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Rousseff y un agosto olímpico que nunca más podrá olvidar
A punto de ser destituida, ahora es investigada por primera vez por el caso Petrobras
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18 de agosto de 2016 a las 05:00
Cuando el 1° de enero de 2015 asumió su segundo período al frente del Palacio de Planalto, Dilma Rousseff esperaba con ansias el mes de agosto de 2016. La celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro sería la primera vez en la historia que el evento de escala mundial llegaría a Sudamérica y gran parte del mérito para ganar la sede le correspondió a gestiones del líder de su gobernante Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva.
Un año y ocho meses más tarde, Dilma no pudo celebrar esta festa, aunque este agosto será difícil de olvidar para ella por otros motivos.
El Senado brasileño se apresta a votar su destitución a fin de mes, algo que ya podía prever, pero la noche del martes se le sumó un nuevo contratiempo: será investigada en el marco de la Operación Lava Jato, un caso que indaga una red de corrupción política que desvió más de US$ 2.000 millones a través de la empresa estatal Petrobras.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la apertura de una investigación a la presidenta Rousseff y al expresidente Lula da Silva por supuesta obstrucción del curso de la investigación del caso Petrobras.
Según informó la cadena televisiva Globo, la decisión del juez Teori Zavascki autorizó al fiscal general Rodrigo Janot a buscar evidencia adicional de que Rousseff trató de nombrar a Lula como ministro jefe de su gabinete en marzo pasado para ayudarlo a evitar un proceso judicial.
La designación de Lula como ministro de la Casa Civil de Rousseff fue interpretada por la fiscalía como un intento de dotar a su antecesor en la presidencia y padrino político de fueros y así obstaculizar las investigaciones.
Zavascki también autorizó la apertura de investigaciones independientes a Aloízio Mercadante y José Eduardo Cardozo, dos exministros de Rousseff, por acusaciones similares.
La investigación sobre Petrobras ya demostró que las principales constructoras del país obtenían contratos con esa compañía a cambio de sobornos destinados a directivos de la estatal y a políticos y sus partidos. El escándalo llevó a la cárcel o tiene bajo investigación a gran parte de la elite política y empresarial de Brasil.
Los acusados niegan
Esta decisión de la Justicia aumentará la presión sobre los dos líderes políticos de la izquierda brasileña. Es la primera vez que un juez del STF autoriza una investigación a Rousseff, quien será sometida a un juicio político en el Senado el 25 de agosto bajo cargos de manipular las cuentas públicas.Solo el STF puede autorizar las investigaciones contra Rousseff y los miembros del gabinete, debido a que gozan de inmunidad.
En un comunicado, los asesores de prensa de Rousseff negaron cualquier intento por obstruir la Justicia y señalaron que la investigación permitirá "que la verdad prevalezca". Los abogados de Lula, en tanto, afirmaron que el exmandatario "jamás practicó ningún acto que pueda configurar el delito de obstrucción a la Justicia", y afirmaron que el dirigente no se opone a ser investigado, siempre y cuando se respete el debido proceso.
La fiscalía también ve indicios de que Rousseff nominó a dos jueces del máximo tribunal de apelaciones a cambio de que estos votaran, llegado el momento, a favor de liberar a poderosos empresarios vinculados al esquema de corrupción.
El juicio político
Rousseff, suspendida desde el 12 de mayo, enfrentará en los próximos días la fase final de su juicio de destitución. Acusada de haber violado la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso, el mandato de Rousseff tambalea.La presidenta fue derrotada holgadamente en todas las votaciones del proceso de destitución hasta ahora. La primera mujer en presidir Brasil reiteró el martes que es inocente, que el impeachment carece de bases legales y que jamás cometió una "deshonestidad" a lo largo de su vida política.
Además, ayer anunció que comparecerá ante el Senado para defenderse (ver nota aparte).
Para salvarse de la destitución, la presidenta propone a los senadores un pacto para retornar al gobierno y realizar un plebiscito que posteriormente permita convocar elecciones anticipadas.
La resolución del impeachment se espera para los últimos días de agosto y, según los pronósticos de analistas y de los propios senadores, la votación final confirmará en el cargo al presidente interino Michel Temer hasta fines de 2018.
Si se concreta la destitución de Rousseff se terminará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder, que desde que Lula llegó a la presidencia, en 2003, reivindica haber sacado a millones de brasileños de la pobreza.
Tchau, querida
En marzo se difundió una conversación telefónica entre Dilma y Lula en la que la mandataria le decía que le había enviado el documento de designación como ministro para usar "en caso de necesidad". Al finalizar la conversación, el expresidente se despidió con una recordada frase: "Tchau, querida".
La última defensa será cara a cara
La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resolvió comparecer ante el Senado durante la sesión final de su juicio político de la próxima semana para ofrecer su testimonio a los legisladores.
La mandataria presentará personalmente su defensa en la última fase del juicio que le puede costar el cargo el 29 de agosto, según fue definido ayer durante una reunión entre el presidente del Senado, Renán Calheiros, y el de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.
Lewandowski, corresponsable del proceso y garante constitucional de su desarrollo, ratificó que la fase final empezará el próximo jueves, cuando el Senado comenzará a escuchar a los testigos.
Consultada por el diario Folha de S. Paulo acerca de si no temía actitudes agresivas de los senadores, Rousseff dijo: "Nunca tuve miedo de eso. Aguanté tensiones mayores en mi vida. Es un ejercicio de democracia".
Rousseff es una economista que luchó contra la dictadura brasileña en la década de 1970, fue encarcelada y torturada cuando militaba en una guerrilla marxista.
Apartada de su cargo desde mayo, Rousseff ha sido acusada de tener responsabilidad penal en los retrasos de las transferencias de fondos del Tesoro al Banco de Brasil por la actividad de cosecha de granos y por dictar decretos para emitir créditos adicionales sin la autorización del Congreso.
La duración de la etapa final del juicio aún debe ser definida por Lewandowski, pero se estima que durará entre cuatro y cinco días. Calheiros anticipó que la votación podría realizarse el 30 de agosto.
La presidenta suspendida niega haber cometido delito alguno y sostiene que las acusaciones son una maniobra política y un "golpe de Estado" parlamentario.
