Se pagaron US$ 28 millones en siete años para extender seguro de paro

La oposición se quedó de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para pedir prórrogas al seguro de paro que debe aprobar el Parlamento
Legisladores oficialistas y de la oposición quieren modificar el actual sistema que permite extender, sin límites, los plazos del seguro de desempleo.
Desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente se habló de "poner coto" a la discrecionalidad absoluta con la que hoy el gobierno reitera ese planteo –que requiere aprobación parlamentaria– para que los trabajadores accedan al subsidio más allá de los seis meses que le corresponde por ley, o un año cuando se trata de personas despedidas mayores de 50 años.
La discusión se planteó en la última sesión de diciembre del Senado cuando se votó una minuta de aspiración para pedirle al Poder Ejecutivo que mande un proyecto para extender el seguro de desempleo a los trabajadores de Nordex, la planta de ensamblado de vehículos.

Desde el Frente Amplio se reconoce que el sistema debe ser modificado e incluso en esa sesión se manejó una fórmula para que tengan más meses de seguro de paro aquellos que aportaron durante más años al Banco de Previsión Social (BPS). No obstante, desde el oficialismo se defendió que las prórrogas solicitadas siempre fueron en base a argumentos y no se trató de decisiones tomadas a la ligera.

Un caso emblemático del uso de esta herramienta ocurrió con la cerrada aerolínea Pluna a mediados del año 2012. El gobierno de José Mujica, que tomó esa decisión, reiteró luego varias veces al Parlamento el pedido para que esos trabajadores mantuvieran el beneficio de cobrar en el BPS. Finalmente recibieron la prestación por tres años.

Tras el cierre de Pluna, en 2012 fueron 412 trabajadores al seguro, y en la mayoría de los casos fueron prorrogados. En 2014 se otorgaron 685 prestaciones –cada una corresponde a una prórroga de seis meses por trabajador– y en el 2015 fueron 333 las extensiones otorgadas. La sangría se cortó cuando comenzó a operar la sociedad anónima de los trabajadores Alas Uruguay, que recibió US$ 15 millones del Fondes y hoy ya no vuela.

Otro caso que marcó al anterior Poder Ejecutivo fue la empresa Umissa, que trabajó en la venta de casas prefabricadas a Venezuela. Cuando el negocio se frustró, la compañía mandó a 132 de sus empleados al seguro de paro en 2012. Al otro año las prestaciones se elevaron a 359, lo que significa que se sumaron más trabajadores que también recibieron prórroga en el beneficio. Los trabajadores de la constructora Saceem –que ganó varias licitaciones y realizó obras privadas de magnitud–, recibieron prórrogas en 254 prestaciones de seguro de paro. El año pasado fueron casi 300 las prestaciones otorgadas con plazo ampliado, según datos oficiales. En todos los casos, los subsidios contaron con la aprobación del Parlamento.

Criterios

Esos datos surgen de un pedido de informes que cursó el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) al gobierno y que le respondió el Banco de Previsión Social (BPS). Según el informe al que accedió El Observador entre 2010 y 2016 se autorizaron 28.036 "prórrogas" por seguro de desempleo a trabajadores. El año pasado hubo 122.176 personas en seguro de desempleo.
Esos subsidios excepcionales le costaron al BPS US$ 27,8 millones en los siete años.

El senador preguntó detalles de las empresas que enviaron personal al seguro desde el año 2010 a hoy, los costos de ese subsidio y a cuántos trabajadores se les renovó el seguro.
También preguntó sobre los criterios que aplica el Ejecutivo para definir la extensión del seguro. Sobre ese punto, se le respondió que las prórrogas son determinadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin especificar cómo se llega a esa determinación, según se desprende del documento del BPS al que accedió El Observador.

Mieres afirmó que "deberían determinarse por ley límites al Poder Ejecutivo para fijar los plazos de extensión de seguros". Opinó que se está "ante una responsabilidad compartida entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo" y afirmó que hoy en el Parlamento se vota "sin conocer" los criterios por los cuales se pide mantener el pago a ciertos grupos de trabajadores.

"Eso genera desigualdades, por ejemplo, entre los trabajadores de una empresa grande y los de una compañía pequeña, que no siempre acceden al beneficio; o entre los sindicalizados que pueden tener influencia en lo político y los que no", dijo Mieres. La pregunta es, según el senador, por qué a algunos trabajadores se les otorga el beneficio y a otros no.

El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, dijo a El Observador que no hay una variable única para pedir la ampliación del seguro. Se analiza la viabilidad de la empresa, si tiene un plan para continuar y genera el impacto social que implica la quiebra de un proyecto que emplea a mucha gente. Loustaunau agregó que los senadores pueden también votar negativamente si algo no les convence.
De todos modos, con los votos del oficialismo en el Senado –donde se mantiene la mayoría– se pueden aprobar las prórrogas. En Diputados, donde el Frente Amplio ya no tiene mayoría, podría no lograr los votos.

Reclamo

En la sesión del jueves 29, cuando el Senado trató la situación de Nordex, Mieres y Jorge Larrañaga (Partido Nacional) dijeron que el oficialismo actúa con una discrecionalidad brutal. "Esto tiene que tener un coto". "El Senado no puede seguir votando así", afirmó Larrañaga, quien adelantó que no votará más ese subsidio si no viene cuantificado.

El senador Marcos Otheguy (Frente Amplio), que fue el miembro informante para el pedido del Ejecutivo, negó que en la decisión haya discrecionalidad y dijo que "no se puede regular la vida".
"No se puede regular la casuística de todo lo que sucede. Acá no hay discrecionalidad. La decisión tiene un fundamento. Se hace un análisis político de situaciones concretas. Sin dudas hay que evaluar y hay que tener un seguimiento de las decisiones sobre recursos que salen del erario público", comentó el senador de la Lista 711.

Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) reconoció que "es muy difícil regular la vida", pero para tomar decisiones, dijo, el Senado requiere información concreta. "La mínima información que queremos es saber cuánto cuesta esto. Lo único que vino es una carta de alguien que ni siquiera sabemos qué cargo tiene en la empresa Nordex".

En ese caso, según los datos del BPS, en 2016, se extendieron 206 prórrogas al beneficio.
Bordaberry reclamó contar con la opinión de la Dirección de Industria del ministerio respectivo, para conocer qué perspectiva tiene una compañía para cuyos trabajadores se pide extender el tiempo del subsidio y saber si la empresa se está recuperando. También desde el Frente Amplio fueron críticos del sistema. El senador Enrique Pintado (Frente Liber Seregni) dijo que se debería reformar el mecanismo para que reciban más meses de seguro los que tienen más años de aportes al BPS. Mieres comparte la idea de Pintado porque de esa forma se apoyará con más tiempo en el desempleo a los trabajadores más veteranos, que a su vez son los que tienen más problemas para reinsertarse en el mercado laboral.

Prórrogas en BPS costaron US$ 27,8 millones desde 2010


De acuerdo a la información oficial que recibió el senador Pablo Mieres, entre enero de 2010 y agosto de 2016 se cuantificaron en el BPS 28.036 trabajadores "con prórrogas del seguro", de un total de 751.174 subsidiados por desempleo (la cifra no contabiliza personas únicas sino beneficios extendidos).

De esos beneficios prorrogados cerca del 10% perteneció a trabajadores de la empresa Pluna. Según los datos del BPS, en 2012 se le extendiól el beneficio de seguro de desempleo a 412 trabajadores de Pluna, en 2013 la prestación fue prorrogada en 751 casos –se contabiliza por trabajador por semestre–, en 2014 fueron 685, en 2015 a 333, mientras que en 2016, el año que operó Alas Uruguay ningún trabajador se vio beneficiado por la extensión del seguro de desempleo. Los pedidos del gobierno con el objetivo de ayudar a trabajadores de empresas en problemas tienen un costo económico para el Estado que el Senado aprueba cada vez que extiende los plazos del seguro.

Según cifras oficiales, las prórrogas por subsidio por desempleo costaron US$ 27,8 millones entre 2010 y 2016. En el año 2010 el subsidio de desempleo implicó al organismo una erogación de US$ 3,9 millones. Bajó en 2011 a US$ 2,2 millones; en 2012 el subsidio por prórrogas de desempleo fue US$ 4,9 millones; al año siguiente fue de US$ 3,9 millones y en 2014, US$ 3 millones. Con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, los pagos por extensiones crecieron: US$ 5,1 millones en 2015 y US$ 4,8 millones a octubre de 2016.



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