Relajo pero con orden

Un decreto del presidente Tabaré Vázquez conocido el lunes habilita a la Policía a desalojar a quienes impidan la libre circulación en calles y carreteras, sin necesidad de fallo judicial previo.

En Uruguay no faltan tanto leyes nuevas como voluntad política de hacer cumplir las viejas. Cortar calles e impedir la circulación es ilegal al menos desde el Derecho Romano, que comenzó a escribirse hace 2.700 años.

Hay tantas leyes que nadie puede estar seguro de no ser encarcelado. El problema no es ese. El problema es la falta de voluntad para hacerlas cumplir.

Las cosas andarían bastante mejor si se derogaran unos cuantos miles de leyes y decretos y se aplicaran a rajatablas algunos de los Diez Mandamientos: no matarás, no robarás, no engañarás, no levantarás falso testimonio.

Las responsabilidades personales están reguladas al menos desde el Código de Hammurabi, compilado hace unos 3.750 años, que ya advertía que la ignorancia de la ley no servía de excusa.

En esencia los piquetes son un método empleado por grupos de militantes, empleados o patrones, o por algún sector específico de la población, quienes por la fuerza perjudican a muchos más y logran efectos y difusión muy superiores a su fuerza y representatividad.

Así, por ejemplo, un puñado de ambientalistas argentinos mantuvo cortado el puente internacional Fray Bentos-Puerto Unzué entre 2006 y 2010, y provocó el conflicto binacional más importantes desde tiempos de Juan Domingo Perón y Luis Batlle Berres.

En Argentina se ha hecho escuela en materia de cortes de calles y obstáculos compulsivos, por cualquier motivo, hasta enloquecer a las personas, al menos desde la crisis de 2001. Allí es fácil cumplir el sueño del piquete propio.

Algunos diarios y páginas web ofrecen un servicio informativo cotidiano sobre cortes y conflictos, con la naturalidad de quien brinda el pronóstico del tiempo.

Los piquetes y ocupaciones se han vuelto moneda corriente en los conflictos laborales uruguayos al menos desde 2005, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno.

En mayo de ese año Vázquez derogó el decreto que habilitaba el ingreso de la fuerza pública a los locales de trabajo tomados por huelguistas, con la finalidad de desocuparlos.

Un decreto de José Mujica de fines de 2010 dio marcha atrás parcial al permitir a la Policía el desalojo de oficinas públicas ocupadas, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial.

Los conflictos suelen ser más marcados cuando media un cambio de gobierno, o cuando la economía se enlentece, como ocurre ahora, lo que agudiza la pugna por el ingreso.

Otras veces se trata de grupúsculos radicales que creen ser la chispa que encenderá la revolución social. Y también pueden ser empresarios disconformes, como los transportistas de combustibles o los propietarios de gasolineras.

En mayo de 2006, en pleno conflicto con Argentina por Botnia, la Policía desalojó a grupos de productores agropecuarios endeudados que acampaban frente al Palacio Legislativo y realizaban cortes esporádicos.

El nuevo decreto de Vázquez hace la salvedad de que la acción policial contra los cortes de vías públicas no debe afectar el derecho de huelga. Entonces la cuestión es determinar los límites de ese derecho.

Es improbable que el Ministerio del Interior actúe sin realizar antes cierto cálculo político. Todos los piquetes son iguales, pero algunos son más iguales que otros.

Así, por ejemplo, el jueves la Policía detuvo a algunos conductores de camiones que entorpecieron el ingreso de materia prima a la fábrica de Montes del Plata en la zona de Conchillas.

El negocio de Uruguay en los últimos 15 años ha sido diferenciarse de Argentina, no seguirla.

Pero no sería extraño que el gobierno tolere algunos tumultos laborales precisos.

Sí parece haber menos buena voluntad ante los gremios patronales, aunque también se trate de trabajadores; con los cortes en la Interbalnearia los domingos de tarde; o con los militantes ultras de organizaciones como Plenaria Memoria y Justicia, afectos a los disturbios y ansiosos por ser victimizados.