Hace 15 años, con Fernando de la Rúa en la Casa Rosada, caos en las calles, hambre en los hogares, una crisis económica y política monstruosa, y mucho antes de que el concepto de hashtag existiera, los argentinos impusieron el "cacerolazo". La denominación, acuñada por aquellos que salían a protestar con ollas en las que no tenían qué cocinar y que golpeaban con cucharones para hacerse oír (ese fue el concepto original), se asentó en esa sociedad y se extendió durante todo este tiempo –más allá de que la falta de alimentos ya no era un problema– para identificar a cualquier manifestación masiva contra un gobierno.
En estas últimas semanas, esa palabra fue cambiada por una nueva: "ruidazo".
El presidente Mauricio Macri no zafó de esta costumbre argentina y con solo ocho meses en el gobierno ya acumula numerosas manifestaciones por sus medidas económicas. Cuando asumió, el 10 de diciembre pasado, dispuso el fin del cepo cambiario, lo que disparó el dólar oficial a 15 pesos argentinos, casi a la par con el precio que tenía en el mercado negro. Eso –sumado a la reducción de las retenciones a la exportación de granos– produjo un casi inmediato incremento en el precio de los alimentos y otros productos que se rigen por los mercados internacionales, o que se importaban con divisas compradas a precio oficial.
El descontento se agravó en los últimos meses luego de que se anunciara un aumento en las tarifas del gas, agua, electricidad y transporte público, todos servicios que tenían fuertes subsidios durante el predecesor gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuyos precios no habían acompañado años de elevada inflación. La medida, justificada por Macri para reducir un déficit fiscal que las autoridades estimaron en 7% en 2015, no cayó nada bien desde el principio.
Los recibos de los servicios básicos se multiplicaron por ocho en promedio, aunque en algunos casos la suba fue hasta por 11.
Pero el mandatario le echó nafta al fuego cuando, ante las quejas por la sorpresa que se llevaron los argentinos al ver la nueva factura del gas –combustible ampliamente utilizado en ese país para calefaccionar–, les pidió a sus compatriotas que se abrigaran más este invierno.
El jueves a la noche se llevó a cabo el segundo "ruidazo" en un mes en distintas ciudades del país, alimentado por las redes sociales para lograr una masiva convocatoria. Las cacerolas siguen estando, pero también hay bombos, bocinas de autos y cortes de calles.
Otras consignas que se leían en los carteles fueron "No al tarifazo" y "Fuera Aranguren", esta última aludiendo al ministro de Energía, Juan José Aranguren, uno de los mayores defensores del incremento de los servicios vinculados a su cartera.
Justicia decide
Mientras tanto, el "tarifazo" espera por una definición en Tribunales. La Cámara Federal de La Plata había dispuesto el 7 de julio pasado anular "con alcance colectivo" la suba del gas, tras la presentación por parte de una ONG de un amparo colectivo, y ordenó "retrotraer la situación previa a las subas" que regían desde abril.
Macri reaccionó inmediatamente. Anunció que el aumento quedaría topeado en 400% para los hogares y 500% para las empresas, intentando que la Justicia avalara así la medida.
Pero no quedó solo en palabras. El gobierno presentó una apelación y este jueves la Justicia argentina concedió el recurso. El caso tendrá que ir ahora a la Corte Suprema, pero hasta tanto, la suspensión del aumento seguirá vigente.
Con quejas o sin quejas, con cacerolazo, ruidazo o como quieran llamarle, Macri está dispuesto a no dar marcha atrás. Su jefe de gabinete, Marcos Peña, fue tajante al respecto la semana pasada: "Hay que dejar en claro que tarde o temprano habrá que pagarlo".