Ser discapacitado, querer educarse y no perecer en el intento

Tres años le llevó a Noelia (nombre ficticio) lograr presentarse a la prueba de admisión de la carrera de Traductorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

Cuando en 2012 se planteó este objetivo se imaginó que el camino no iba a ser fácil y por eso pidió apoyo a la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (Uncu). Desde entonces comenzaron la gestiones ante la facultad. El principal obstáculo, aseguran, provino de la dirección de la carrera, desde donde se entendía que las personas ciegas no están capacitadas para ejercer la profesión porque hay mucho trabajo de documentación y se necesita "dar fidelidad de lo que está escrito en el papel", comentó a El Observador el presidente de la Uncu, Gabriel Soto. Desde la agrupación se le explicó que eso no sería un problema porque las nuevas tecnologías ofrecen hoy múltiples posibilidades para que las personas con falta de visión "puedan leer cualquier texto". Pero los esfuerzos parecían ser en vano.

La madre de Noelia presentó varias denuncias al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y al Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que su derecho a presentarse a la prueba de admisión se respetara.

Soto reconoció también el papel que jugó el nuevo decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte, quien "se puso el tema al hombro". Así fue que a principios de 2015 Noelia pudo presentarse como cualquier otro estudiante. Pero dar la prueba tampoco fue fácil. Para hacerlo la Uncu tuvo que ofrecer apoyo logístico, entre otras cosas, una computadora con lector de pantalla para ciegos y un profesor de inglés en braille para que le tradujera en el momento a Noelia la parte del examen en este idioma. La facultad no disponía de ninguna de las dos herramientas, contó Soto. Además, Noelia concurrió a la prueba acompañada de directivos de Uncu y de personal del INDDHH.

Uriarte dijo a El Observador que a la joven se le dieron todas las garantías necesarias para dar la prueba de ingreso, pero a su entender, una persona ciega tendría dificultades para ejercer por las características de la profesión. Dijo, de todas formas, que la facultad tiene "el máximo interés en la inclusión", por lo que trabajan en la parte arquitectónica y académica en la medida de las posibilidades.

El caso de Noelia es apenas uno de los tantos que se registran año a año. Niños con síndrome de Down o Trastorno del Espectro Autista (TEA) también quedan muchas veces fuera del sistema educativo.

Según datos del censo 2011, que maneja la Fundación ProIntegra (ver Apunte), en Uruguay existen 50.000 niños y adolescentes con discapacidad, de los cuales solo 12% asiste regularmente a un centro educativo.

En tanto, según datos aportados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) al Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), a diciembre de 2014 asistían a las escuelas públicas de todo el país unos 14.487 niños discapacitados, además de los 5.033 que concurrían a las escuelas especiales. Cainfo todavía no cuenta con datos del Consejo de Educación Secundaria, ni de la Udelar, pero está trabajando para obtenerlos.

La inclusión en el sistema educativo de las personas con discapacidad es un tema que preocupa en diversos ámbitos. Por esta razón, desde diciembre del año pasado a iniciativa de Cainfo y de la Federación de Autismo del Uruguay se creó un grupo de trabajo por la educación e inclusión, que apunta a promover el derecho de la educación en ámbitos comunes.

La Uncu, la Federación Uruguaya de Padres de personas con discapacidad intelectual, el Instituto Interamericano de discapacidad y desarrollo inclusivo y la Fundación ProIntegra son algunas de las asociaciones que participan del grupo.

Alejandra Umpiérrez, coordinadora de Cainfo, dijo a El Observador que uno de los principales objetivos del grupo es sistematizar la información que existe sobre personas con discapacidad en el sistema educativo y generar mayor conciencia sobre su inclusión.

No obstante, subrayó que los números "en frío" no sirven para evaluar la calidad de la inclusión porque no es lo mismo que el niño concurra a la escuela una hora o que lo haga en horario completo, que sea atendido con los soportes necesarios o que no lo sea. Por esta razón, llamó la atención sobre la necesidad que tienen los organismos públicos de procesar bien la información.

Afirmó que la inclusión educativa tendría que ser una política de Estado. Actualmente, "el paradigma que predomina en Uruguay es el de la educación especial por un lado y el de la educación común por otro",

subrayó.

Resaltó que Uruguay forma parte de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, por lo cual está comprometido a cambiar de paradigma. Aseguró además que la ley de Protección integral de las personas con discapacidad y la ley General de Educación prevén y garantizan la inclusión de estas personas en el sistema educativo común.

"Una de las cosas que estamos remarcando mucho es que cada vez que un padre lleva a un niño a la escuela (o colegio) y no se lo aceptan por su discapacidad es un acto de discriminación", afirmó.

El jueves pasado la fundación ProIntegra, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, lanzó el proyecto educativo ProEdu, con el objetivo de favorecer la inclusión de estas personas en el sistema educativo común. El proyecto intenta ser un puente entre los diferentes actores de los procesos de aprendizaje (padres, niños y escuelas). El objetivo es ofrecer a los actores las herramientas y apoyos necesarios para que los niños con discapacidad puedan asistir a la escuela o liceo como cualquier otro.

Entre otros beneficios, ofrece acompañar a la institución educativa para lograr la integración óptima de estos niños, apoyar la confección de adecuaciones curriculares para que puedan ir a la escuela, liceo y universidad, mediar con los pares en actividades curriculares y extracurriculares para que sepan entender a su compañero con discapacidad. Mercedes Viola, integrante de ProEdu, aseguró que muchos problemas de inclusión se pueden resolver si se hace "un medio más accesible para todos". Aseguró que se necesitan políticas institucionales, pero señaló que estas no lograrán nada, si no hay un cambio cultural.