gestión desprolija, clientelismo político electoral. Hubo sí excepciones y sobre finales del siglo pasado se generó una tendencia a profesionalizar el manejo de las empresas. Con todo, las empresas siguieron atadas a los vaivenes electorales y sus directorios cambiaban cada cinco años, dificultando una gestión de largo plazo.

Hoy, en 2015, la situación es otra. Hay empresas monopólicas, empresas que compiten, empresas cuyo objetivo ha quedado obsoleto por los cambios tecnológicos. Es preciso otro marco de acción y de gestión. Es preciso, como decía hace poco el economista Ignacio Munyo, “mejorar el control de la gestión, cortar el cordón umbilical que une el presupuesto con las inversiones, transparentar los subsidios implícitos”. Quiero destacar lo de “cortar el cordón umbilical que une presupuesto e inversiones”. No es razonable que las necesidades de caja de la Tesorería determinen el rumbo de las empresas. ¿Quién sabe cuáles son las inversiones necesarias para el desarrollo de las empresas y especialmente de las empresas que compiten en campos de vertiginoso avance tecnológico? Supuestamente los directorios, que han sido nombrados por su idoneidad para dirigir la empresa, y no la Tesorería que recauda al barrer, para atender un gasto público que en Uruguay tiene baja calidad y podría mejorarse en muchos lugares.

¿A quién corresponde esta tarea de responder a estos desafíos empresariales? ¿A Economía, a Industria, a la OPP, a un nuevo organismo? Es necesario un nuevo diseño institucional para el manejo de las empresas públicas. Un diseño que permita ejecutar planes de largo plazo, que permita sintonía entre aquellas empresas cuyos objetivos se solapan (UTE y ANCAP en área de la energía). Ya que vamos a tener empresas públicas por varias décadas, despoliticémoslas, hagámoslas eficientes, que sean el combustible del presupuesto y, en la medida de lo posible, dejémoslas competir.


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