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Revocación de Maduro está en riesgo por decreto de excepción

Oposición no cede terreno y llama a manifestarse como método de presión
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17 de mayo de 2016 a las 05:00
Algunas veces el fuego se inicia solo con una chispa. En otras, es necesario que varias condiciones estén presentes para que se desencadene la reacción. Hoy, el fuego en Venezuela está latente y la pregunta de todos es cual será la chipa que hará detonar la situación o si en cambio la reacción final será producto del cúmulo de circunstancias que vive el país actualmente.

Por lo pronto, la radicalización es una realidad: el gobierno de Nicolás Maduro decretó un estado de excepción que exacerbó el ánimo de los opositores, que lo ven como una amenaza al referéndum de revocación que pretenden convocar antes de enero de 2017.

Este decreto, que regirá en el país en los próximos tres meses, se añadió a una extensión de la emergencia económica que está vigente desde enero.

A pesar de esta duración estimada, Maduro no descartó decretar una prórroga para ese estado de excepción hasta 2017.

La medida, que restringe el derecho de protesta y reunión, además de autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, se realizó en el marco de una orden del presidente venezolano de tomar las fábricas que se encuentran con su producción detenida. Además, Maduro ordenó encarcelar a los empresarios dueños de estas empresas por "sabotear" el acceso a los alimentos de la población venezolana.

Maduro tiene en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar, principal productora de alimentos y bebidas del país, paradas por falta de dinero para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.

El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con el pretexto de que hay una "crisis humanitaria".
Además, con esa supuesta "amenaza externa", el gobierno chavista ordenó realizar ejercicios militares el próximo sábado.

El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la "guerra económica", que, en su opinión, ejecuta la oposición y también empresarios de la derecha para inducir a la escasez y poner al pueblo en su contra.

En ese marco, se desplegó un plan para el abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, y se comprometió a flexibilizar el control de precios a cambio de que algunas industrias eleven la producción.

La importancia de la medida de excepción radica, sobre todo, en la posibilidad de que pueda frenar el proceso de revocación impulsado por la oposición, que ha generado un considerable apoyo en una población venezolana molesta con las condiciones en las que está viviendo.

Según la firma Datanálisis, siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que "su vida ha empeorado".

El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, denunció que Maduro y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se reunieron el martes y acordaron posponer el referendo para febrero de 2017, de manera de evitar la convocatoria de elecciones tras un eventual recorte del mandato del presidente.

Si el referéndum se realizara luego de enero, Maduro debería ser sustituido por el actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

Respuesta opositora

La oposición, encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal alianza opositora del Parlamento, y Henrique Capriles, no demoró en reaccionar ante la amenaza que parece cernirse sobre su anhelada revocación del gobierno.

"Hay un Poder Electoral que, en teoría, es autónomo e independiente. A ese Poder Electoral es al que hay que obligar a que cumpla con su deber de ratificar el derecho del pueblo al referendo", declaró ayer el vocero de la MUD, Carlos Ocariz. A su vez, aseguró que la coalición opositora "va a seguir presionando" para que el referéndum se realice dentro del marrco que consideran justo, a la vez que amenazó con realizar manifestaciones frente a la sede del CNE en Caracas.

El líder opositor Capriles tambien advirtió sobre el riesgo de que el gobierno y el CNE, al que acusa de servir a Maduro, "tranquen" la consulta.

"Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio", dijo, al explicar que esa sería la única salida pacífica a la crisis que padece hoy el país.

El chavismo reitera el "fraude" de las firmas

La comisión designada por la Presidencia venezolana para la revisión de la solicitud de referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro reiteró ayer su acusación a la oposición de consignar firmas fraudulentas para solicitar la activación del mecanismo. El jefe de esta comisión, Jorge Rodríguez, aseguró que, entre las firmas entregadas al Poder Electoral correspondientes al 1 % del patrón electoral, figuran firmas de ciudadanos fallecidos, sin huella dactilar, con caligrafía similar o que no corresponden a la entidad.

La solicitud de la activación del mecanismo de revocación es "un procedimiento relativamente sencillo pero que ustedes encochinaron", criticó Rodríguez en rueda de prensa.

"Esto es un fraude a la ley, esta es una operación fraudulenta que no está dirigida a activar el mecanismo porque la derecha sabe que es imposible que se haga un referendo este año", señaló.
"Ellos no se fueron por recoger el 1 % de las firmas sino que montaron una operación de guerra psicológica, de marketing, para decir hay que tumbar a Maduro ya, no hay que esperar nada, ni referendo, ni nada", señaló Rodríguez.

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