Resistencias al pago de asignación familiar sin exigir nada a cambio

Autoridades de Primaria y oficialismo están en desacuerdo con el Mides
La propuesta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que las asignaciones familiares se paguen pero sin exigir, como ahora, a las familias la contraprestación de mandar a sus hijos a estudiar, encontró resistencias en distintos ámbitos. Desde filas oficialistas, autoridades de la educación y desde la oposición, se marcó el rechazo a la propuesta que el Mides propondrá al gabinete social que integran, además de ese ministerio, Economía, Vivienda, Trabajo, Salud, Educación, Turismo e Interior.

El Mides ya había cuestionado la suspensión de las asignaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo a las familias que dejaban de enviar a sus hijos a la escuela. El año pasado fueron unas 11.000 los padres que se quedaron sin ese beneficio y por ese lado el gobierno presionó para que los jóvenes volvieran a clase. Según había explicado el presidente del BPS, Heber Galli, a El Observador, cuando el sistema educativo informa al organismo previsional los datos con la matriculación de los estudiantes y se detecta los que no van a clase se les suspende el pago de la prestación en forma automática.

"Hay una idea de que la educación es un derecho ahora y antes no lo era. La educación siempre fue un derecho y un deber", dijo el representante de los docentes en el Codicen, Robert Silva

Para el Mides eso no ayuda a que el niño retorne al sistema educativo. La subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera dijo a El Observador que "el debate no está saldado". "En el Mides pensamos que la asignación familiar es un derecho de los niños y los adolescentes y que muchas veces retirando ese ingreso no necesariamente se favorece su inclusión en el sistema educativo y sí se está penalizando doblemente a la familia". "Nosotros no compartimos el hecho de que sea condicional la asignación familiar", explicó la jerarca del Ministerio que encabeza Marina Arismendi.

En el Poder Ejecutivo la idea se maneja con cautela. "Cuando se presente formalmente la propuesta se discutirá", comentó brevemente a El Observador la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.

La jerarca prefirió no adelantar su opinión respecto a la conveniencia de dejar de vincular el pago de esos recursos a que los jóvenes concurran a clase.

El diputado Alfredo Asti –del Frente Liber Seregni, el sector del ministro de Economía Danilo Astori– consideró que la iniciativa del Mides es "inconveniente" cuando el gobierno busca por todos los medios asegurar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. "Más allá que la asignación es un derecho y estudiar también lo es, en esta situación de deserción estudiantil no es conveniente impulsar esa medida", afirmó Asti a El Observador. Dijo que hay que ver "el bajo número de egresados" de Secundaria y "el compromiso" del gobierno de mejorar eso, para darse cuenta que "es importante mantener esa herramienta", dijo el diputado frenteamplista.

"Lo bueno es que concurran y cobren la asignación. Este es un debate que no está saldado", aseguró Ana Olivera, subsecretaria del Mides

El consejero de Primaria Héctor Florit fue contundente en rechazar la propuesta de quitar la contraprestación que se exige a las familias que reciben el beneficio económico. Florit entiende que la retención de la asignación familiar "es una medida coercitiva" que permite "asegurar" la asistencia a clase de los niños, según dijo a El Observador. "Soy absolutamente defensor del sistema de suspensión de las asignaciones", dijo quien participó del armado de este programa. De las cerca de 5.000 asignaciones suspendidas en Primaria, 1.500 niños volvieron a la escuela inmediatamente después de la suspensión en 2016.

Por su parte, otro de los consejeros de Primaria, Pablo Caggiani, dijo a El Observador que "a priori" tiene una postura distinta a la de Florit aunque dijo que se tiene que "sentar a pensar". "Si el resultado que tiene esto es que de 5.000 (asignaciones que se suspenden) hay 1.500 alumnos que vuelven, capaz que no es una buena medida o no es la única", señaló en referencia a que la quita de la asignación no parece persuadir a los padres.

De las cerca de 5.000 asignaciones suspendidas en Primaria, 1.500 niños volvieron a la escuela inmediatamente después de la suspensión en 2016.

Desde el Codicen, el consejero representante de los docentes, Robert Silva, también se mostró contrario a la propuesta que impulsa el Mides. "Debemos arbitrar mecanismos para asegurar que el derecho-deber que tienen los alumnos de asistir a la educación formal obligatoria se cumpla y una prestación social que tiene una contraprestación para recibirla, debemos tratar de que efectivamente continúe de esa forma", opinó Silva en el programa Pisando Fuerte de Metrópolis FM. Recordó que su familia cobraba Asignación Familiar cuando él era niño y dijo que se trata de un beneficio que paga la sociedad. "Nosotros tenemos derechos y obligaciones y los padres tenemos que asumirlas", afirmó Silva.

Desde la oposición, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) opinó que la propuesta del Mides "es una barbaridad". En su cuenta de Twitter escribió que la iniciativa es una "vergüenza", y agregó que se está ante un caso de "clientelismo político" que promueve "la deserción escolar".



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