Santa Cruz, la "Venezuela" argentina que ocupa el centro del debate político

La provincia enfrentó un estallido social luego de ser la más ayudada financieramente
Allá lejos, bien al sur, con clima frío y ventoso todo el año, habitada por apenas 300 mil personas en una superficie 40% mayor a la de Uruguay, la provincia de Santa Cruz es lo último en lo que alguien pensaría a la hora de asociar lugares parecidos a la tropical Venezuela. Sin embargo, por estas horas abundan las comparaciones entre ambos sitios.

Ocurre que Santa Cruz –además del detalle de que su principal fuente de ingresos es la golpeada industria petrolera– ha sido reciente escenario de un verdadero estallido social, consecuencia del colapso financiero que dejó la caja provincial sin fondos para pagar jubilaciones ni salarios estatales.

Pero, sobre todo, lo que motiva la comparación con Venezuela por parte de los analistas políticos y medios de comunicación es que Santa Cruz está ligada íntimamente al apellido Kirchner, que la gobernó en los últimos 25 años.

La actual gobernadora, Alicia Kirchner, es hermana del extinto Néstor Kirchner, que condujo la provincia en tres períodos consecutivos –para lo cual impulsó una reforma constitucional que le permitiera la reelección indefinida– y manejó todos los resortes del poder.

Fue así que exsecretarios, exchoferes y excajeros de banco hicieron una meteórica carrera que los llevaron a ser empresarios de medios, contratistas de obra pública y funcionarios de alto rango.
Cuando los Kirchner llegaron al poder nacional, abundaron las denuncias en el sentido de que Santa Cruz concentraba un exceso de ayuda por parte del gobierno central.

En esa época, la provincia concentró el 12% del presupuesto para obras viales del país, bastante por encima del promedio de las otras provincias.

Y la asistencia financiera que el gobierno nacional enviaba discrecionalmente, de unos US$ 720 per capita, ponía a la provincia en el tope del ranking de provincias que recibía más ayuda del gobierno.
Sin embargo, la provincia nunca logró desarrollar una actividad económica fuera de la dependencia estatal, al punto que hoy más del 40% de los empleados revisten en las oficinas públicas.

Cristina denuncia

La verdadera dimensión de la crisis se hizo patente para el resto del país con los graves incidentes del viernes 21 de abril.

Esa noche, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitaba a su cuñada, la gobernadora, en la residencia oficial de Río Gallegos, la capital provincial.

Hacía varios días que los furiosos empleados estatales venían realizando manifestaciones en reclamo de sus haberes impagos.

Y cuando se supo que Cristina estaba junto a la gobernadora, la protesta se tornó violenta: los manifestantes saltaron la verja perimetral, hubo pedradas contra la casa de gobierno y refriegas con la policía.

Al día siguiente, la propia Cristina subió a las redes sociales un video en el cual reveló la gravedad de la situación que se había vivido: contó el terror que cinco mujeres solas y su pequeña nieta de 18 meses habían vivido al sentir el asedio de los manifestantes.

Mostró vidrios rotos, puertas forzadas, una improvisada barrera de contención hecha con sillones y hasta excremento arrojado contra la residencia.

Y, tratándose de Cristina Fernández de Kirchner, la explicación fue previsible: argumentó que, lejos de tratarse de una protesta sindical espontánea, todo era parte de una confabulación político-mediática, que involucraba desde el presidente Mauricio Macri hasta los "movileros" del canal de cable TN.

Según la expresidenta, era claro que el gobierno buscaba ahogar financieramente a Santa Cruz para provocar una crisis social y así sugerir que esa situación provincial habría sido la de todo el país en caso de que el kirchnerismo hubiese ganado la elección nacional.

Y su versión de la crisis financiera en la provincia es que se debió a la recesión provocada por el macrismo, que redujo la obra pública.

Es así que, desde ese momento, Santa Cruz pasó a ocupar el centro del debate entre los argentinos.

La ironía mayor de estas últimas horas fue que se reflotó el concepto de la "pesada herencia".

La propia Cristina, que rechaza el concepto cuando los macristas lo usan para referirse a la situación en que encontraron la economía nacional, ahora lo enarboló para describir el escenario provincial que debió atender su cuñada.

Y el macrismo coincide con esa visión. No podría desmentirla ante la contundencia de los números. Al asumir Alicia Kirchner, el déficit presupuestario era de 4.845 millones de pesos argentinos, un "rojo" casi íntegramente explicable por salarios y jubilaciones, dado que la obra pública –tras tocar un máximo de 36% del presupuesto provincial en 2007– disminuyó gradualmente hasta representar un escuálido 4%.


La pelea por el costo político

Pero ahí termina la coincidencia de diagnóstico, porque empieza el verdadero nudo del problema: quién debe pagar el costo político de la crisis.

Porque Cristina y Alicia sostienen el clásico discurso del empleo público como espacio de contención social y de refugio en una provincia donde, al decir de la expresidenta, si se echa a un estatal se lo condena a la miseria.

En consecuencia, la visión K es que, lejos de cualquier solución que implique recorte de gastos, la dotación de empleados se debe mantener, con la asistencia financiera de Macri.

Pero en la vereda de enfrente, el diagnóstico gubernamental es bien diferente.

Los funcionarios macristas dieron a entender que el gobierno dará asistencia financiera pero con una condición: que la gobernadora asuma el costo político de un ajuste fiscal.

Ante la acusación de que se pretende asfixiar a Santa Cruz para perjudicar políticamente al kirchnerismo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, respondió con números: ayuda del gobierno nacional por 1.435 millones de pesos argentinos desde enero último más transferencias automáticas por coparticipación federal en torno a los 20.000 millones de pesos entre 2016 y 2017.

Y hubo una frase sugestiva dirigida a la gobernadora santacruceña: "Se tiene que dejar ayudar".

¿Qué significa "dejarse ayudar" en este contexto? No hay mucho espacio para la interpretación: la provincia mantiene una deuda de 7.930 millones de pesos con el gobierno central, que aumentará su flujo de fondos a cambio de que la provincia garantice que se está haciendo algo concreto por detener la sangría fiscal.

Y en una provincia que, desde la llegada de Cristina al poder nacional, aumentó su nómina de empleados 54%, todos entienden el mensaje: no se puede sostener la cantidad de empleados.

Una pesadilla para los Kirchner

Lo cierto es que para el kirchnerismo, la situación de Santa Cruz se convirtió en una pesadilla política, con riesgo de hacerle pagar "facturas" en la próxima elección de octubre.

Excediendo largamente la situación provincial, Santa Cruz se transformó en un símbolo que anula muchos de los argumentos políticos K.

Primero, el de la reindustrialización del país durante la década kirchnerista.

Y en los próximos días, cuando el gobierno nacional avale la emisión de un bono por US$ 350 millones, quedará también invalidada una de las grandes críticas al macrismo: la de la vuelta de la deuda externa para solventar gasto corriente.


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