La Constitución no es el problema

En Uruguay tenemos la manía de cambiar o tratar de cambiar la Constitución como se cambia de camisa. Lo hemos hecho en varias oportunidades desde 1917 y nada indica que cambie la tendencia. En lugar de respetar y aplicar la Carta Magna que nos dimos oportunamente los uruguayos como pacto que regula nuestra convivencia, estamos dedicados a propiciar nuevas reformas. Aún se llega a proponer “reformar la Constitución” sin saber bien para qué o en qué materias. Así, en las elecciones pasadas, el Frente Amplio había incluido en su programa de gobierno la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Consultados los principales dirigentes sobre cual sería el motivo de tal consulta y cuáles los cambios necesarios a introducir, ninguno de ellos supo responder satisfactoriamente. Ni siquiera se supo cómo tal propuesta llegó al programa electoral del FA. Afortunadamente los programas de gobierno no siempre se cumplen o no se cumplen totalmente, y esa pésima idea quedó por el camino porque los dirigentes más sensatos la ocultaron piadosamente baja la alfombra y acallaron rápidamente alguna voz que decía “en el programa del FA hemos propuesto convocar a una Constituyente”.

Pero la idea de reformar la Constitución resurge como las 9 cabezas de la Hidra de Lerna, que Hércules debía matar como una de sus doce tareas para cumplir el castigo impuesto por Zeus. Cada vez que cortaba una cabeza de la Hidra, esta volvía a resurgir. Hasta que por fin Hércules logró quemar los muñones de las cabezas cortadas e impedir así su crecimiento.Olvidado el intento de llamar a una Constituyente, el Plenario Nacional del FA ha hecho un llamado a reformar la Constitución aunque sus objetivos siguen siendo igualmente vagos que las veces anteriores. La resolución que aprobó hace diez días solo acordó “identificar y consensuar los principales cambios que requiera la Constitución para poder aplicar las transformaciones que impulsamos desde nuestro programa”. 

 Aparte del menosprecio a la Constitución que refleja el texto como si ésta fuera un molesto estatuto legal que impide hacer ciertas cosas, el Plenario cayó además en la frágil ilusión de comprometer una “estrategia única” y “unidad de acción” en una alianza de casi una treintena de partidos y grupos en discordia, que van desde el realismo de sus dirigentes más competentes hasta las propuestas “sesentistas” que propugnan sectores radicales que han logrado trabar en varias oportunidades las reformas propuestas por el presidente Mujica, especialmente para reformar el estado y la educación.   

Nuestra Constitución es un documento imperfecto por su excesiva extensión detallista en vez de limitarse a conceptos fundamentales a ser complementados por leyes o enmiendas, que sí podrían cambiar aspectos procedimentales sin violentar los principios esenciales que la Constitución consagra. Pero esa imperfección no causa daño alguno a las propuestas del FA. Por ello cabe preguntarse, ¿cuáles son las propuestas de cambio constitucional que trae el FA? ¿cuáles son “los principales cambios que requiera la Constitución para poder aplicar las transformaciones que impulsamos desde nuestro programa”? ¿Qué artículos de la actual Constitución impiden al FA aplicar las transformaciones de su programa? ¿Se desea, acaso, cambiar el capítulo de Derechos, Deberes y Garantías que viene a ser el núcleo fundamental de nuestra Carta Magna? ¿Se desea coartar derechos y libertades fundamentales? ¿Se desea limitar la libertad de expresión que tanto parece molestar? ¿O tal vez se quiera modificar el derecho de propiedad, o de reunión? ¿Se desean hacer modificaciones al estilo de la nefasta estatización del agua, que se consagró en la reforma de 2004?

Hay que tener algo muy claro. En la Constitución no están los problemas de este país. Y menos en la sección de Derechos, Deberes y Garantías. Los problemas están en quienes apoyan concepciones de organización de la sociedad que van contra esos derechos y garantías. Reformando la Constitución no sirve para construir sino para destruir y dificultar el progreso y la convivencia de los orientales. 

Sube, sube  la espumita

El diferendo desatado entre el gobierno y el gremio de la bebida por el aumento que el Federación Obrera de la Bebida (FOEB) alcanzó con el sector empresarial pone de manifiesto una concepción por lo menos “curiosa” por parte del gobierno respecto a como deben manejarse las relaciones laborales y las políticas de precios de la empresas.Preocupado por el impacto en el IPC del acuerdo salarial que apareja un aumento real del 10% en 3 años (sin medien aumentos de productividad en el sector) y, más aún, por las señales hacia otros sectores, el gobierno resolvió enfrentar, por un lado, al sector sindical para que modere sus aspiraciones y, por otro, al sector empresarial para que no traslade a precios el aumento otorgado. Después de varios años de alentar y convalidar acuerdos en los Consejos de Salarios por guarismos superiores a las “pautas” o “lineamientos” fijados por el Poder Ejecutivo, y de hacer caso omiso al factor de la productividad como criterio rector de los aumentos, el gobierno comenzó a mostrar preocupación. Preocupación por el aumento del IPC, que amenaza ingresar a la zona poco confortable de los dos dígitos. Y preocupación porque la espiral salarial ha comenzado a hacer mella en índice de precios. 

Bienvenida dicha preocupación, aunque tardía y también anunciada por muchos economistas serios. Pero cabe convenir que es un giro de 180 grados que ha descolocado a los sindicatos y al discurso oficial en materia salarial. Hasta ahora, todo lo que podían obtener los sindicatos, aún por encima de productividad, era bienvenido. A partir de ahora, parece que no. Pero, además, pedirle al gremio de la bebida que modere o disminuya un aumento ya acordado, no parece muy sensato. Tan poco sensato como pedirle a Mourinho que no se exalte con Guardiola. Más sensato hubiera sido que se pidiera previamente a las partes que se respetaran los lineamientos oficiales, que para algo se dieron.

La otra cara poco sensata de la moneda que tiró al aire el gobierno, es pedir a las empresas que no trasladen los aumentos salariales a los precios de las bebidas. Al fin y al cabo, ¿quién fija los precios de un producto o un servicio: el gobierno o los particulares? Y si lo hace el gobierno, basado en qué autoridad legal. Algunos podrán decir que existe un subsidio a las bebidas. Otros podrán decir que algunas empresas tiene una posición dominante en el mercado. Pero uno u otro asunto no tienen nada que ver con los salarios acordados y, si hubiera algún problema, deberán dirimirse en otros ámbitos y por otros métodos, como puede ser la política tributaria o la de defensa de la competencia o del consumidor. Pasar el mensaje al sector de la bebida “el aumento no va a precios” es una interferencia peligrosa en el ámbito de decisión empresarial y una mala manera de luchar contra la inflación. Peor aún es si ese mensaje se extiende, como parece, al sector de la enseñanza privada: no se puede pasar todo el aumento salarial a las matrículas. Con el agravante de que en la educación es un sector intensivo en mano de obra.

En muy pocos días, el gobierno se ha metido en un buen berenjena yestá logrando ponerse en contra a algunos gremios y seguramente a muchas empresas que deben otorgar aumentos salariales por encima de la productividad y luego verse impedidas de aumentar los precios de sus bienes y servicios. Las consecuencias futuras de estas decisiones seguramente no serán positivas para la economía, la inversión y el crecimiento. Pero las consecuencias actuales son malas para la libertad. El gobierno debería manejarse con suma cautela en ejercer presión sobre empresas y gremios. Y si no quiere aceptar las consecuencias de su política salarial excesivamente generosa en el pasado, debería ir a las causas que generan estos problemas y no actuar sobre los síntomas de los mismos.

¡Qué manía de regular todo!

            Informó hace unos días el diario El País que el Ministerio de Educación y Cultura se propone regular fuertemente la publicidad para niños en televisión. Regulación tan fuerte que hasta podría llegar a prohibición lisa y llana. El director general de Secretaria de dicho ministerio Pablo Alvarez señaló que. "Tiende a haber acuerdo en no habilitar la presencia de publicidad dentro de la programación infantil, y hay discrepancias en cuanto a eliminarla definitivamente de toda la franja horaria. La posición del Ministerio de Educación es que, como lo dicen los propios publicistas, la propaganda se basa fundamentalmente en hacer creer al ciudadano que precisa del producto que se le está presentando. Desde esa mirada, no tendría sentido hacerle creer a un niño que precisa un producto, y mucho menos hacerle creer que tener ese producto implica algo en su status social. Hay experiencias como las de Suecia, Bélgica o Quebec que limitan la publicidad infantil en televisión, sea cual sea el horario, porque no le aporta nada significativo al niño. Esa es nuestra posición”.

            Traer a colación casos de países serios como Suecia o Bélgica constituye, a primera vista, un argumento fuerte para sustentar esta visión prohibitiva. “Si en Europa se hace, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí?” sería el argumento para limitar severamente la publicidad. Pues hay muchas cosas que en Europa se hacen, y no por eso hay que trasladarlas aquí. Cada uno es cada uno y hay cosas trasplantables y cosas que no lo son. Lo curioso es que casi siempre se quiere tomar lo prohibitivo de Europa y no lo positivo. Es que siempre es más fácil prohibir que promover o crear.

            La prohibición podría llegar también a la prensa escrita, aunque esta dedica mucho menos espacio al público infantil, cuyo control está hoy en la órbita del INAU. Se ve que habrá que publicar diarios de información económica –que a los niños no suele interesar- a fin de evitar que caiga sobra la prensa la mano reguladora del estado.

            Sea como sea, llama la atención que la primera reacción gubernamental ante problemas de la niñez, casi instintiva, sea de regulación y prohibición y no de fomentar elementos positivos. Pero por otro lado se piensa legalizar la producción, venta y consumo de marihuana, algo que es claramente dañino para el organismo como lo acaba de ratificar el Doctor Tabaré Vázquez, recomendando evitar el consumo de marihuana. Curiosa contradicción.

            Y para peor, de fuentes del comité regulador de la industria audiovisual, se señala que si las restricciones publicitarias tuvieran como consecuencia la desaparición de programas para niños provenientes del sector privado, el estado se podría encargar de producirlos e incluso financiarlos. Pronto aparecerá quien piense en exportarlos a otros países!

            Ya son bastante graves las limitaciones que se están instrumentando o que se instrumentarán respecto a contenidos, a horarios de protección al menor. En lugar de cumplir y hacer cumplir la normativa vigente, las autoridades se proponen endurecerlas, pasando de la tolerancia más absoluta al control más férreo. Y, lo más grave, es que a efectos de disminuir los niveles de violencia e inseguridad se ataquen más los síntomas que las causas de la enfermedad. Sería bueno que el gobierno leyera atentamente el informe presentado la semana pasada por Ignacio Munyo, de CERES, sobre las causas de la delincuencia infantil y cómo combatirlas eficazmente. Hay líneas de acción muy claras que pueden instrumentarse con relativa rapidez y sin recurrir a prohibiciones y trancazos. Pero, vuelvo a repetir, es más fácil prohibir que construir. Y ello es especialmente peligroso cuando se trata de vivir y fomentar el desarrollo en libertad. ¿O será que lo que no se desea es fomentar la libertad responsable?

Pluna ha dejado de volar como un día la ONDA dejó de recorrer las carreteras del país. Es ley de vida que las empresas no tienen garantizada la inmortalidad.  Nacen, crecen, se desarrollan y muchas veces mueren o quedan vegetando. Nada hay de raro, en principio, en que una empresa recorra las cuatro etapas.

Hoy por hoy, RIM (Research in Motion), el fabricante de los populares BlackBerries, se debate en una compleja situación que puede determinar su cierre o su venta, y ello debido a la competencia de los Iphones y los Androids, que hace 5 años no existían. Michael Dell, fundador de Dell Computers, le aconsejó en 1997 a Steve Jobs que cerrara Apple y devolviera el dinero remanente a los accionistas. Por suerte para el mundo Jobs no siguió el consejo de Dell y transformó a Apple en la compañía de mayor valoración bursátil. Pero así como Apple prosperó a niveles que nadie, ni siquiera el propio Jobs, imaginó, RIM puede desaparecer de la faz de la tierra antes de fin de año.

Lo que llama la atención con Pluna, empresa emblemática de Uruguay, es que ha sido reflotada en dos oportunidades. En 1995, cuando se vendió el 49% a Varig, y en 2007, cuando se vendió la mayoría del capital a Leadgate, un fondo de inversión y management, que sin experiencia aérea, fue seleccionado sin licitación para reflotar Pluna. Aunque por algunos períodos pareció que el reflote iba a tener éxito (de hecho en 2010 se incorporaron más aviones), en 2012 el gobierno decidió cerrarla definitivamente y rematar sus aviones y sus líneas.

El sector aeronáutico ha vivido gran cambios en las últimas décadas cuando se terminaron los monopolios que los países otorgaban a empresas de su nacionalidad. Han cerrado compañías emblemáticas como PanAm o Swissair. Otras se han fusionado (Air France y KLM), otras sobreviven con subsidios estatales (Aerolíneas Argentinas y Alitalia). En Estados Unidos, es normal que algunas compañías aéreas se acojan a los beneficios del concordato (Chapter 11) para reestructurarse y reanudar sus operaciones. Lo que no es habitual es la forma en que Pluna capoteó, reflotó y volvió a capotar para ya no levantarse.

De por qué lo que parecía en 2007 un negocio viable (incluso con el cierre de la frecuencia a Europa, sumamente deficitaria), culminó en 2012 con un cierre abrupto es algo que se sabrá, quizá, si se dispone una auditoria independiente. Si hubo ilícitos, los tendrá que determinar la justicia. Pero no todo negocio que termina mal es un fraude ni todo negocio floreciente es ideal para las monjas de la Madre Teresa de Calcuta.

Lo que preocupa desde el punto de vista del derecho es la forma en que el gobierno ha manejado el cierre de Pluna y sus ideas respecto al futuro de otra línea aérea.

Veamos:

1) Se violó el principio de igualdad ante la ley con la aprobación de una norma individual de liquidación de la empresa que se aparta de la legislación concursal uruguaya.

2) Como dijo acertadamente el Dr. Ignacio de Posadas, se hizo post factum una norma Ad hoc, cambiando las condiciones habituales de concordato y quiebra.

3) Mediante esa alteración se pretenden cambiar los órdenes de cobro de los acreedores: el estado, garante de la compra de 7 aviones, se pone por delante de todos hipotecando los aviones a Pluna Ente Autónomo; luego se otorga preferencia al BROU y a ANCAP para cobrar sus créditos (el de ANCAP no se sabe cómo se cobrará aunque si se sabe que lo hará porque de lo contrario no habría votado la ley el sector de Raúl Sendic); los créditos de los trabajadores, entraran en la masa de acreedores a cobrar y luego vendrán proveedores y tenedores de pasajes comprados y pagados a Pluna). Quizá el estado recurra a Rentas Generales para pagar los créditos laborales o al fideicomiso que creó para incluir los activos de Pluna SA que se rematarán en el futuro.

4) Se ha otorgado indemnidad a los anteriores socios de la empresa Pluna SA, en una disposición más que cuestionable ética y jurídicamente.

5) En cualquier caso, se han modificado las reglas de juego comerciales para privilegiar una salida (formar otra empresa para mantener la conectividad del país) y a ciertos acreedores públicos. La formación de una nueva empresa parece hoy algo bastante etéreo. Es dudoso que ella sea rentable, salvo en lo que se refiere al Puente Aéreo. Y para ello se precisa la conformidad de Argentina en el otorgamiento de la frecuencias a una nueva empresa.

Todo lo cual nos lleva a una conclusión: dejando de lado por un momento las causas de por qué pasó lo que pasó y de si hubo algún hecho ilícito en estos 5 años, nos encontramos en un cambio sustancial de la legislación comercial que nada de bueno trae al país. Por el contrario, seguramente deteriore el clima de inversión.

No es que se avizoren vientos contrarios en el área económica, más allá de la desaceleración que se está produciendo y que estaba prevista. En la actividad económica, salvo una catástrofe monetaria y financiera en Europa que parece haber sido postergada, no se avizoran grandes problemas. Donde los hay, sí, es en nuestra situación institucional y en nuestra política exterior.

El episodio de la semana pasada en la cumbre de Mendoza que culminó con Paraguay suspendido del Mercosur hasta que se realicen nuevas elecciones y Venezuela ingresando por la ventana marca un claro retroceso en ese sentido. No se respetan las reglas del Mercosur que exigen la aprobación parlamentaria unánime de los cuatro países para el ingreso de nuevos miembros, se toman resoluciones sumarias (de la misma celeridad que se le critican al Senado paraguayo en el juicio político a Lugo), no se concede al Paraguay ni un mínimo derecho de defensa en juicio (al menos, Lugo tuvo 3 horas para hacerlo). Y para peor, resulta que ninguno de los 3 gobiernos tuvo intención de hacer ingresar a Venezuela en estas condiciones.

Almagro dice que eso no fue lo pactado y que Uruguay se vio obligado a seguir a Brasil y Argentina; Argentina dice no saber nada al respecto y Brasil asegura que reinó la unanimidad más plena en el ingreso de Venezuela pese a que la ausencia de Almagro cuando se votó y la presencia de Mujica solo en un segundo plano, sentado detrás de los presidentes, sugiere que si Uruguay votó el ingreso venezolano en esta instancia fue de mala gana y por no hacer uso del derecho de veto frente a nuestros dos principales socios comerciales (Argentina lo es a través del turismo y no de bienes).

Sea como sea, lo de Mendoza fue un papelón y las disidencias en el gobierno uruguayo otro tanto. Mirando desde fuera, todo parece fruto de una gran improvisación: no sabíamos bien lo que queríamos o no supimos plantearlo adecuadamente. Nos trajimos una posibilidad (aún solo de palabra y sujeta a las veleidades de nuestros socios, antiguos y nuevos) de hacer acuerdos bilaterales con países de la región. Poca cosa, aún si ello se concreta. Lo cierto es que lo que pretendía ser “cumbre” fue un “valle” de falta de reglas de juego claras. Después vayamos a explicar en el mundo lo que es el Mercosur.

Pero yendo más hondo, todas estas cosas tienen un denominador común. No son meramente un problema de política exterior, donde juegan muchos grandes y podemos perder con facilidad. Hay una sensación de que lo que está en juego no son valores económicos, acuerdos bilaterales o posibilidades de comercio. Está en juego el estado de derecho y las libertades individuales, entre las que se cuentan las de comerciar pero también las de estar protegido frente al poder del más grande y las de cumplir la palabra empeñada, que es el activo más fuerte de una persona y una nación.

Más allá de si nos conviene la estrategia X o Z para comerciar, exportar y relacionarnos con los vecinos o con lo no tan vecinos, lo grave de lo que está pasando en política exterior, seguridad, medios de comunicación, política de drogas, es que predomina la improvisación, que no hay respeto a las normas, a las instituciones, a los tratados, a la palabra dada, a la institucionalidad que nos dimos en su momento para regirnos.

Es un denominador común, para el que da lo mismo decir una cosa hoy y otra mañana. Y eso es muy grave. No da lo mismo: en el acierto o en el error, uno sigue una ruta. Si se equivoca y se cambia, bienvenido sea. Si no cambia, pues algún día se cambiará. Pero debemos rescatar el valor de la palabra dada (y por eso duelen mucho las actitudes del gobierno de la Sra. Kirchner que no respeta ni su propia palabra), del cumplimiento de los tratados (y si no los vamos a cumplir, digámoslo claramente que es lo de que debería hacer Argentina con el Mercosur: decir que no le interesa ni lo va a cumplir), de la generación de un clima de previsibilidad y de la generación de expectativas de poder avanzar en puntos en los que gobierno y oposición están de acuerdo.

Ese fue el aire renovador que trajo el presidente Mujica el día de su asunción y que, más allá de divisas y posiciones, generó optimismo. Hoy ese aire se ha perdido y no por culpa ajena. Se han creado problemas donde no los había y ha faltado rumbo claro y timón fijo. El gobierno está por llegar a la mitad de su recorrido: si relee y aplica el discurso del 1 de marzo de 2010, mucho se podrá hacer aún. De lo contrario, tendremos que vérnoslas con vientos contrarios que nos hemos fabricado nosotros mismos.