Secundaria: funcionarios juntan firmas para recibir aumentos

La agrupación, que está compuesta por funcionarios sindicalizados y no sindicalizados, denuncia que la postura de ATES -sindicato de su rama de actividad- dejó sin el incremento salarial correspondiente a 2016 y 2017 a 2.794 trabajadores, de los cuales 63% (1.760) no está afiliado al sindicato. "En dinero (el aumento) equivaldría para funcionarios de 30 horas semanales, unos $ 816 para los de menor grado y $ 1.588 para los de grado más alto, cifra que oscila entre $ 1.015 y $ 1.988 para quienes desempeñan 40 horas semanales", señala un comunicado emitido por el grupo.

Valeria Vidal, integrante del grupo y no agremiada a ATES, dijo a El Observador que la situación es injusta porque "en definitiva, ATES le está robando el aumento a todos los funcionarios no docentes". Por más que reconoció que el incremento propuesto por el gobierno no era lo que pedían los sindicatos de la educación, cuestionó que eso lleve a que tantos trabajadores se queden sin el aumento. "Al terminar el año muchos funcionarios habrán regalado más de $ 12.000 al Estado", señaló.

Un convenio polémico

El convenio salarial fue firmado por el resto de los sindicatos después de un largo conflicto. Desde el principio, el Poder Ejecutivo estableció que si al 31 de diciembre de 2015 alguno de los gremios no había firmado el acuerdo, los trabajadores correspondientes a esa rama no percibirían el aumento.

El convenio, que fue presentado por primera vez a los sindicatos el 23 de agosto, propone llegar a 2020 con un salario mínimo para los docentes grado 1 -aquellos que recién ingresan al sistema- equivalente a $ 25 mil, con incremento anual de 3,5% por encima de la inflación. Los sindicatos exigían llegar a 2020 con un salario mínimo de $ 30.000. El convenio también prevé montos por presentismo y para solucionar inequidades salariales. Además, incluye una cláusula de paz, que fue flexibilizada a lo largo de la negociación y establece el cumplimiento de cronogramas y planes de ANEP.

La agrupación denuncia que la decisión de ATES de no firmar el convenio se tomó el 21 de agosto en asamblea, incluso antes de conocerse la propuesta del gobierno, producto de la alta tensión que por aquel entonces atravesaba el conflicto de la educación.

Vidal subrayó que a dicha asamblea no fueron convocados todos los afiliados y agregó que el 22 de diciembre la directiva del sindicato se limitó a enviar un correo electrónico donde informaba que la decisión de no firmar el convenio ya había sido tomada y, por lo tanto, no habría incremento salarial para los funcionarios no docentes de Secundaria.

Juntan firmas

La agrupación, que se creó en rechazo de esa decisión, ya inició gestiones para intentar darla vuelta. Vidal manifestó que son conscientes que la fecha límite impuesta por el gobierno para firmar el convenio ya caducó, pero tienen esperanza de que todavía puedan suscribirlo.

En ese sentido, adelantó que el acuerdo alcanzado con los otros sindicatos todavía no fue homologado por el Ministerio de Trabajo (MTSS), por lo tanto, las posibilidades de tener éxito aumentan. A su vez, expresó que una delegación del grupo se reunió con la directora general de Secundaria, Celsa Puente, para plantearle la preocupación y la jerarca se comprometió a trasladarla al Codicen.

En vistas de eso, la agrupación está juntando firmas entre los funcionario no docentes agremiados para solicitar a ATES que anule la resolución de la asamblea del 21 de agosto y se convoque a todos sus socios a una nueva asamblea. También recolectan firmas entre los no agremiados para presentar al Codicen, pidiendo que se mantenga en suspenso la decisión de ATES de no suscribir el convenio. Vidal manifestó que en el primer caso, los estatutos de ATES establece que se tiene que recolectar 10% de las firmas de los agremiados. Aclaró que la iniciativa comenzó hace tres días y las firmas llegan a 50. En el segundo caso, afirmó que tienen recolectadas 150 aproximadamente.

Consultada por El Observador, Graciela Maneiro, presidenta de ATES, dijo que la decisión de no firmar el acuerdo se tomó el 31 de agosto, luego de conocer la propuesta del gobierno. "Lo hicimos porque entendimos que la oferta no alcanzaba ni la mitad de lo que pedíamos. Además para nosotros no se trató de una negociación, sino de una imposición". Por otro lado, se mostró abierta a convocar a una nueva asamblea, si algunos afiliados lo solicitan. Explicó que los estatutos del sindicato establecen que si un miembro pide convocar a asamblea, se tiene que convocar.