Rebelión de los solidarios: contribuyentes reclaman cambios al aporte

Líneas de teléfono colapsadas y caras largas con ceños fruncidos de quienes esperan para ser atendidos en el mostrador. En las últimas semanas, ese es el panorama de la oficina del Fondo de Solidaridad, especialmente en el sector dedicado a los pagadores. Desde que el 10 de enero el Poder Ejecutivo reglamentó que los egresados de la Universidad de la República (Udelar), UTU y de la Universidad Tecnológica (UTEC) debían realizar sus pagos de manera mensual –no anual, como se realizaba originalmente– los reclamos se multiplicaron.

La Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep) es un claro ejemplo. Fue fundada en julio de 2016 y entre sus cometidos se encuentra "la defensa de los intereses y derechos de los egresados de la educación pública", así como "la defensa de la gratuidad de la educación terciaria". De los 1.400 socios que tiene, unos 400 se inscribieron en enero. Adriana García, presidenta de Audetep, manifestó a El Observador que inscriben a unos 15 egresados por día, todos por reclamos contra el Fondo de Solidaridad.

A pesar de ser público, la ley que creó al Fondo de Solidaridad en 1994 lo define como un organismo no estatal. Su cometido principal es el pago de becas a estudiantes de la Udelar, UTU y UTEC por un monto mensual de 2 bases de prestaciones y contribuciones (BPC) ($ 7.222 según su valor actual), que se financian con los aportes de todos los egresados de esos centros, a partir de su quinto año de egreso. El decreto de 2017 que modifica la ley original indica que el monto a pagar depende de la duración de la carrera y la antigüedad.

Los que pagan menos son aquellos con carreras de menos de cuatro años, entre el quinto y noveno año de egreso. En su caso, abonan el equivalente a media BPC por año ($ 1.805). Pagan más quienes egresaron hace más de nueve años de carreras de cuatro años o superior, que aportan 2 BPC anuales ($ 7.222). El pago se realiza aunque no se trabaje de lo que se estudió, durante 35 años o hasta que se deje de trabajar y se cobre una jubilación.

Pagar a pesar de no ejercer la profesión responde a un cambio en la legislación realizado en 2002. El abogado Miguel Pezzutti, docente de Derecho Administrativo de la Udelar y la Universidad de Montevideo, señaló a El Observador que "esto determina que no pueda afirmarse que hay un gravamen al beneficio económico de la enseñanza, sino a la mera circunstancia de haber egresado, ya que es esto lo que determina que el profesional se encuentre alcanzado por el hecho generador del paratributo".

A su vez, también se realiza un aporte para un adicional creado en esa misma modificación, que se destina enteramente a la Udelar y se tiene que pagar por 25 años o hasta cobrar una jubilación.

Por una deuda impaga con el Fondo de Solidaridad, el contribuyente puede ser enviado al clearing de informes, el empleador de ese egresado puede retenerle el sueldo e incluso se lo puede embargar.

Eso mismo le sucedió a Paula (nombre ficticio), egresada de la Facultad de Derecho en 1984 y que recibió su diploma como procuradora dos años después. En su caso, nunca ejerció ni llegó a recibirse de abogada. Paula vivió de pueblo en pueblo, hasta que hace algunos años se instaló con su esposo en un campo en Lavalleja, donde trabajan. Figura desde 2008 ante el Banco de Previsión Social (BPS) como cónyuge colaborador que no percibe salario por las tareas rurales a las que se dedica su esposo, por las que ella no cobra directamente.

El Fondo de Solidaridad nunca se le cruzó por la cabeza hasta que en 2014 recibió una notificación. Tenía una deuda de unos $ 22 mil por impagos acumulados desde 2010, ya que lo adeudado de años anteriores había prescrito al pasar más de cuatro años. Paula intentó por todas las vías que le eximieran la deuda, lo que le implicaba viajar a Montevideo para realizar los trámites y presentar infinidad de documentos que, según dijo a El Observador, parecían nunca ser suficientes.

El año pasado, el portero de la casa donde había vivido su hijo tiempo atrás la llamó para avisarle que había llegado un cedulón a su nombre. Paula fue embargada por la Justicia por no haber realizado el pago. Para poder levantar el embargo tuvo que pagar $ 26 mil al Fondo de Solidaridad.

Paula fue una de las 400 personas que se unió a Audetep apenas se enteró de que el pago se comenzaría a realizar de forma mensual.

Muchos de los afiliados están en una situación similar y dicen enterarse de la deuda cuando se les notifica, por ejemplo, desde el clearing. Consultado por El Observador, el gerente general del Fondo de Solidaridad, Enrique Miranda, dijo que "la gran mayoría de los egresados están al día con los aportes y otra gran cantidad tiene convenios con importantes facilidades de pago".

Audetep estima que hay unos 6.000 egresados enviados al clearing por no pagar, principalmente por desconocer la deuda. El Fondo de Solidaridad no aportó una cifra exacta.

Tener que pagar a pesar de no ejercer la profesión, como le sucede a Paula, es una de las principales protestas de los contribuyentes. García, la presidenta de Audetep, sostuvo que ese es uno de los puntos que "demuestra que la educación no es gratuita".

"Es un impuesto a haber estudiado o a tener el título y lo que se hace es fomentar la educación privada", dijo, molesta con la situación.

Agregó que cuando el pago se hacía anual, muchos de los egresados utilizaban el aguinaldo para poder costearlo. Ahora, con el pago mes a mes "se paga del presupuesto mensual" de cada contribuyente.

Miranda, por su parte, señaló que "desde el punto de vista financiero, en la medida en que las becas se pagan mensualmente, es de buena administración un calce financiero equilibrado entre ingresos y egresos".

Las recorridas de integrantes de Audetep por los pasillos del Parlamento parecen haberse vuelto costumbre gracias a una propuesta para eliminar al Fondo de Solidaridad que han presentado a legisladores de todos los partidos.

La propuesta tiene como objetivo "que se den más becas pero en mejores condiciones". Para eso, proponen realizar un sistema de becas por préstamo bancario, que no dependa de la contribución de egresados y que "refuerce estudiar, porque cuanto menos dure el estudiante en la carrera menos tendrá que devolver".

Las autoridades del Fondo de Solidaridad prefieren hacen hincapié en las becas y no en los aportes que las sustentan. Miranda manifestó que la gestión en los últimos años "ha sido muy positiva, tanto por el lado del cometido del sistema (el de otorgar becas), como por el lado del financiamiento por parte de los contribuyentes".

La gerenta de becas, Cecilia de León, señaló a El Observador que no se trata de un dinero "para pagar la carrera" sino para colaborar con los "gastos adicionales" que tiene cualquier estudiante, como materiales, alimentación o transporte. "Sin la beca muchos de los estudiantes no podrían hacer una carrera tan larga. No hay que perder de vista eso: la población que accede", dijo. Para 2017, el Fondo de Solidaridad tiene como objetivo superar las 8.000 becas.

Una de las aspirantes es Cinthia, que este año comienza a cursar su segundo año en la facultad de Psicología. Es la segunda vez que pide la beca; años atrás la había solicitado para la carrera de Arquitectura, que terminó abandonando, por lo que se le retiró el beneficio. El único ingreso de su casa es el de su madre y el dinero que recibía cuando estudiaba arquitectura lo usaba para trasladarse desde la Costa de Oro, donde vive, a la facultad, para materiales y lo que le sobraba para comida.

Los egresados no reniegan del beneficio a los estudiantes, pero consideran que los aportes fueron creciendo "como una bola de nieve". Mientras tanto siguen pagando, y ahora mes a mes.

Muchos de los contribuyentes presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la ley que creó el Fondo de Solidaridad. Uno de los principales motivos es si se viola el derecho a recibir una educación gratuita.

El abogado Miguel Pezzutti, docente de derecho administrativo de la Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad de Montevideo, recordó que en 1997 la SCJ descartó que se violara el artículo 71 de la Constitución –relativo a garantizar la enseñanza gratuita– porque con el aporte de los egresados "no se grava la escolaridad, que permanece siendo gratuita, sino el ulterior disfrute económico de la enseñanza recibida, pues solo abonan quienes ejercen la respectiva profesión". Sin embargo, en 2002 ese argumento dejó de ser válido ya que un decreto estableció que el egresado debe aportar aunque no ejerza la profesión que estudió.

Pezzutti destacó que "la afirmación de la Corte podría resultar revisada en el futuro". "No es seguro que la Corte mantenga su postura en tanto otorgue debida relevancia al cambio en la legislación, e incluso la modificación podría resultar decisiva para determinar que no se trata verdaderamente de una contribución especial, sino de un impuesto", dijo.