Rousseff se siente fuerte y sigue luchando por volver al poder

Informe técnico había desestimado el principal argumento del impeachment
El día después de que un informe de técnicos del Senado brasileño señalara que no existen pruebas de que la suspendida presidenta, Dilma Rousseff, haya participado en las maniobras fiscales que supusieron la apertura del juicio político tramitado en la actualidad por el Congreso, la mandataria prometió otra vez "luchar" para permanecer en el cargo. El informe de auditores independientes, que había sido pedido por la defensa de Rousseff, abrió una esperanza a la mandataria y a su Partido de los Trabajadores pero, aunque usarán los argumentos en su favor, la izquierda brasileña tiene claro que la definición del tema será política.

"Voy a luchar contra este juicio político. Y en el futuro quiero pelear contra las consecuencias, que aunque yo vuelva estará en las instituciones", dijo ayer Rousseff al ser entrevistada por radio Metrópole de la ciudad de Bahía.

"Cada vez es más claro que las razones que conducen al proceso de impeachment carecen de fundamento. La junta pericial del Senado dijo que no había participación mía en el plan Safra, esa cuestión tan difundida de las pedaleadas", agregó.

Un informe técnico de 223 páginas realizado a pedido de la defensa de Rousseff difundido el lunes sostuvo que la mandataria fue responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la pertinente autorización del Congreso.

Sin embargo, según una nota divulgada por el Senado, los técnicos no encontraron pruebas de que Rousseff participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, considerados por la oposición como maniobras fiscales y que, de acuerdo con la acusación, supondrían un crimen de responsabilidad, lo que podría terminar con la destitución de la jefa de Estado.

La acusación de los opositores asegura que el gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.

Esas prácticas, que datan de 2014 y se mantuvieron en 2015, dieron sustento a la acusación que llevó a la apertura del juicio político contra Rousseff, quien el pasado 12 de mayo fue suspendida de sus funciones y sustituida en forma interina por su entonces vicepresidente, Michel Temer.

En la entrevista realizada en la mañana de ayer, la presidenta suspendida también atacó a Temer pero, al mismo tiempo, realizó autocrítica por haber formado una alianza electoral con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), sector del presidente interino.

"El presidente en funciones ni siquiera puede gobernar sin hablar con el presidente suspendido de la Cámara de Diputados, que ya ha sido denunciado por el Supremo Tribunal Federal", dijo en alusión al diputado Eduardo Cunha, uno de los principales promotores de su impeachment, que fue suspendido de su cargo por estar involucrado en casos de corrupción.

"Estamos en un momento especial. Debemos restaurar los logros y allanar el camino para que se pueda crear una verdadera democracia. El error más obvio que cometí fue la alianza con una persona que, explícitamente, frente al país entero, adoptó actitudes de traición y usurpación", agregó Rousseff.
La presidenta siempre mantuvo que las supuestas maniobras fiscales que motivaron la apertura del juicio político son parte de los manejos contables habituales de cualquier gobierno en Brasil.

Lo que se viene

La fase procesal del impeachment concluirá a fines de julio en el Senado, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.

Ese informe será sometido a principios de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue. Si así fuera, la Corte Suprema convocará al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.

En instancia definitiva, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría especial de dos tercios de los senadores (54 votos).

En ese caso, Temer debería completar el mandato que vence el 1° de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta recuperaría el poder una vez que sea publicada la sentencia.

Fuente: EFE

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