Si los metemos a todos en el Comcar, festejan

El oficialismo está en el debe con el trato que le da a los menores infractores

En la década de los 90, el local de la vieja cárcel de Miguelete dejó de funcionar luego de que la Justicia comprobara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del entonces Consejo del Niño (hoy Inau) y por la Policía luego de un motín de menores infractores allí recluidos.

Por aquellos años y durante casi dos décadas, la izquierda, desde la oposición, cuestionó el trato denigrante que los menores infractores recibían en esas cárceles a las que eufemísticamente se les llamaba “hogares”.

Hoy, sin ningún atisbo de vergüenza, la izquierda, ya en el gobierno, tiene en ese sector de la administración pública una de sus mayores pústulas, demostrativa del doble discurso que incluso hoy opera en el oficialismo, donde por un lado se rechaza bajar la edad de imputabilidad penal de los infractores y por otro los trata como a ratas en el lugar que les tiene asignado.

En estos días se conocieron nuevas denuncias de familiares, de exfuncionarios y de la Institución Nacional de Derechos Humanos por golpizas, hacinamiento, sobremedicaciones, pésima higiene y otras condiciones denigrantes de reclusión en el Inau.

En el Hogar Ser de la Colonia Berro, los menores pasan hasta 23 horas por día encerrados en sus celdas. Para esto, la propuesta de blancos y colorados de tratarlos como mayores y enviarlos a una nueva institución, medida cuestionada por la izquierda por ser en extremo represiva, parece tibia. Sería mucho mejor para los menores que fueran enviados a las actuales prisiones de mayores, donde tendrían mejores condiciones: podrían salir al patio más horas y hay menos datos de abusos de los guardiacárceles con los prisioneros.

De hecho, se han constatado casos de menores que ante los juzgados mintieron sobre su edad (de algunos de ellos resulta difícil encontrar registros) para ser enviados al Comcar, porque saben que es mejor que el hogar Ser.

Así las cosas, el Frente Amplio tiene débiles argumentos para oponerse a la baja en la edad de imputabilidad (una medida inconducente) y sigue manteniendo abierta una llaga que pone en tela de juicio su compromiso con los más pobres y con la posibilidad de rehabilitar a los menores infractores, una medida clave para la seguridad pública.


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