Schoklender culpó a las Madres de Plaza de Mayo

De todas formas, Schoklender admitió durante su exposición de cuatro horas haber manejado fondos aportados por el Estado a la fundación para la construcción de viviendas sociales, dijeron fuentes judiciales.

Consideró además que esos fondos "dejaban de ser públicos" una vez que entraban a la fundación e insistió en que las decisiones vinculadas al manejo de dinero eran adoptadas por las Madres de Plaza de Mayo, añadieron los portavoces a la agencia estatal Télam.

Schoklender declaró ante el juez a cargo del caso, Norberto Oyarbide, a quien le indicó que el programa de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" fue una de las "más dignas obras, generando puestos de trabajo y mejores condiciones de vida para la población de sectores marginales".

El ex apoderado está acusado de liderar una asociación ilícita para malversar millonarios fondos que el Estado otorgó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.

Por este caso también están detenidos su hermano Pablo Schoklender y el contable Alejandro Gotkin.

Tanto los hermanos Schoklender, quienes estuvieron ya en prisión por el delito de parricidio, como Gotkin quedaron detenidos este mes por orden de Oyarbide.

Los tres detenidos están acusados de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos por al menos 70 millones de pesos (unos 15,6 millones de dólares) para el plan de construcción de viviendas llevado adelante por la fundación.

En el marco de la investigación, Oyarbide citó para este jueves a Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo.

En una reciente declaración a la Justicia, Pablo Schoklender negó ser organizador de una asociación ilícita y responsabilizó a Hebe de Bonafini por todas las decisiones que se tomaban en la fundación.

Hebe de Bonafini defiende la inocencia de su hija y acusa de traición a Sergio Schoklender, a quien trataba como a un hijo.

El "caso Schoklender", que estalló el año pasado, ha dado lugar a la apertura de otra investigación por presunto lavado de dinero en manos del juez federal Sergio Torres.

El escándalo desató además medio centenar de demandas presentadas por trabajadores y proveedores de la fundación humanitaria en tribunales comerciales por falta de pago de sus respectivos servicios.

Asimismo, suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de Cristina Fernández por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.