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Regalar las papas porque están caras
Los frecuentes empeños frenteamplistas en regular todo bajo el dedo estatal, aunque sea al costo de coartar libertades básicas, orbitan nuevamente en pleno apogeo en torno a la publicidad electoral. Los proyectos que manejan senadores del oficialismo van desde eliminar la publicidad en medios privados de comunicación hasta apoderarse de sus espacios o el control de precios. La ofensiva está dirigida específicamente contra los canales privados de televisión. Pero los legisladores del Frente Amplio en la comisión del Senado que trata la financiación de partidos políticos y la publicidad durante las campañas, no parecen haber advertido que sus embates atacan por extensión a la libertad de mercados que establece nuestra estructura económica institucional.
Han elegido ahora como blanco a la televisión privada, objetando el alto costo de sus minutos de publicidad y arguyendo, como hizo el senador Marcos Otheguy, que los canales aplicaron precios diferentes a los partidos en la última campaña. La improcedente reacción es tratar de ampliar por ley la ingerencia estatal en el sector privado. La senadora Constanza Moreira anunció: “Dscutimos seriamente eliminar la publicidad electoral privada”. Como antes ya lo había propuesto el expresidente José Mujica, en violación de la libertad de comercio. Moreira planteó como alternativa que el Estado fije su costo, lo que equivale al control de precios. Otra opción que se maneja en el partido de gobierno es que los avisos partidarios en horarios centrales sean gratuitos, lo que implicaría que el sistema político se apodere sin compensación de propiedad privada al tomar períodos de transmisión. Es como si porque las papas están caras el Estado obligara al verdulero a regalarlas.
Los promotores de esta serie de desaguisados no solo descartan el notorio recorte que conlleva a libertades vigentes en la vida económica del país. Ignoran también que la regulación de la publicidad electoral, incluida en la cuestionada ley de medios de 2014, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el año pasado, atendiendo un recurso presentado por el líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres. Este fallo fue uno de los ocho de inconstitucionalidad emitidos hasta ahora por la SCJ sobre recursos contra 130 de los 202 artículos de esa ley, presentados por Mieres, los canales privados de televisión abierta, canales de cable y empresas de comunicaciones. Además del tema de la publicidad electoral, la principal objeción a la ley de medios es que restringe la libertad de prensa con medidas limitativas del contenido de lo que se publique o transmita.
Esta facultad quedaría en manos de un Consejo de Comunicación Audiovisual bajo control del gobierno de turno. La senadora Moreira dijo que confía en que ese organismo, rechazado fundadamente por la oposición y los medios privados, sea designado antes de mediados de año, permitiendo la reglamentación de la estancada ley restrictiva.
Más que insistir en coartar libertades, lo que corresponde es respetar derechos naturales en las áreas de la libre expresión y comercio, confirmados por la SCJ. Y si el Frente Amplio quiere hacer algo útil sobre publicidad electoral, el área pertinente es proteger la tranquilidad de la población contra el ruido ensordecedor de la propaganda callejera y la práctica de embadurnar las ciudades con pegatinas y pasacalles que después nadie retira.
