Reformas se necesitan, pero no estas

Expertos en educación de todo el espectro político están de acuerdo en dos cosas: que la educación pública está yendo barranca abajo desde hace años sin miras de una mejora en el horizonte cercano, y que es necesaria y urgente una reforma educativa profunda a efectos de que no quede una nueva generación sin las competencias debidas para ingresar en el mercado de trabajo y labrarse un futuro, o para navegar por la vida nutrida de cartas de navegación.

En el partido de gobierno, tanto la administración Mujica como la segunda administración Vázquez coinciden, en líneas sustanciales, en la necesidad de la reforma, en la profundidad de esta y en su dirección. Podrá haber matices sobre el famoso "cambio del ADN", pero no sobre la necesidad de llevarlo a cabo.

En los partidos de la oposición existe igual compromiso con la necesidad de la reforma educativa. Tanto, que en la administración Mujica la comisión de expertos conformada al respecto se puso de acuerdo con suma facilidad. No obstante, desde 2010 hasta hoy es muy poco lo que se ha hecho. Rencillas de egos en algunos casos, incompetencia de quienes fueron designados en cargos educativos en otros y la notoria oposición de los gremios docentes a toda cosa que no sea el aumento del presupuesto educativo a niveles crecientes del PIB y sin rendir cuenta del éxito o fracaso se han conjugado para conformar una telaraña imposible de romper.

Sin embargo, los ejemplos de éxito están al alcance de la mano: quien haya acumulado millas para viajar puede ir a Finlandia y otros países nórdicos en general. No se decepcionarán. Quienes no tengan millas acumuladas o no tengan ganas de viajar, pueden ir a ver los liceos privados gratuitos situados en zonas carenciadas de Montevideo, como Casavalle o el Cerro, o incluso al liceo Francisco de Paysandú.

La prioridad de Uruguay, luego de la década de bonanza de materias primas, es que la clave del crecimiento no esté en ellas y en sus precios, sino en la capacidad de nuestra sociedad de generar conocimiento de valor que se pueda exportar vía servicios o vía productos (yo diría más bien lo primero, pero sin descartar lo segundo). Estamos metidos de lleno en la sociedad del conocimiento y Uruguay ha invertido fuertemente en tecnología (Plan Ceibal, fibra óptica, red celular de última generación) para aprovechar esas oportunidades.

Pero en la mente de amplios sectores del partido de gobierno y de la cúpula sindical (que cuando viaja encuentra realidades distintas de los viejos eslóganes que esgrimen una y otra vez sin pensar demasiado si se han aggiornado o no), la reforma que prima y obsesiona es la reforma constitucional. No pasan tres meses sin que se reúna el Plenario Nacional del Frente Amplio o su bancada parlamentaria para expresar la necesidad de reformar nuestra Constitución. En todas esas oportunidades, la única voz disidente —vale reconocerlo— es la del astorismo, que señala que el país tiene problemas mucho más urgentes que resolver.

Aparentemente ha quedado por el camino la nefasta idea de convocar una Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma. Ese es el mecanismo preferido por los presidentes mesiánicos, como Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, que quieren barrer todas las instituciones y escribir un nuevo pacto fundacional, para entronizarse en el poder (individualmente o como partido), para difuminar la separación de poderes y menoscabar las libertades individuales y los derechos humanos. Y todo ello, so capa de extender o proteger estos derechos, como si no estuvieran suficientemente protegidos. Para muestra de ese espíritu, siempre aparece la necesidad de reformar la Suprema Corte de Justicia, que el partido de gobierno no considera dócil a sus ideas o dictados.

Preciso, es pues, mantener alejada la tentación constitucionalista y abocarse sin más a la madre de todas las reformas: la educación. El presidente Vázquez dijo el jueves 20 de abril que no se sentía vencido y que los resultados se verían al final de su período. Le tomamos la palabra.