SCJ respaldó a juez que actuó en crimen por el que una testigo fue asesinada

Ricardo Míguez aseguró que "jamás llamó" a la Policía para retirarle vigilancia a la mujer

Para la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron suficientes las explicaciones dadas por el juez penal de 15 turno, Ricardo Míguez, sobre su forma de actuar en el caso de la testigo de un homicidio que había solicitado vigilancia policial, que terminó siendo asesinada como represalia por el crimen que presenció. Según indica un comunicado de la SCJ publicado en la web del Poder Judicial este jueves, dieron por concluida la investigación que se estaba realizando sobre el accionar del juez.

"El día 9 de mayo Míguez recibe un llamado de la Policía de Zona 4 manifestándole que querían levantar la custodia del lugar donde se estaba realizando porque la testigo se habría ido del mismo sin dar aviso. Míguez expresa que manifestó su negativa a levantar la medida y además tampoco la revocó en ningún momento", afirmó el Poder Judicial en el comunicado.

Para el juez, "debe diferenciarse entre ordenar levantar la medida de vigilancia que él mismo había dispuesto y el hecho de que no se opusiera a que la patrulla policial dejara de permanecer en el lugar en el que ya no se encontraba residiendo la testigo". Además, aseguró que "jamás llamó para retirar custodia alguna al personal " y que, de haberlo hecho, nunca "hubiera llamado personalmente a la autoridad policial"

Lo que sucedió hasta el 9 de mayo

"Míguez informó que, actuando como juez de turno para la denominada "Zona 4", se le comunicó telefónicamente el día 7 de abril por parte de personal policial que habían encontrado el cuerpo de una persona semienterrado en el paraje conocido como Cachimba del piojo", detalla el comunicado y agrega que luego de que se confirmó que el hombre había sido asesinado citó a declarar "al menos a tres testigos", entre ellos la mujer que luego fue asesinada como represalia. "Era conocida por todos los que se encontraban presentes en el lugar de los hechos", indicó el juez Míguez en el informe.

Según la investigación, en esa casa se estaba festejando el cumpleaños del hermanastro de quien terminó siendo procesado por el homicidio del hombre. Esa casa luego fue incendiada.

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"Una vez que prestó declaración, manifestó su temor a eventuales represalias, por lo que se dispuso: se adoptarán medidas que se entendieran pertinentes para asegurar la integridad física de la declarante y su familia, ya que ésta tenía un niño de aproximadamente cinco años. (La mujer ) no solicitó en ningún momento que se le considerara testigo protegido, o con identidad reservada, declarando normalmente ante el magistrado", agregó en su informe el magistrado. A su vez, aclaró que era imposible que fuera un testigo protegido, es decir que se reservara su identidad, porque todos los que se encontraban en el lugar del crimen la conocían.

Poco más de un mes después de haber presenciado ese crimen, una persona de 22 años se le acercó, la apuntó con su arma, le dijo: "esto es por alcahueta", y le disparó en la cabeza. Murió minutos más tarde.

El caso generó un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, quienes aportaron versiones opuestas sobre quién había decidido dar por finalizada la custodia policial. Mientras que para el ministerio fue el juez Ricardo Miguez, quien decidió retirar la vigilancia luego de que la policía diera cuenta de que la joven se había mudado, el magistrado aseguró a El Observador que él se enteró de que la joven ya no estaba siendo custodiada recién cuando fue asesinada. Fue a partir de esas versiones, que la SCJ pidió explicaciones al juez.

La familia de la mujer presentará una demanda por US$ 200 mil contra el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, por "no haber actuado con la debida diligencia" para proteger a un testigo. El abogado demandante, Ramiro Viera, dijo a El Observador semanas atrás que el Estado fue "negligente" al retirarle la custodia policial que ella había solicitado luego de recibir amenazas.


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