¿Se pinchará la burbuja financiera de Trump?

Los mercados financieros en Estados Unidos reaccionaron en forma sumamente favorable frente a la elección de Donald Trump. Muchas de sus propuestas son, sin duda, atractivas para los agentes que mueven esos mercados. Sin embargo, quien se autodefine como "el gran negociador" no ha logrado que su propio partido vote por la derogación y reemplazo de Obamacare. Esto pone en tela de juicio la capacidad de la nueva administración de poder trabajar en forma efectiva con el Congreso y de lograr implementar aquellas propuestas que requieran que se aprueben nuevas leyes.

A fines de octubre, cuando las encuestas todavía predecían el triunfo de Hillary Clinton, muchos analistas consideraban que el mercado de acciones estaba sobrevaluado. En ese momento el llamado "PE ratio" (el precio de las acciones como múltiplo de las utilidades) oscilaba alrededor de 24. En la historia del "S&P 500 Index" (el índice que sigue la evolución de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos) esa cifra había sido superada solamente durante la burbuja del internet en el 2000/2001 y la inmobiliaria en el 2007/2008. A pesar de eso, a partir de la elección de Trump, el S&P 500 Index llegó a aumentar otro 10 por ciento.

El optimismo de los mercados es atribuible principalmente a cinco promesas de la campaña de Trump: 1) disminuir en forma importante el impuesto a la renta, tanto a nivel personal como empresarial; 2) imponer un impuesto a las importaciones que incentive a las empresas a maximizar operaciones dentro de los Estados Unidos; 3) permitir, por una vez, que las empresas repatrien utilidades acumuladas en el exterior pagando solamente un 10% de impuesto en lugar de la tasa normal del 35%; 4) invertir un billón de dólares en obras de infraestructura; y 5) eliminar y/o diluir normas que regulan al sector financiero principalmente con respecto a los riesgos que puede asumir y a las industrias con respecto al medio ambiente.

No es claro si la intención de legislar en el área de la salud ha sido por el momento abandonada. Lo que sí es claro es que el próximo gran reto para la nueva administración será la reforma fiscal. Legislar en esta área tampoco será fácil. El primer obstáculo a superar será el diseño de un proyecto de ley que pueda obviar el llamado "filibuster". Un filibuster se presenta cuando la oposición impide que un proyecto de ley se lleve a votación continuando en forma indefinida la discusión del mismo. Para poder dar por terminada la discusión es necesario el voto de 60 senadores. Los republicanos solo cuentan con 52.

Para evitar un posible filibuster, el proyecto no podría resultar en un aumento del déficit fiscal. Esto se podría lograr si la reducción de ingresos resultante de la rebaja del impuesto a la renta fuese compensada por el impuesto a las importaciones. Este impuesto, orientado a aumentar empleo doméstico, será sin duda resistido por muchas empresas que resultarían perjudicas por el mismo. También perjudicaría a los consumidores americanos.

Tampoco será fácil lograr que el Congreso apruebe la amnistía parcial para la repatriación de los aproximadamente US$ 2,5 billones de utilidades que multinacionales americanas tienen acumulados en el exterior. Esta amnistía se presenta como otra forma de aumentar el empleo doméstico ya que se presume que parte de esas utilidades se reinvertirían en los Estados Unidos.

En el 2004 se aprobó un proyectó similar que permitió a las empresas repatriar utilidades pagando un impuesto de sólo 5,25%. Aproximadamente US$ 360 mil millones se repatriaron en esa oportunidad. El impacto sobre los niveles de empleo, si lo hubo, no parece haber sido significativo. Una parte importante de estos fondos se utilizaron para pagar dividendos y para que las empresas recompraran sus propias acciones. Una proyecto de amnistía similar fue rechazado por el Congreso en el 2009.

La propuesta sobre inversiones en infraestructura ha generado la expectativa de un fuerte estímulo para la economía. Es válido preguntarse, sin embargo, si la reacción de los mercados puede haber sido prematura. El proyecto de gasto en infraestructura difícilmente se presentará al Congreso antes del 2018. Asumiendo que para entonces algún tipo de reducción de impuestos ya se haya aprobado, los legisladores republicanos seguramente se mostrarán reacios a aprobar nuevos gastos que puedan resultar en aumentos del déficit fiscal. El hecho que el 2018 es año de elecciones parlamentarias dificultará el proceso. Es muy probable entonces que para que esta iniciativa prospere Trump necesitará el apoyo de legisladores demócratas. Otro desafío para el "gran negociador"?

En el ámbito regulatorio es donde Trump cuenta con la mayor flexibilidad para implementar las iniciativas que ha propuesto. En el sector financiero le será difícil derogar "Dodd Frank", la ley aprobada durante la administración de Obama para limitar los riesgos que llevaron a la crisis del 2008. Sin embargo, al poner en posiciones claves a personas que provienen y responden a ese sector, se asegura que las normas de Dodd Frank serán aplicadas con un alto grado de indulgencia. Gary Cohn, presidente del Consejo Económico Nacional, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Jim Donovan, número dos en el Departamento del Tesoro, Steve Bannon, principal asesor de Trump en la Casa Blanca, y Jay Clayton, presidente de la Comisión de Valores ("S.E.C."), todos pasaron por Goldman Sachs.

Muchos de los logros de Obama con respecto al medio ambiente se adoptaron por decreto. Es por lo tanto relativamente fácil para Trump neutralizarlos también por decreto. Ya ha anunciado, por ejemplo, que la EPA (la Agencia para la Protección del Medio Ambiente) revisará, y seguramente pospondrá, el requisito de que los autos alcancen el limite de 50 millas por galón para el 2025. La nueva directiva rescindiendo restricciones con respecto a fuentes de energía (el Clean Power Plan), en particular la proveniente del carbón, constituye un claro repudio al Acuerdo de París.

Este tipo de medidas sin duda resultarán en mayor flexibilidad de operación y ahorros significativos para empresas, tanto en el sector financiero como en la industria. En este caso, su impacto favorable en los mercados es justificable, al menos hasta que se genere una nueva crisis financiera o hasta que el deterioro del medioambiente se torne insostenible.