Riesgoso conflicto que legó Mujica

Equiparar los sueldos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con lo los del Consejo de Ministros, dejó a Vázquez un problema de difícil solución

Cumplir con una ley difícil de financiar o enfrentar paralizaciones parciales en el funcionamiento del Poder Judicial es la disyuntiva que, entre tantos otros errores, el expresidente José Mujica legó a su sucesor Tabaré Vázquez. Los funcionarios judiciales y actuarios que reclaman lo que se les adeuda incluso han llevado su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con el argumento de que “el Estado le dio un portazo al Poder Judicial” y que el gobierno incumple una ley y varios fallos posteriores que confirmaron su vigencia. El intríngulis se generó cuando la administración Mujica equiparó los sueldos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a los del Consejo de Ministros. Pero en ese momento nadie pareció darse cuenta de que, por ley, el porcentaje de aumento a los ministros de la SCJ se aplicaba obligatoriamente en cadena a todo el personal del Poder Judicial.

Cuando se percibieron del traspié, ya era tarde. Toda la estructura judicial reclamó su porcentaje de aumento. Después de largos meses de arduas negociaciones, el gobierno actual, basándose en la escasez de recursos fiscales, logró que los jueces y fiscales aceptaran un incremento menor. Pero la Asociación de Funcionarios Judiciales exige que se les aumente el total, lo que supone un salto salarial del 21,6%, y rechaza el 15% ofrecido por el gobierno. El propio Vázquez, durante el reciente Consejo de Ministros en Florida, exhortó a los funcionarios y actuarios a que accedan a ese aumento. Pero no solo lo rechazan, sino que la dirigente sindical Graciela Panizza sostuvo que el gobierno no les pagaría el 15%, sino apenas el 8%, dividido además entre este año y el próximo.

Al margen de esta discrepancia, la disputa no tiene visos de solución. Los funcionarios ya retacean la tramitación de algunos juicios y pueden incrementar paros, como advirtió el presidente de la SCJ, Jorge Chediak. El magistrado señaló que, además de los problemas que ya se han planteado, si el conflicto no se soluciona se verá afectado adversamente el nuevo Código del Proceso Penal. Esta vital reforma, con sustitución de un sistema acusatorio por el anticuado sistema inquisitorio vigente, está fijada para julio, aunque los fiscales quieren postergarla hasta noviembre para dar tiempo a corregir defectos del proyecto original. En cualquier caso, urge solucionar un conflicto que crea trabazones en la administración de Justicia que ya se perciben y que pueden agravarse en el futuro.

Es obvio que los reclamos de los funcionarios judiciales tienen fundamento legal. Pero es necesario que actúen con realismo y ponderación, reconociendo que los aumentos a que tienen derecho legal fue una profunda equivocación de la administración Mujica y que las finanzas públicas, golpeadas por el despilfarro de los dos primeros gobiernos del Frente Amplio en el gasto público, no están en condiciones de solventarlos. En ese caso, la única salida que parece viable es que los funcionarios y actuarios acepten el aumento ofrecido por el gobierno del 15%, como hicieron los jueces y fiscales, siempre que ese sea el porcentaje real y no el 8% que señala Panizza. Si no se sigue este curso, el gobierno se verá en figurillas para reparar otro de los muchos platos rotos que le dejó Mujica y el país enfrentará la desairada posibilidad de recibir un tirón de orejas del organismo de derechos humanos de la OEA.


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