Robo a Humanidades: sin pistas e investigan entorno de laboratorio

El lunes, tras el receso de Semana Santa, los integrantes del laboratorio del Grupo de Investigación de Arqueología Forense volvieron a su oficina y comprobaron que el lugar había sido violentado y que varios discos duros de las computadoras fueron formateados y que faltaban discos externos donde había información vinculada a causas judiciales sobre desaparecidos en la dictadura (1973-1985).

Además, en un plano de Montevideo que está colgado en una pared del laboratorio fueron marcadas las zonas de los domicilios de los investigadores, cosa que fue interpretada como un intento de amenaza o amedrentamiento.

La indagatoria, a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, se enfoca de momento en las personas más cercanas al laboratorio, donde trabajan 9 investigadores que cooperan con la Justicia en causas de desaparecidos durante la dictadura en el marco de un convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia.

Fuentes policiales consultadas por El Observador dijeron que ninguna de las personas que tiene llave del recinto denunció haberla perdido o haber sido víctima de un robo, a lo que se suma que la puerta de acceso no fue forzada.

En tanto, Policía Científica efectuó un relevamiento en busca de huellas ajenas a quienes trabajan en esa oficina.

Las fuentes dijeron que para la Policía, el hecho de que se haya señalado en el mapa de Montevideo el lugar donde viven los investigadores implica una "amenaza", y por tal razón las autoridades se comunicaron con los profesionales ante la posibilidad de que alguno entienda necesario contar con vigilancia o custodia especial, algo que, de momento, nadie solicitó.

Por su parte, el juez penal Eduardo Pereyra, a quien la Policía dio cuenta del caso, expresó ayer a El Observador "que hasta ahora no hay ningún indicio ni ningún elemento" que sirva para avanzar en la investigación.

El magistrado espera que las pericias técnicas realizadas a las computadoras permitan establecer cuándo fueron formateadas, ya que con eso se tendrá un indicio firme para saber la fecha en que se produjo el ingreso no autorizado al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense.

"De cerca"

En tanto, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, transmitió al decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, que el presidente Tabaré Vázquez "sigue de cerca" el episodio registrado en el laboratorio del Grupo de Investigación de Arqueología Forense de ese centro de estudios.

Rico dijo a El Observador que Roballo, en nombre del gobierno, "se solidarizó con los integrantes del grupo de investigación y transmitió un saludo del presidente" Vázquez. Según el decano, el presidente "está enterado" del asunto y "sigue de cerca el tema".

El decano aseguró que a pesar de lo ocurrido existió una "reafirmación del compromiso de trabajo" de los expertos que retomaron sus tareas en forma inmediata. Para Rico, es claro que en función del proceder de los intrusos el objetivo fue "apropiarse de información y hacerla desaparecer".

Rechazo

El Ministerio de Educación y Cultura emitió ayer un comunicado en el que expresó su "preocupación frente a la amenaza implícita en la identificación de las direcciones personales de los investigadores del grupo" de expertos de la Facultad de Humanidades.

En tanto, la Institución Nacional de Derecho Humanos advirtió la "gravedad" del episodio y que espera "la pronta identificación de las personas responsables de dichos hechos y su puesta a disposición de la Justicia". El organismo sostuvo que es claro que se busca "entorpecer" la labor de investigación que se realiza "hace varios años".

Por otra parte, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó en un comunicado el episodio registrado en el laboratorio del Grupo de Investigación de Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades debido a que busca "intimidae a aquellos que trabajan directamente en el tema".

La organización sostuvo que "este hecho retrotrae a las prácticas ejercidas por el terrorismo de Estado" y reclamó que el gobierno ubique a los responsables y los ponga "a disposición de la Justicia".