Economía y Empresas > Cambios
Rendición sube impuestos a actividades con paraísos fiscales
Ernst & Young: además formaliza imposibilidad de ajustar inflación en IRAE
Tiempo de lectura: -'
24 de junio de 2016 a las 05:00
La Rendición de Cuentas incluye, entre otras modificaciones impositivas, un aumento a la tributación a las actividades que desempeñen empresas en paraísos fiscales e involucren a residentes.
En un encuentro realizado ayer con sus clientes en el hotel Sheraton, los expertos de la consultora Ernst & Young (EY) analizaron la letra chica del texto de Rendición de Cuentas en sus disposiciones tributarias elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Más allá de modificaciones como el aumento de las alícuotas más altas de IRPF e IASS, el proyecto contempla un aumento en la tasa de impuestos que pagan las rentas obtenidas por empresas radicadas en paraísos fiscales por sus negocios con uruguayos. Antes tributaban la tasa básica de Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) de 12% y a partir del año que viene pasarán a pagar el 25%.
Según explicaron los expertos, la medida busca "desincentivar" los negocios de uruguayos con entidades "residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación". La nueva normativa deja afuera los dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes de IRAE.
En ese sentido, la socia de EY en materia tributaria, Martha Roca, sostuvo que "el país ha seguido el camino del deber ser en cuanto a su política fiscal en el contexto internacional, especialmente influenciado por la presión ejercida por la OCDE. Asimismo, esto se da en el marco del vínculo que surgió entre Uruguay y los tan mencionados Panama Papers".
Otro aspecto que reglamenta en calidad de ley la Rendición de Cuentas es la modificación del ajuste por inflación a la hora de calcular el IRAE a las empresas. Para el ejercicio 2015, el gobierno había resuelto a través de un decreto del 30 de diciembre –un día antes de que cerrara el año fiscal–, evitar que las empresas realizaran el ajuste que les permite reducir la carga del impuesto, lo que implicó un incremento importante e inesperado en el monto a pagar en varios casos.
Según los expertos de EY, de aprobarse la Rendición de Cuentas, el ajuste por inflación solo se podrá realizar en un contexto de "economía hiperinflacionaria", que implica, entre otras cosas, que el aumento de los precios al consumo acumulados en los últimos tres años supere el 100%, algo que escapa a la proyección del más pesimista de los analistas privados.
"Vemos a la DGI en cada uno de los artículos", dijo Roca. La experta sostuvo que hay varias disposiciones en la Rendición de Cuentas que aumentan las potestades del órgano recaudador, que apuntan directamente a convalidar prácticas por las cuales distintos organismos de contralor han fallado en contra de DGI ante el reclamo de privados.
"Si uno hace un racconto de los casos que perdió la DGI ante un tribunal, de alguna manera son contemplados en la ley para no volver a perderlos", dijo la experta.
El equipo de EY puso como ejemplo la disposición que habilita al órgano recaudador a utilizar técnicas de muestreo –el 10% de las empresas contribuyentes– e información de competidoras como base de presunción. Esto es, cuando las empresas no cuentan con "contabilidad suficiente" y no se puede determinar la base sobre la cual la empresa debe pagar impuestos.
En un encuentro realizado ayer con sus clientes en el hotel Sheraton, los expertos de la consultora Ernst & Young (EY) analizaron la letra chica del texto de Rendición de Cuentas en sus disposiciones tributarias elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Más allá de modificaciones como el aumento de las alícuotas más altas de IRPF e IASS, el proyecto contempla un aumento en la tasa de impuestos que pagan las rentas obtenidas por empresas radicadas en paraísos fiscales por sus negocios con uruguayos. Antes tributaban la tasa básica de Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) de 12% y a partir del año que viene pasarán a pagar el 25%.
Según explicaron los expertos, la medida busca "desincentivar" los negocios de uruguayos con entidades "residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación". La nueva normativa deja afuera los dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes de IRAE.
En ese sentido, la socia de EY en materia tributaria, Martha Roca, sostuvo que "el país ha seguido el camino del deber ser en cuanto a su política fiscal en el contexto internacional, especialmente influenciado por la presión ejercida por la OCDE. Asimismo, esto se da en el marco del vínculo que surgió entre Uruguay y los tan mencionados Panama Papers".
Otro aspecto que reglamenta en calidad de ley la Rendición de Cuentas es la modificación del ajuste por inflación a la hora de calcular el IRAE a las empresas. Para el ejercicio 2015, el gobierno había resuelto a través de un decreto del 30 de diciembre –un día antes de que cerrara el año fiscal–, evitar que las empresas realizaran el ajuste que les permite reducir la carga del impuesto, lo que implicó un incremento importante e inesperado en el monto a pagar en varios casos.
Según los expertos de EY, de aprobarse la Rendición de Cuentas, el ajuste por inflación solo se podrá realizar en un contexto de "economía hiperinflacionaria", que implica, entre otras cosas, que el aumento de los precios al consumo acumulados en los últimos tres años supere el 100%, algo que escapa a la proyección del más pesimista de los analistas privados.
Más poder a la DGI
"Vemos a la DGI en cada uno de los artículos", dijo Roca. La experta sostuvo que hay varias disposiciones en la Rendición de Cuentas que aumentan las potestades del órgano recaudador, que apuntan directamente a convalidar prácticas por las cuales distintos organismos de contralor han fallado en contra de DGI ante el reclamo de privados.
"Si uno hace un racconto de los casos que perdió la DGI ante un tribunal, de alguna manera son contemplados en la ley para no volver a perderlos", dijo la experta.
El equipo de EY puso como ejemplo la disposición que habilita al órgano recaudador a utilizar técnicas de muestreo –el 10% de las empresas contribuyentes– e información de competidoras como base de presunción. Esto es, cuando las empresas no cuentan con "contabilidad suficiente" y no se puede determinar la base sobre la cual la empresa debe pagar impuestos.
