¿Quién paga el costo de un mayor ajuste fiscal?

Los primeros anuncios sobre la Rendición de Cuentas muestran nuevas subas de impuestos que afectarán a consumidores y empresas
Los primeros lineamientos que se conocieron de la Rendición de Cuentas que entrará a estudio en el Parlamento muestran que pese al discurso del equipo económico de austeridad, prudencia y cautela, no solo se utilizará la totalidad de la mejora en la recaudación producto de un panorama económico más alentador para aumentar el gasto sino además, habrá un nuevo aumento de impuestos.

En los últimos meses, buena parte del tiempo y los esfuerzos del equipo económico se concentraron en la negociación de un presupuesto para el próximo año que permitiera conciliar el desafío de un ajuste fiscal con las necesidades y ambiciones políticas del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. Pero los primeros esbozos de una Rendición de Cuentas muestran que el documento final, lejos de priorizar uno u otro objetivo, intenta atenderlos todos y traerá consecuencias adversas tanto desde el punto de vista económico como político.

En primer lugar, implica una profundización del ajuste de las cuentas públicas tal y como estaba previsto en la rendición anterior: un plan para reducir paulatinamente el déficit fiscal y llegar a la meta del 2,5% al final de la gestión.

Sin embargo, en la instrumentación de ese objetivo, hay cambios no menores. El nuevo contexto económico le da algo más de aire al gobierno. Ese aire se utilizará por completo para cubrir nuevas partidas y no para suavizar los efectos adversos que tendrá el ajuste en otras variables de la economía. Incluso el incremento previsto del gasto será aún mayor que el de los ingresos, por lo cual se echará mano a nuevas subas de impuestos para evitar que el aumento del gasto afecte el objetivo de mejorar la situación fiscal.

De este modo, el objetivo económico de reducir las vulnerabilidades fiscales se mantiene, pero con un balance distinto en el esfuerzo del ajuste, más inclinado todavía hacia la suba de impuestos y menos hacia la reducción del gasto, lo que supone un esfuerzo adicional del sector privado.

Y ahí entra la cuestión política. La suba de impuestos prevista se centra, principalmente, en aumentar la carga de aranceles a los productos que ingresan desde el exterior. Esto no resulta inocuo para consumidores y empresas locales.

Si prospera la propuesta de subir la tasa consular, serán los consumidores de productos importados y las empresas que utilizan insumos de fuera del país los que terminen pagando el costo del ajuste a través de precios más altos y en el caso del sector productivo, de una mayor pérdida de competitividad.
Hay quienes argumentan que un aumento del impuesto a la importación permitirá mejorar las condiciones para que los productos locales se defiendan frente a la competencia del exterior. Incluso se señala que en un escenario de dólar a la baja y atraso cambiario, funciona como una compensación ante el abaratamiento del resto del mundo.

El problema es que en un escenario global, cerrar la economía de manera unilateral y sin el marco de una estrategia productiva clara y de largo plazo –únicamente por motivos fiscales inmediatos–, complica otro desafío fundamental de la economía uruguaya que es la mejora de las condiciones de inserción internacional.

Subir los aranceles a la importación es ir en contra las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y echar por tierra el trabajo de Cancillería y de los institutos de promoción del país para mejorar el posicionamiento de Uruguay en el mundo.

El aumento de aranceles solo beneficiará a los productores locales de bienes que compiten con extranjeros por el mercado local y no cambiará en absoluto sus condiciones de acceso al mercado extranjero, con lo cual no mejora en nada la situación de los exportadores, que seguirán viéndose afectados por el encarecimiento de Uruguay respecto a sus destinos comerciales relevantes.
Desde el punto de vista político, la Rendición de Cuentas cumple con el objetivo de mostrar a la fuerza política comprometida con algunos de sus compromisos de campaña, como el aumento del presupuesto a la educación. Sin embargo, afecta la credibilidad de dos figuras claves del gobierno como el presidente de la República y el ministro de Economía, que luego de incumplir la promesa electoral de evitar subas de impuestos durante esta administración, renovaron ese compromiso en los últimos meses.

En momentos en los cuales la economía recupera impulso, pero las empresas y los ciudadanos no se animan del todo a levantar las restricciones al gasto y la inversión que se impusieron durante el período de estancamiento, la confianza es un bien a preservar y en ese sentido, la Rendición de Cuentas no va en la dirección correcta.


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