"Los dueños" nunca pierden
Los funcionarios del Estado conservarán sus privilegios con el nuevo estatuto que alcanza a una ínfima minoría
“Es todo pour la gallerie. Es cambiar algo para que todo quede como está” me comentó esta semana una fuente de casa de gobierno que ha sobrevivido varias administraciones. Se refería al nuevo estatuto del funcionario público aprobado por el Parlamento que regula algunos aspectos vinculados al trabajo de los estatales. La iniciativa aprobada con los votos del Frente Amplio tiene el visto bueno del sindicato de públicos (COFE) en la mayoría de los puntos, y no contempla algunos aspectos que quitaban privilegios y que había planteado el gobierno.
Los funcionarios de la Administración Central lograron que la unificación de la jornada laboral de todos los trabajadores en ocho horas solo quede vigente para quienes ingresen a la función pública. Los que ya trabajan seis horas, seguirán haciéndolo.
Los feriados no laborables seguirán siendo cinco (1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre) pero quienes deban concurrir a trabajar –si el jerarca lo solicita– tendrán más beneficios que antes porque podrán incorporar en sus vacaciones el tiempo trabajado multiplicado por dos. En Semana Santa o en los feriados laborables el tiempo trabajado se multiplicará por 1,5.
Cuando comenzó la negociación del nuevo estatuto en 2012, el gobierno era partidario de que todos los estatales trabajaran de forma obligatoria durante los feriados laborables, como si fuera un día hábil, al igual que los trabajadores privados. “Dejen de inventar feriados para no laburar”, había dicho el presidente José Mujica pocas horas después de asumir en su cargo Pero tres años más tarde, pocas cosas cambiaron porque en las negociaciones COFE logró que esas jornadas sean cubiertas por una cantidad limitada de funcionarios y solo en los casos que los jerarcas de cada inciso consideren necesario.
Además el nuevo estatuto se aplicará a una minoría del funcionariado público. De la Administración Central (Presidencia y Ministerios) solo afecta a 17.700 de un total de 75.855 ya que no comprende a los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal. Tampoco afecta al Poder Legislativo (1.222 funcionarios), ni Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal . de lo Contencioso Administrativo., ANEP, Universidad y ASSE (114.448 en conjunto).
No están comprendidos tampoco los trabajadores que revistan en los entes autónomos y los servicios descentralizados industriales y comerciales que suman 32.685, los que serían incorporados en forma gradual en un plazo de 24 meses.
En resumen el nuevo estatuto de los públicos sólo se aplicará para 6,7% del total de funcionarios que tiene el país incluidos los municipales
El nuevo régimen que fue negociado solo con COFE reporta beneficios para los trabajadores, pero también se tienen matices en otros puntos, como el régimen de faltas.
Cuando sean calificadas como “graves” se podrán aplicar sanciones que van desde 10 días a seis meses.
Son los que definen cuándo y cómo comienza a funcionar el país. Y cuándo se para. Tienen el poder de cerrar las fronteras por mar y aire paralizando las actividades del Puerto de Montevideo o dejando fuera de servicio los radares aeroportuarios. Si se les viene en gana pueden atentar contra la sanidad animal y humana afectando controles (como ocurrió durante la crisis de la fiebre aftosa del año 2001 y con la gripe porcina en 2009).
En función de sus asuetos se confeccionan almanaques y agendas, se cierran balances e inventarios, se programan licencias, asados, casamientos, cumpleaños de 15, y hasta se eligen momentos de parto. Son los más de 270 mil empleados públicos (17% de toda la población ocupada del país) , que a juzgar por el tímido avance del nuevo estatuto que los regula seguirán siendo los dueños del país.
