Sin lugar a la negociación: Uber e intendencias mantienen posturas

Desafiando a las autoridades, Uber sacó sus coches a la calle el 19 de noviembre pasado. La empresa defendía entonces que su servicio era "completamente legal" y que su objetivo era "crear un marco regulatorio específico" para los viajes brindados.

Ese mismo día desde el gobierno nacional y departamental se dejó en claro que se trataba de una actividad ilegal, que Uruguay no era un país "bananero" y que la empresa debería acatar las regulaciones. En un comunicado, la intendencia afirmó entonces que los traslados a través de esa aplicación eran irregulares porque no estaban debidamente autorizados, y que multaría a los conductores que prestarán ese servicio.

Sin embargo, al día siguiente la empresa no solo continuó circulando, sino que afirmó que cubriría las sanciones que recibieran sus choferes, los que contaban con "el 100% de apoyo".

El tema pasó entonces al Congreso de Intendentes, que decidió no negociar en tanto Uber no cesara de hacer viajes. Lo que no sucedió.

Por el contrario, los viajes cruzaron la frontera de la capital y llegaron a Canelones.

Igual estrategia, igual resultado

El mismo intercambio se dio a inicios de este mes, cuando la empresa envió a los intendentes de Montevideo y Canelones una carta por la cual invitaba a los jerarcas a iniciar un "espacio de diálogo". Uber se puso a disposición para encontrar un marco regulatorio y que esos departamentos pudieran tener "mejores alternativas de movilidad".

La respuesta de los intendentes, aunque no oficialmente, fue la misma que en noviembre pasado: no negociar a menos que Uber deje de hacer viajes. La misma estrategia con la que hace 10 meses no consiguieron frenar a la multinacional.

"Mientras sigan trabajando no nos podemos sentar a conversar", dijo a El Observador el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. "¿Mientras los tengo que corretear y prohibirles el trabajo, me siento a conversar con ellos? Creo que el Congreso de Intendentes acertadamente resolvió avanzar en el tema siempre y cuando se suspenda la actividad, que no es regular", agregó. La misma postura se manejó en la Intendencia de Montevideo. El secretario general, Fernando Nopitsch, dijo que para negociar, la empresa debía mostrar "voluntad de cambio".

En tanto, fuentes cercanas a Uber aseguraron a El Observador que la empresa no tiene una posición tomada con respecto a dejar de funcionar. Afirmaron que no se ha recibido una respuesta oficial y por tanto no se trabajará sobre supuestos.

Además, el hecho de que Uber haya enviado la carta no cambia el escenario, señalaron.

Así, desde ambos lados de la calle se repiten desde fines de noviembre de 2015 los mismos argumentos, sin lograr resultados.

Si bien la comuna capitalina ha aplicado multas, y el intendente Daniel Martínez afirmó la semana pasada que se sancionó a 100 conductores, esa medida tampoco ha tenido resultados disuasivos. Fuentes de Uber afirmaron que los socios saben que cuentan con el apoyo de la empresa y que está comprobado que la empresa se ha hecho cargo. Lo que no varía por estar esperando entablar un diálogo.

Regulación discutida

En tanto, el Parlamento estudia un proyecto de ley para regular el servicio que brinda Uber y otras aplicaciones, con críticas tanto de expertos como de organismos propios.

Por su parte, las cámaras de industria y tecnología afirman que el proyecto actual puede desmotivar el desarrollo tecnológico. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía asegura que el proyecto es redundante, ya que las intendencias y organismos del Estado ya cuentan con mecanismos para regular la actividad de la multinacional. Ejecutivo anunció que "la actividad de Uber Technologies Uruguay S.A. solo puede desempeñarse en la República si cumple fielmente las normas consagradas en nuestra legislación".