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Santos en la mira por escándalo del pago de coimas de Odebrecht
Trama de corrupción salpica al presidente: presuntamente financiaron su reelección con sobornos
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09 de febrero de 2017 a las 05:00
El dinero de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en una trama de corrupción que ya abarca a tres continentes, volvió a agitar esta semana la vida política de Colombia, con acusaciones de financiamiento de las elecciones presidenciales de 2014, entre ellas la campaña de reelección del mandatario Juan Manuel Santos.
La fiscalía anunció a principios de semana que investigaba el supuesto ingreso de US$ 1 millón a la campaña de Santos que provenía de un soborno de la empresa brasileña al exsenador Otto Bula, detenido desde mediados de enero, acusado de facilitar a la constructora la adjudicación de una obra pública.
En una rueda de prensa realizada ayer, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que la apertura de las pesquisas se basó en la declaración de Bula, quien afirmó haber entregado el dinero a través de un intermediario al gerente de la campaña Santos Presidente-2014, Roberto Prieto. "La existencia de una prueba física de la entrega del dinero no la tiene la fiscalía", aclaró no obstante Martínez.
El CNE inició las investigaciones administrativas, que incluyen dos alternativas: omisión en el reporte final del gasto de campaña e incumplimiento de la prohibición a que algún gobierno, persona o empresa extranjera aporte dinero para la contienda política local.
"El país quiere respuestas y van a existir respuestas", dijo Alexander Vega, presidente del organismo, en otra rueda de prensa.
Pero el presidente Santos no se quedó atrás y reclamó de inmediato al CNE investigar "a fondo lo más rápido posible" los señalamientos, en un mensaje a través de la red social Twitter.
El mandatario dijo esperar "que salga a la luz pública toda la verdad en el caso Odebrecht", compañía acusada por la Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos en Colombia por más de US$ 11 millones entre 2009 y 2014.
La fiscalía aseguró que Bula fue contratado por Odebrecht, con una "comisión de éxito" de US$ 4,6 millones, para favorecer un agregado del contrato de un trayecto vial que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), férreo opositor de Santos y exministro de Defensa.
"Es un golpe fuerte a la legitimidad del gobierno, así la denuncia termine diluyéndose", dijo el analista Juan David Cárdenas. El analista afirmó que Santos mantendrá las mayorías en el Congreso, por lo que la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, buque insignia de su gestión, no tendrá mayores problemas.
El presidente recibió el respaldo de su gabinete, que en un comunicado cuestionó la credibilidad de las denuncias de Bula, al que se asignó "dudosa reputación".
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, había dicho el martes que Bula tiene vínculos con el narcotráfico.
Bula, que según el fiscal negocia con el organismo acusador, fue suplente entre 1998-2002 y 2002-2006 de Mario Uribe, primo del expresidente y preso por vínculos con paramilitares.
El fiscal Martínez también anunció que a solicitud del Centro Democrático, el partido de Uribe, indaga la financiación de la campaña de su candidato en las presidenciales de 2014, Óscar Iván Zuluaga, derrotado por Santos en segunda vuelta. Según medios brasileños, parte del contrato que firmó Zuluaga con el asesor político brasileño Eduardo "Duda" Mendoza fue pagado por la constructora.
"Equipo Especial de Fiscalía presentó pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Alejandro Toledo", escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
El pedido debe ser evaluado en un plazo máximo de 48 horas por un juez quien, de aceptar la solicitud, dispone la orden de captura del expresidente, quien actualmente está en el extranjero.
"Pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo será evaluado por juez (Richard) Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional", informó por su parte el Poder Judicial. Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, es procesado como un ciudadano común, debido a que su derecho a antejuicio político como expresidente venció cinco años después de que dejó el cargo.
La fiscalía investiga a Toledo por lavado de activos y tráfico de influencias. Apoyada en un testimonio del exgerente de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, su empresa pagó US$ 20 millones como soborno al gobierno de Toledo para adjudicarse la construcción de la carretera interoceánica que une Perú y Brasil.
En los documentos del Ministerio Público divulgados por la prensa peruana, Barata cuenta que el intermediario fue el entonces jefe de seguridad de Toledo, el israelí Avraham Dan On.
Aseguró que el dinero se depositó en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo del expresidente.
La fiscalía rastreó US$ 11 millones de los sobornos en las cuentas de Maiman. Los pagos se habrían realizado entre 2005 y 2008, incluso luego de que Toledo dejó el gobierno.
Con el dinero, según la fiscalía, se formó una empresa off shore creada por Maiman y la suegra del expresidente, Eva Fernenbug. Desde allí se compraron inmuebles y pagaron hipotecas.
En un primer momento Toledo dijo que el dinero procedía de una indemnización a su suegra, una judío-belga, por el holocausto nazi, versión desmentida.
La fiscalía anunció a principios de semana que investigaba el supuesto ingreso de US$ 1 millón a la campaña de Santos que provenía de un soborno de la empresa brasileña al exsenador Otto Bula, detenido desde mediados de enero, acusado de facilitar a la constructora la adjudicación de una obra pública.
En una rueda de prensa realizada ayer, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que la apertura de las pesquisas se basó en la declaración de Bula, quien afirmó haber entregado el dinero a través de un intermediario al gerente de la campaña Santos Presidente-2014, Roberto Prieto. "La existencia de una prueba física de la entrega del dinero no la tiene la fiscalía", aclaró no obstante Martínez.
Investigación
El fiscal aseguró que el testimonio de Bula "no vincula para nada al presidente", pero envió copia del caso al Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de indagar presuntas irregularidades en las campañas electorales.El CNE inició las investigaciones administrativas, que incluyen dos alternativas: omisión en el reporte final del gasto de campaña e incumplimiento de la prohibición a que algún gobierno, persona o empresa extranjera aporte dinero para la contienda política local.
"El país quiere respuestas y van a existir respuestas", dijo Alexander Vega, presidente del organismo, en otra rueda de prensa.
Pero el presidente Santos no se quedó atrás y reclamó de inmediato al CNE investigar "a fondo lo más rápido posible" los señalamientos, en un mensaje a través de la red social Twitter.
El mandatario dijo esperar "que salga a la luz pública toda la verdad en el caso Odebrecht", compañía acusada por la Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos en Colombia por más de US$ 11 millones entre 2009 y 2014.
La fiscalía aseguró que Bula fue contratado por Odebrecht, con una "comisión de éxito" de US$ 4,6 millones, para favorecer un agregado del contrato de un trayecto vial que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), férreo opositor de Santos y exministro de Defensa.
Respaldo ministerial
El anuncio de la fiscalía hizo que algunos sectores de la oposición pidieran incluso la renuncia del jefe de Estado, cuyos índices de popularidad rondan el 20%."Es un golpe fuerte a la legitimidad del gobierno, así la denuncia termine diluyéndose", dijo el analista Juan David Cárdenas. El analista afirmó que Santos mantendrá las mayorías en el Congreso, por lo que la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, buque insignia de su gestión, no tendrá mayores problemas.
El presidente recibió el respaldo de su gabinete, que en un comunicado cuestionó la credibilidad de las denuncias de Bula, al que se asignó "dudosa reputación".
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, había dicho el martes que Bula tiene vínculos con el narcotráfico.
Bula, que según el fiscal negocia con el organismo acusador, fue suplente entre 1998-2002 y 2002-2006 de Mario Uribe, primo del expresidente y preso por vínculos con paramilitares.
El fiscal Martínez también anunció que a solicitud del Centro Democrático, el partido de Uribe, indaga la financiación de la campaña de su candidato en las presidenciales de 2014, Óscar Iván Zuluaga, derrotado por Santos en segunda vuelta. Según medios brasileños, parte del contrato que firmó Zuluaga con el asesor político brasileño Eduardo "Duda" Mendoza fue pagado por la constructora.
En Perú
La fiscalía peruana pidió esta semana la detención preventiva del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) a quien acusa de recibir US$ 20 millones para favorecer con una obra a la brasileña Odebrecht, solicitud que evaluará un tribunal."Equipo Especial de Fiscalía presentó pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Alejandro Toledo", escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
El pedido debe ser evaluado en un plazo máximo de 48 horas por un juez quien, de aceptar la solicitud, dispone la orden de captura del expresidente, quien actualmente está en el extranjero.
"Pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo será evaluado por juez (Richard) Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional", informó por su parte el Poder Judicial. Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, es procesado como un ciudadano común, debido a que su derecho a antejuicio político como expresidente venció cinco años después de que dejó el cargo.
La fiscalía investiga a Toledo por lavado de activos y tráfico de influencias. Apoyada en un testimonio del exgerente de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, su empresa pagó US$ 20 millones como soborno al gobierno de Toledo para adjudicarse la construcción de la carretera interoceánica que une Perú y Brasil.
En los documentos del Ministerio Público divulgados por la prensa peruana, Barata cuenta que el intermediario fue el entonces jefe de seguridad de Toledo, el israelí Avraham Dan On.
Aseguró que el dinero se depositó en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo del expresidente.
La fiscalía rastreó US$ 11 millones de los sobornos en las cuentas de Maiman. Los pagos se habrían realizado entre 2005 y 2008, incluso luego de que Toledo dejó el gobierno.
Con el dinero, según la fiscalía, se formó una empresa off shore creada por Maiman y la suegra del expresidente, Eva Fernenbug. Desde allí se compraron inmuebles y pagaron hipotecas.
En un primer momento Toledo dijo que el dinero procedía de una indemnización a su suegra, una judío-belga, por el holocausto nazi, versión desmentida.
