Seguridad ciudadana y competencia política

Gobierno y oposición negociarán medidas de seguridad

Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar / adolfogarce@gmail.com

Durante los últimos días una sucesión de hechos violentos conmovió a la opinión pública uruguaya. De inmediato, algunos líderes de la oposición volvieron a ocuparse de un tema que, durante el primer año de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, había pasado a un segundo plano, seguramente eclipsado por otros asuntos (enfriamiento de la economía, discusión del presupuesto, política educativa, investigadora de ANCAP, entre otros).

Las reacciones de la oposición transcurrieron por diferentes caminos. Los dirigentes nacionalistas fueron los primeros en mover. A comienzos de marzo, el senador Luis Lacalle Pou volvió a reclamar la renuncia del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Poco después, el senador Jorge Larrañaga, su principal rival en la interna blanca, anunció una serie de iniciativas legislativas dirigidas esencialmente a endurecer las penas. A su vez, el senador Pablo Mieres, en nombre del pequeño Partido Independiente (PI), propuso la creación de un ámbito interpartidario para acordar políticas en materia de seguridad. El gobierno rechazó reemplazar a Bonomi y acompañar el endurecimiento de las penas propuesto por los dos principales referentes del Partido Nacional (PN), pero anunció su disposición a propiciar un espacio de diálogo con la oposición siguiendo la sugerencia del principal referente del PI.

Todos y cada uno de estos movimientos en el tablero político se explican fácilmente en términos estratégicos. Los líderes del PN se apresuran a tomar la “bandera” de la seguridad ciudadana. Todo indica que quieren evitar que, como hace cinco años, Pedro Bordaberry se las ingenie para liderar en este tema. Recordemos que la propuesta de reforma constitucional lanzada por el senador colorado, orientada a bajar la edad de imputabilidad penal, se convirtió en el eje del debate sobre este tema durante todo el mandato de Mujica (mientras tanto, los blancos no lograron tener una posición unificada). A su vez, Lacalle Pou y Larrañaga compiten entre sí. El líder de Alianza Nacional, en particular, está obligado a intentar incrementar su participación en el debate público. Durante el 2015 tuvo un perfil muy bajo. Lacalle Pou, en cambio, logró una victoria política de relieve al obtener la creación de la comisión investigadora de ANCAP que terminó siendo un gran dolor de cabeza para el Frente Amplio.

Mieres también se movió rápido. Es sabido que para la bancada parlamentaria del PI suele ser extraordinariamente difícil marcar la agenda política. En este caso lo lograron. Los independientes, durante el mandato de Mujica, se opusieron con mucha convicción a la ya mencionada propuesta de reforma constitucional. Siguiendo una línea programática similar se oponen, ahora, a la intención de endurecer las penas anunciada por Larrañaga. En ambos casos, en términos ideológicos, se posicionan más cerca del Frente Amplio que de blancos y colorados. Para la estrategia que viene siguiendo el PI, esto es, para la política de ubicarse de modo equidistante entre los dos grandes bloques que polarizan nuestro sistema político, tomar distancia de la política de “mano dura” parece clave. El año pasado, especialmente en el tema ANCAP, los independientes se aproximaron mucho a colorados y blancos. Ahora, en el tema seguridad, optan por inclinarse hacia el otro polo.

El presidente Vázquez, que se viene mostrando más activo e imaginativo que durante el 2015, no desperdició la oportunidad. Muy rápidamente comunicó que el gobierno está dispuesto a propiciar el ámbito multipartidario de negociación de una política de estado en materia de seguridad reclamado por el PI. Desde mi punto de vista toma el camino lógico. Lo que menos le conviene a cualquier gobierno es facilitar que la oposición pueda criticarlo sistemáticamente. El gobierno que se encierra en sí mismo se vuelve siempre más vulnerable que a aquel que propicia diálogos políticos con la oposición. Hay mucha evidencia sobre esto. Mujica logró blindarse políticamente, a comienzos de su mandato, cuando consiguió instalar cuatro comisiones multipartidarias en temas especialmente relevantes (educación, seguridad, energía, medioambiente). El propio Vázquez recuperó terreno en la opinión pública cuando convocó a los ex presidentes desde la restauración de la democracia en 1985 en adelante a discutir las bases de una política petrolera de estado.

La pregunta que queda planteada es qué harán, en este nuevo escenario, los demás líderes de la oposición. Por un lado, es evidente que tienen poco margen para rechazar la propuesta del presidente. La opinión pública en Uruguay valora positivamente los escenarios de entonación “consensualista” de este tipo. Pero, por el otro, ingresando a un ámbito de negociación con el gobierno corren el riesgo de no poder marcar públicamente sus desacuerdos en un tema que sigue siendo muy importante para la ciudadanía. En cualquier caso, la “mano invisible” de la competencia política ha logrado otra vez lo más importante de todo: que la elite política se vea obligada a ocuparse de un asunto muy delicado y de interés general.


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