Segundo round de ronda salarial aleja a empresarios y sindicatos

Patrones y trabajadores se distancian aún más de los lineamientos oficiales
Pese a las fuertes críticas de los gremios y algunas cámaras empresariales al inicio de la sexta ronda de negociación salarial por los lineamientos que puso el Poder Ejecutivo en julio del año pasado como base de negociación, el gobierno logró con relativo éxito sortear el primer tramo de los Consejos de Salarios, pese a una reducción en el porcentaje de acuerdos tripartitos.

Sin embargo, en el arranque del segundo tramo la brecha entre lo que tiene hoy sobre la mesa el gobierno y lo que aspiraban a obtener (trabajadores) y a otorgar (empresarios) parece ampliarse.
En esta instancia estará sobre la mesa el segundo tramo que involucra a 32 grupos con acuerdos vencidos en diciembre, y el tercero y mayoritario con 105 mesas con convenios vigentes hasta junio.

Por el frente sindical, con una inflación orillando el 10% y las perspectivas de que las presiones no cedan en el corto plazo, se argumenta que existe un riesgo significativo para los trabajadores de perder masa salarial hasta que no se apliquen los correctivos inflación pasada.

Eso porque los ajustes nominales propuestos están por debajo del IPC real, salvo en el segmento de sectores dinámicos que contemplan un ajuste de 10% el primer año. En los últimos 12 meses cerrados a enero los precios aumentaron a un ritmo de 9,7%.

Para los sectores clasificados como intermedios, el Ejecutivo sugiere ajustes nominales de 8% el primer año, 6,5% el segundo y 6% el tercero, más correctivos por inflación observada al final del segundo y tercer año. En tanto, para los sectores en problemas se proponen ajustes nominales de 8%, 6,5% y 6%, respectivamente.

El director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, dijo ayer El Observador que el problema con los lineamientos que marcó el Ejecutivo es que con el "rebrote" de la inflación de los últimos meses cada vez "hay más posibilidades de que se pueda perder salario", hasta que no se apliquen los correctivos previstos para 2017 y 2018. La central sindical está trabajando en alternativas que prevén poner a consideración del gobierno para buscar mecanismos que "protejan" el poder adquisitivo de la trabajadores.

El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo el martes a El Observador que el tema de la inflación "preocupa". Por eso su cartera solicitó informes técnicos para luego dar una discusión política respecto a si se deberían introducir modificaciones. En tanto, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo el martes que si esa discusión se da, se llevará adelante en el ámbito del Consejo de Ministros.

En la otra vereda, hay sectores empresariales que ya le transmitieron al Ejecutivo que no están en condiciones en otorgar ajustes salariales ni siquiera por la evolución de los precios. Es el caso de la industria láctea que ya había solicitado sin éxito el descuelgue del convenio anterior, que le obligó a pagar un retroactivo por inflación de 4,3% el pasado mes.

El gerente general de Conaprole y presidente de la Cámara de la Industria Láctea (CILU), Rubén Núñez, ratificó ayer a El Observador que la gremial mantiene la postura de que "no está en condiciones" de firmar un nuevo convenio con incremento de salario para sus trabajadores.

"Ya comunicamos a todos los ámbitos del Ejecutivo nuestra posición dada la coyuntura que está atravesando el sector. Hoy no estamos en condiciones ni de acompañar un aumento por la inflación", aseguró.

Esa fue la posición que la CILU llevó a la primera mesa de negociación del grupo de la industria láctea en el Ministerio de Trabajo junto al gremio del sector la pasada semana. Precisamente, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (Fitil) planteó una plataforma de reivindicaciones. En ella se incluyó la firma de un convenio a tres años con ajustes semestrales o anuales por inflación más 5% de crecimiento real. Además, se incluye el pago de una partida anual de $ 24 mil este año y que al término de cada año se incorpore a la base salarial el equivalente mensual de la referida partida.

El presidente de la Comisión de Laboral de la Cámara de Industrias (CIU), Andrés Fostik, había advertido a El Observador que el gobierno debería "replantearse" cambios en los lineamientos para sectores que hoy están negociando y están "muy comprometidos", como la industria láctea, donde la viabilidad de "tres o cuatro industrias está muy comprometida".

Calzado y transporte


Las primeras reuniones de los grupos del transporte de carga terrestre y el calzado también dejaron en evidencia la distancia que existe entre lo que aspiran los trabajadores y lo que los empresarios están dispuestos a llevar.

El gerente general de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Humberto Perrone, aseguró ayer a El Observador que la propuesta que presentó el gremio en la primera reunión es "inaceptable desde todo punto de vista".

Según explicó el ejecutivo, el gremio aspira a un convenio a tres años con aumentos de salario real cada seis meses de 2,5%. Además, se exigen primas por antigüedad y otras compensaciones que, según la ITPC, implicaría una aumento nominal del salario al cabo del convenio del 82%. "Por eso le dijimos que eso era inaceptable y le sugerimos que reconsideran su propuesta", explicó Perrone.

Para continuar con la negociación, Trabajo solicitó a la patronal que ponga sobre la mesa su propuesta. La ITPC considera que con 40% de la flota ociosa no está en condiciones de apartarse de los lineamientos que puso sobre la mesa el gobierno. "No pretendemos que se congele el salario, pero tampoco podemos ir como un sector dinámico", indicó.

Perrone recordó que actividad de las zonas francas comerciales cayó 25% el último año, algo que "golpeó fuerte" al sector. Agregó según los últimos datos del BPS había una merma de unos 2.100 trabajadores ocupados, de los cuales unos 1.000 fueron dados de baja y otros 1.100 ingresaron a seguro de paro. El transporte de carga incorporó unos 8 mil nuevos transportistas en la última década. Actualmente, hay unos 34 mil transportistas de los cuales 9 mil son unipersonales. Según Perrone, salvo la madera y la carne, el resto de los sectores "disminuyó notoriamente" su ritmo de actividad en los últimos meses.

Algo similar ocurrió en la industria del calzado. El gremio llevó una propuesta a la primera mesa de negociación tripartita que "sorprendió" al sector empresarial. El secretario ejecutivo de la Cámara del Calzado, Daniel Tournier, informó que el gremio solicitó un salario mínimo de $ 15.000 nominales para el personal que ingresa sin experiencia al sector. Luego de 90 días este salario se ajusta según las categorías definidas en el sector. Hasta ahora, el laudo más bajo que rige para el sector es el salario mínimo nacional que hoy se ubica en $ 11.150 nominales. Además, el sindicato pretende un incremento del salario real de 4% por año con ajustes y correctivos por inflación cada seis meses, una partida por antigüedad y reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias sin pérdida de salario. Para Tournier "es imposible" atender esta plataforma que pide el gremio. El sector perdió 200 empleos el año pasado, añadió.


Mínimo no imponible de IRPF en $ 29.600

El Poder Ejecutivo publicó ayer el decreto que fija en $ 29.600 mensuales nominales y $ 355.200 anuales el monto salarial para quedar excluido de las retenciones mensuales y el ajuste anual por concepto del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que implica un 9,6% sobre el anterior. Las modificaciones realizadas al IRPF en 2014 separan por un lado el sueldo –al que se sigue gravando con la misma fórmula– y por otro el aguinaldo junto con el salario vacacional. Esas dos últimas partidas pagan impuestos por una única tasa, que se corresponde con la tasa a la que esté gravado el tramo más alto del salario del contribuyente. Ese cambio benefició a los trabajadores que con su salario alcanzaban una determinada franja tributaria y, una vez que agregaban el salario vacacional y el aguinaldo a ese monto, saltaban de franja. El otro universo de trabajadores beneficiados fue el de aquellos que sumado su salario vacacional y aguinaldo pasaban a pagar IRPF.

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