Retirarán el arma a policías que sean denunciados por violencia doméstica

El Ministerio del Interior reglamentó la ley de “Prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica”, y aprobó un protocolo de actuación para casos que involucren a funcionarios del ministerio, “sea en calidad de víctimas o de agresores”. El protocolo establece “el retiro obligatorio del arma de reglamento a la persona ofensora, de manera preventiva”, tras la denuncia, que puede ser anónima. Además, establece “subsidios económicos y apoyos especiales para las víctimas”.

A pesar de que el decreto firmado este martes por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no excluye a quienes tengan antecedentes penales por violencia doméstica como aspirantes a policías, pero exige “jerarquizar en los procesos de ingreso y destino los informes psicológicos de selección cuando se trate de aspirantes con antecedentes en violencia doméstica y de género”.

El decreto se firmó tras un comienzo de año dramático en cuanto a violencia de género. En los primeros 70 días del año hubo 13 homicidios por violencia doméstica y/o de género, la misma cantidad que en todo 2014, informó Bonomi el 11 de marzo, en un acto en conmemoración por el día de la mujer. Tres homicidas fueron policías, y uno de ellos conservaba su arma, a pesar de que recibía tratamiento psicológico por violencia. Un cuarto agente se sumó luego a la lista (ver casos).

“La violencia doméstica no es un problema policial, sino social, que se expresa dentro de la Policía y en todos lados”, dijo ese día Bonomi. De todas maneras, en el marco de referencia, el decreto expresa que “las instituciones fuertemente masculinizadas como la Policía, han desarrollado una cultura sobre las identidades, roles y atributos de género que actúa no solo en el proceder hacia fuera sino también en el interior de la fuerza”.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, había advertido que el problema, que permea a toda la sociedad se agrava en filas policiales. “Me preocupa muchísimo que este año ya tengamos dos muertes paradigmáticas, porque los homicidas son funcionarios policiales. Me preocupa que funcionarios a los que el Estado les da armas para proteger a la sociedad las utilizan para agredirla”, expresó Díaz a El Observador tras el segundo crimen del año por violencia doméstica cometido por un policía.

Falta grave
Las denuncias pueden ser presentadas por “la persona afectada, por terceras personas que pueden dar testimonio del hecho, denuncias anónimas o por personas implicadas en el hecho”.

Entre las competencias de las unidades policiales que recepcionen denuncias que involucren al funcionariado del Ministerio del Interior, está el “retiro obligatorio del arma de reglamento a la persona ofensora, de manera preventiva”. La Junta Médica Nacional de Aptitud será la encargada de “evaluar” el reintegro del arma. A su vez, se iniciará un expediente administrativo, que, en caso de probar la agresión, se considerará “falta grave”. Sin perjuicio de ello, la Justicia podrá disponer un castigo con una pena de seis a 24 meses de prisión, como establece la ley.

Protección a las víctimas
“Las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica y de Género (...) garantizarán la protección inmediata de la persona identificada como víctima”, establece el decreto. Si bien en estos casos se implementa el sistema de tobilleras electrónicas para evitar el acercamiento del agresor a la víctima, el decreto no hace referencia a este sistema, porque está operativo solo en la zona metropolitana: Montevideo, Canelones y San José.

El decreto también exige “proporcionar, a través de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (...), asesoramiento, subsidios económicos y apoyos especiales para las víctimas de violencia doméstica y de género”.