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Reclaman apoyo económico a familias para acceder a educación privada
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi sostiene que 80% de los colegios atiende a niños de clase media y baja
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11 de enero de 2016 a las 05:00
Otorgar una prestación económica de $ 4.000 a los padres y tutores que tengan menores a cargo, y registren un ingreso familiar mensual de hasta $ 40 mil (10 bases de prestaciones y contribuciones), para que puedan elegir la educación que quieren para sus hijos es la idea central de un proyecto de ley que en julio del año pasado el diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentó a la comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja.
El objetivo del legislador es hacer efectivos los artículos 68 y 70 de la Constitución, que a su entender no se cumplen a cabalidad.
El artículo 68 establece que "todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee". En tanto, el artículo 70 señala que "son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial".
En este sentido, el legislador señala en la exposición de motivos de su proyecto de ley que "el derecho a elegir dentro de un sistema pluralista de posibilidades se ve resentido porque en los niveles de enseñanza obligatoria la gratuidad solo alcanza a las instituciones públicas".
En diálogo con El Observador, Goñi manifestó que la presentación de este proyecto se debe a su estudio sobre la trayectoria de los colegios privados y sus necesidades, pero adquiere especial relevancia en estos momentos en que el colegio José Pedro Varela advirtió que debería enviar a sus 450 funcionarios a seguro de de-sempleo por problemas financieros (ver apunte).
"Hay decenas de colegios que están en la misma situación". Si no se los ayuda corren peligro de cerrar por dificultades económicas, afirmó el legislador.
A su entender, "el Estado no puede mirar para el costado porque son organizaciones que prestan un servicio público y social". Por el contrario, considera que se debería ayudar a los padres para que efectivamente puedan elegir la educación que quieren para sus hijos.
Al respecto, el diputado señaló que actualmente el 80% de los colegios privados atienden a niños y jóvenes provenientes de hogares de clase media y media baja.
Explicó que en primera instancia el proyecto establece ayudar a unos 10 mil niños, que son los que se encuentran en situaciones más vulnerables, para después seguir avanzando. Señaló además que el monto de la prestación a otorgar a los padres se calculó en base a lo que gasta el Estado mensualmente por cada alumno que concurre a una escuela o liceo público. Del mismo modo, adelantó que su proyecto propone que sea en la Rendición de Cuentas donde se fije una cierta cantidad de dinero para este fin. Según sus cálculos, la cifra total rondaría los U$S 20 millones por año.
Goñi manifestó que esta modalidad de colaboración público privada es la que propone el gobierno para su "buque insignia", el Sistema Nacional de Cuidados, donde establece la asignación de recursos a instituciones privadas para que se hagan cargo del cuidado de niños y ancianos. "El servicio es importante; no importa quién lo dé", dijo el legislador, al tiempo que destacó que lo mismo se puede trasladar a la educación. En este sentido, recordó otros servicios como el transporte público y el sistema de centros CAIF.
"Si la Constitución lo dice, y el Frente Amplio, que históricamente se opuso a la colaboración público privada, lo apoya ahora explícitamente para el sistema de cuidados, ¿por qué no utilizarlo para la educación?", se preguntó el diputado nacionalista. A su entender, en la izquierda la idea ha sido aceptada de a poco y se está en momento de discutir el proyecto.
En la campaña electoral, cuando el entonces candidato oficialista Tabaré Vázquez propuso los vouchers educativos para que los estudiantes pudieran acceder a la enseñanza privada, la idea despertó el rechazo de los sindicatos, de la oposición y de filas frenteamplistas. En aquel momento, Vázquez no dio cifras concretas, pero manifestó que su idea era darlo a "quien lo merezca".
Desde los sindicatos se acusó a Vázquez de querer privatizar la educación, mientras que desde la oposición se lo tachó de "neoliberal". En tanto, desde filas de izquierda se recordó que la propuesta no estaba incluida en la propuesta de gobierno.
El objetivo del legislador es hacer efectivos los artículos 68 y 70 de la Constitución, que a su entender no se cumplen a cabalidad.
El artículo 68 establece que "todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee". En tanto, el artículo 70 señala que "son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial".
En este sentido, el legislador señala en la exposición de motivos de su proyecto de ley que "el derecho a elegir dentro de un sistema pluralista de posibilidades se ve resentido porque en los niveles de enseñanza obligatoria la gratuidad solo alcanza a las instituciones públicas".
En diálogo con El Observador, Goñi manifestó que la presentación de este proyecto se debe a su estudio sobre la trayectoria de los colegios privados y sus necesidades, pero adquiere especial relevancia en estos momentos en que el colegio José Pedro Varela advirtió que debería enviar a sus 450 funcionarios a seguro de de-sempleo por problemas financieros (ver apunte).
"Hay decenas de colegios que están en la misma situación". Si no se los ayuda corren peligro de cerrar por dificultades económicas, afirmó el legislador.
A su entender, "el Estado no puede mirar para el costado porque son organizaciones que prestan un servicio público y social". Por el contrario, considera que se debería ayudar a los padres para que efectivamente puedan elegir la educación que quieren para sus hijos.
Al respecto, el diputado señaló que actualmente el 80% de los colegios privados atienden a niños y jóvenes provenientes de hogares de clase media y media baja.
Explicó que en primera instancia el proyecto establece ayudar a unos 10 mil niños, que son los que se encuentran en situaciones más vulnerables, para después seguir avanzando. Señaló además que el monto de la prestación a otorgar a los padres se calculó en base a lo que gasta el Estado mensualmente por cada alumno que concurre a una escuela o liceo público. Del mismo modo, adelantó que su proyecto propone que sea en la Rendición de Cuentas donde se fije una cierta cantidad de dinero para este fin. Según sus cálculos, la cifra total rondaría los U$S 20 millones por año.
Los vouchers de Vázquez
Goñi manifestó que esta modalidad de colaboración público privada es la que propone el gobierno para su "buque insignia", el Sistema Nacional de Cuidados, donde establece la asignación de recursos a instituciones privadas para que se hagan cargo del cuidado de niños y ancianos. "El servicio es importante; no importa quién lo dé", dijo el legislador, al tiempo que destacó que lo mismo se puede trasladar a la educación. En este sentido, recordó otros servicios como el transporte público y el sistema de centros CAIF.
"Si la Constitución lo dice, y el Frente Amplio, que históricamente se opuso a la colaboración público privada, lo apoya ahora explícitamente para el sistema de cuidados, ¿por qué no utilizarlo para la educación?", se preguntó el diputado nacionalista. A su entender, en la izquierda la idea ha sido aceptada de a poco y se está en momento de discutir el proyecto.
En la campaña electoral, cuando el entonces candidato oficialista Tabaré Vázquez propuso los vouchers educativos para que los estudiantes pudieran acceder a la enseñanza privada, la idea despertó el rechazo de los sindicatos, de la oposición y de filas frenteamplistas. En aquel momento, Vázquez no dio cifras concretas, pero manifestó que su idea era darlo a "quien lo merezca".
Desde los sindicatos se acusó a Vázquez de querer privatizar la educación, mientras que desde la oposición se lo tachó de "neoliberal". En tanto, desde filas de izquierda se recordó que la propuesta no estaba incluida en la propuesta de gobierno.
