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Relatoría de la Cámara de Diputados da visto bueno al impeachment contra Rousseff

Un informe presentado hoy en el Congreso consideró que las "violaciones practicadas por la presidenta" justifican el juicio político
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06 de abril de 2016 a las 19:05

El proceso de juicio político en Brasil avanzó hoy un paso más, luego de que el relator de la Comisión de la Cámara de Diputados que analiza el impeachment resolvió que Dilma Rousseff debe ser sometida al proceso por los delitos que se le imputan, entre ellos, manipulación de fondos del Estado.

Jovair Arantes, diputado encargado de supervisar el informe que se presentó hoy, se manifestó a favor de la "admisibilidad jurídica y política de la acusación" por lo que autorizó la "instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad" de la mandataria.

El informe de 188 páginas, presentado en medio de expresiones a favor y en contra del juicio político, consideró que "la denuncia reúne todas las condiciones jurídicas y políticas" para que sea admitido por la Cámara de Diputados.

"La magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación", por lo que "tales actos justifican la apertura excepcional del mecanismo de impeachment", explica el informe. Los 65 diputados que conforman la Comisión de la Cámara podrán modificar el texto hasta el lunes próximo, cuando procedan a votarlo.

Cualquiera sea la decisión, se trata de un informe no vinculante que debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Se estima que el debate sobre el proceso se iniciará el viernes 15, mientras que la votación final quedaría para el lunes 18 de abril.

La moción debe contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados (dos tercios), para pasar a la Cámara de Senadores. Y si éste a su vez la aprueba, por mayoría simple (el voto podría ocurrir a inicios de mayo), Rousseff será separada de su cargo por un máximo de seis meses, en espera del veredicto final, que estará igualmente en manos del Senado.


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