Sancionar pagos a Uber sería "muy riesgoso" para el Estado, según experto

Es una de las medidas que analizará una comisión del Congreso de Intendentes para regular la aplicación
Una de las herramientas que estudiará una comisión designada por el Congreso de Intendentes como forma de impedir el funcionamiento de la aplicación Uber es generar mecanismos para el registro de las transacciones con la tarjeta de crédito e impedir las operaciones o sancionar los pagos.

Sin embargo, para el experto en Derecho Tributario, Carlos Loaiza, si bien controlar las transacciones sería posible, esas acciones serían al menos "debatibles" y "podrían exponer al Estado a responsabilidad".

Consultado por El Observador, Loaiza explicó que una de las primeras dificultades que se presentan
para ejercer ese tipo de control es que las tarjetas que se utilizan para transacciones con Uber son internacionales. En el caso de que sean emitidas en el extranjero, el Estado no tendría elementos para controlar. Si son emitidas por entidades en Uruguay, el gobierno tendría potestad de control y regulación a través del Banco Central, y "perfectamente pueden emitirse normativas a nivel nacional y departamental que lleve a una regulación de las administradores de tarjetas", dijo el experto.

Ese tipo de control iría en la línea de la normativa incluida en el Presupuesto y que designa como responsables solidarios a quienes intervienen en las transacciones para alquileres. "En el mundo es tendencia regular a través de los terceros intermediarios en esas transacciones, es más sencillo que regular directamente a la aplicación", explicó Loaiza, ya que estas compañías no siempre tienen presencia local y -por lo tanto- no están sujetas a la normativa.

"De ahí a que existan herramientas para sancionar al consumidor, es un paso muy debatible", afirmó el abogado tributarista a El Observador. Explicó en ese sentido que "sancionar a un tercero que consume un servicio dentro de una actividad que no es tan claro hasta qué punto es ilícita o quién esté cometiendo el ilícito y cuál es, podría exponer al Estado a responsabilidad", y por tanto es "muy riesgoso".

El derecho sancionatorio, explicó el técnico, "exige tipicidad" por lo que tendría que haber una irregularidad clara que diga que quien brinda el servicio o lo consume está incurriendo en ello.

En cuanto al poder acceder a los detalles de la cuenta de tarjeta de crédito para sancionar las transacciones con Uber, Loaiza señaló que el secreto bancario no puede romperse por cualquier causa y que este "no sería en principio uno de los casos previstos". Luego del Congreso de Intendentes, el presidente e intendente de Cerro largo, Sergio Botana, afirmó que esa es una de las medidas que estudiará una comisión como forma de desestimular el uso de la aplicación Uber.

El debate sobre la ilicitud o no de la aplicación se debe tener nuevamente en cuenta si se intenta "considerar que (pagar a Uber) es una transacción prohibida", explicó el abogado. Son caminos que "normalmente no se han seguido", sino que se buscan vías en las que se respeta la libertad de empresa y comercio, regulando para que el servicio no genere desigualdades de competencia, por ejemplo con el taxi.

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