Seguridad ciudadana y competencia política (segunda parte)

A la hora de competir por el apoyo popular, los líderes de nuestros partidos políticos suelen demostrar un ingenio poco frecuente

Cuando les toca gobernar suelen dejar que desear (en Uruguay, la calidad de las políticas públicas, con independencia de ideologías y atributos personales de los elencos al mando, tiende a estar por debajo de lo deseable). Pero, a la hora de competir por el apoyo popular, los líderes de nuestros partidos políticos suelen demostrar un ingenio poco frecuente. La mesa de negociación entre el Poder Ejecutivo y los partidos de oposición para acordar políticas de seguridad ciudadana instalada hace un mes ofrece un nuevo testimonio de la ya tradicional destreza estratégica de los principales jugadores1. Repasemos los movimientos realizados durante los últimos días en este tablero de ajedrez, uno de los más importantes e inquietantes, dada la prioridad que la seguridad ciudadana ha cobrado en el ranking de las preocupaciones ciudadanas.

El presidente, esta vez, no se durmió en los laureles. Aprovechó la propuesta lanzada por el Partido Independiente (que encontró, por una vez y de esta forma, una manera de ganar protagonismo) y convocó a la mesa de negociación a todos los partidos con representación parlamentaria. En ese mismo momento los líderes de la oposición quedaron enfrentados a un dilema delicado: concurriendo a la cita “blindaban” al gobierno en una de sus políticas más resistidas; rechazando la invitación pagaban un precio ante la opinión pública. Encontraron muy rápido una alternativa ingeniosa: alegando que la invitación presidencial había sido dirigida a las autoridades de los partidos, los principales referentes (como los senadores Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry) dieron un paso al costado y evitaron “salir en la foto”.

Una vez instalado el ámbito de diálogo, gobierno y oposición desplegaron rápidamente sus estrategias. Para el presidente Tabaré Vázquez era esencial evitar que la mesa naufragara. Por eso, aunque se las ingenió para impedir que rodaran las siempre tan codiciadas cabezas del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y del subsecretario, Jorge Vázquez (dos piezas muy valiosas por diferentes razones para el presidente), tuvo que conceder que, en ese espacio, se acordaría un “cambio sustancial” en la política del gobierno en materia de seguridad. La promesa logró retener al grueso de la representación de la oposición. Pero no impidió que se registrara la primera baja: el diputado Tabaré Viera (Espacio Abierto, Partido Colorado) anunció su retiro de las negociaciones. Según afirmó, la ratificación de Bonomi como titular de la cartera impedirá que se concreten las innovaciones sustantivas anunciadas.

En la segunda reunión, realizada el viernes de la semana pasada, las delegaciones empezaron a buscar los puntos de acuerdo. Fue sencillo encontrar algunas zonas de contacto. Por ejemplo, pronto quedó de manifiesto que existe consenso en avanzar hacia la eliminación del beneficio de la libertad anticipada a los reincidentes. Pero el presidente se mostró todavía más flexible y abierto a negociar. En particular, anunció estar dispuesto a aceptar el endurecimiento de algunas penas. No hay que asombrarse tanto: asumiendo esta posición sintoniza con la demanda de “mano dura” que viene desde la opinión pública y favorece la permanencia del ámbito multipartidario de negociación cuya subsistencia le interesa. Sin embargo, no hay que ser un especialista en la tradición ideológica del Frente Amplio para concluir que cualquier proyecto de ley que implique alguna clase de viraje hacia una política de “mano dura” está llamado a encontrar una fuerte resistencia en la bancada de la izquierda. Vázquez, obviamente, sabe esto mejor que nadie. Hay que suponer que si hace estas concesiones a la oposición es porque, sabiendo de antemano que están condenadas a naufragar en el legislativo, le permiten “comprar” popularidad (falta le hace) y ganar tiempo (esperando, por ejemplo, que la economía repunte).

Vale la pena detenerse en este último factor. Cuanto más demoren los participantes en la mesa de negociación en acordar las innovaciones, mejor para el gobierno (mientras negocia con el Poder Ejecutivo, la oposición tiene las manos atadas). Del mismo modo, cuanto más tiempo insuma el trámite parlamentario de las iniciativas, más sencillo será para el Poder Ejecutivo argumentar públicamente que se está ocupando de concretar los acuerdos realizados. Por tanto, para la oposición pasa a ser un desafío de porte mayor limitar la duración de ambos procesos (acuerdos de cúpula y trámite legislativo). Algunos dirigentes opositores ya han dado señales respecto de la importancia del factor tiempo. Por ejemplo, Lacalle Pou, incluso antes de la instalación de la mesa de negociación, propuso que el Poder Ejecutivo envíe “leyes de urgencia” sobre seguridad ciudadana2.

Mientras vamos siguiendo la pista de los movimientos estratégicos de los distintos jugadores hay que insistir en un dato fundamental. Durante el año pasado Vázquez no cuidó el capital político que amasó durante la recta final de la elección nacional de 2014, y perdió terreno en la opinión pública. Pero desde comienzos de 2016 el liderazgo presidencial viene exhibiendo otra energía y creatividad. l

1 En ese momento, en este espacio, analicé los antecedentes de la convocatoria presidencial y algunos de los dilemas de los distintos actores. Ver: http://www.elobservador.com.uy/seguridad-ciudadana-y-competencia-politica-n889190

2 Ver: http://www.elobservador.com.uy/lacalle-responde-pidio-vazquez-leyes-urgentes-seguridad-n888941

Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

adolfogarce@gmail.com


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