Reclaman datos sobre jerarca de Brasil acusado de corrupción

Diputados se entrevistaron con el canciller y mañana con la Suprema Corte de Justicia
Parlamentarios del oficialismo y la oposición realizaron gestiones ante la cancillería y este miércoles lo harán ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para conseguir en Brasil documentación que relaciona al hoy gobernador del estado de Minas Gerais y exministro de Comercio de Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, quien fue acusado de intervenir ante la administración del presidente José Mujica para que la empresa brasileña OAS construyera la regasificadora.

Por esa gestión ante Uruguay, según la denuncia de "una delación premiada", es decir de alguien que brindó información a cambio de ver reducida su pena, Pimentel pudo cobrar US$ 1 millón.

El presidente de OAS, Leo Pinheiro, está preso en el marco de una investigación de corrupción en Brasil, y de acuerdo a informaciones de prensa de ese país, ese empresario reconoció que OAS pagó a Pimentel para conseguir la obra en Uruguay.

El tema de la regasificadora es investigado en el Parlamento a instancias del Partido Nacional. Para la ejecución del proyecto, en el gobierno de Mujica las estatales UTE y ANCAP crearon Gas Sayago que para su funcionamiento gastó US$ 25 millones en cinco años.

Si bien las acciones de UTE y ANCAP en Gas Sayago se reparten en mitades iguales (50% para cada una) en materia de aportes económicos, UTE capitalizó el proyecto en 80% y ANCAP en el restante 20%, según datos oficiales. En plata, ambos entes aportaron US$ 42 millones.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo ayer en el programa Pisando Fuerte de Metrópolis FM, que una delegación de la comisión investigadora que preside el socialista Roberto Chiazzaro, se entrevistó con el ministro Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores) y mañana lo hará con la Suprema Corte, para que tramiten ante sus pares de Brasil, la obtención de los documentos que vinculan a Pimentel con Uruguay.

"Pedimos toda la información disponible y la documentación sobre este caso específico, las denuncias contra Pimentel y su gestión en Uruguay", comentó Abdala.

El legislador blanco, tiene los documentos donde un informante aseguró a fiscales de Brasil que Pimentel –político del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva y Dilma Rousseff– gestionó en Uruguay a favor de la compañía OAS para que construya la regasificadora. Ese proyecto lo impulsó el gobierno de Mujica, mientras que Tabaré Vázquez lo quitó de las prioridades.

Los diputados que fueron a la cancillería son, además de Abdala, el presidente de la comisión, Roberto Chiazarro (Frente Amplio), Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Daniel Radio (Partido Independiente).

En Metropolis FM, Abdala también dijo que "no le consta" que haya nexos entre OAS y la constructora Oderbrecht, investigada por corrupción en Brasil en el llamado operativo Lava Jato. El nombre Oderbrecht también aparece en otros países de América Latina que investigan denuncias de corrupción vinculadas a obras públicas que realizó esa constructora. En Brasil, los principales ejecutivos de Oderbrecht están presos.

El diputado Roberto Chiazzaro, dijo ayer a El Observador que el Frente Amplio "colabora en todo" en esta investigación pero hasta ahora "nada prueba que se haya pago una coima de OAS a Pimentel, y menos que funcionarios uruguayos estén involucrados en esto", afirmó el legislador socialista. Chiazzaro pidió "ser cautelosos" a la hora de hacer denuncias públicas y manejar nombres, para que esto no se "convierta en un circo" por intereses políticos.

Parlamento

El jueves 23, el directorio de UTE presidido por Gonzalo Casaravilla, fue a la comisión investigadora de Diputados. En esa reunión de cinco horas de duración, Casaravilla defendió la transparencia de todo el proceso de selección de empresas para construir la regasificadora. La decisión se basó en informes de la empresa estatal y externos. El diputado Abdala mencionó que al estudio Posadas, Posadas y Vecino se le pagó US$ 154.000 por su intervención en todo el proceso.

Respecto a la compañía OAS, Casaravilla informó que en el proceso de adjudicación, "en la oferta que presentó GDF Suez, ya estaba OAS como subcontratista" además de las empresas Tractegel e IMDC como "supervisoras del trabajo", según la versión taquigráfica de esa sesión a la que accedió El Observador. El jerarca dijo que la regasificadora es un proyecto que "tiene sentido". Casaravilla respondió asimismo que "no hubo contactos" con Argentina sobre precios para la compra de gas regasificado.

Al fracasar la idea original, Gas Sayago cobró una garantía de US$ 100 millones.

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