Sin privados peligra el agua potable

Un proyecto de ley habilita a OSE a recurrir a privados para evitar las pérdidas del agua potable

Un proyecto de ley para que OSE recurra a privados a fin de evitar las tremendas pérdidas actuales del agua potable que produce y la advertencia del sindicato de la empresa sobre el deterioro de su calidad proyectan a un urgente primer plano los riesgos que enfrenta el suministro a la población. El presidente del ente, Milton Machado, había advertido en 2013 que la mitad del agua que OSE potabiliza se pierde antes de llegar a los hogares, mayoritariamente por mal estado de las cañerías pero también por carencias técnicas. Mientras esta situación permanece incambiada hasta el día de hoy, la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) alertó que empeorará la calidad del agua debido a los recortes presupuestales dispuestos por el gobierno, en momentos en que se necesitan recursos adicionales en vez de retacear los previamente disponibles.

Los inconvenientes de OSE, inconcebibles en un país con abundantes fuentes de agua dulce, derivan en buena medida del disparate de la reforma constitucional de 2004 que le asignó al Estado la propiedad y explotación absoluta de los recursos acuíferos. Existe un plan de la Dirección Nacional de Aguas para la eventual implementación de 11 programas y 28 proyectos a corto, mediano y largo plazo para asegurar el suministro adecuado de agua a los uruguayos hasta 2030. Pero tanto este plan, que no ha despegado, como la apertura de inscripciones por la Universidad de la República para conformar un panel ciudadano que lo analice son garantía de lenta inacción estatal en un tema crítico que apremia.

Más realista y efectivo es el proyecto de ley presentado por el diputado nacionalista Nicolás Olivera para que el sector privado intervenga nuevamente a fin de salir de esta amenaza al suministro de agua. Es una forma idónea de terminar con una exclusividad estatal que ha fracasado estrepitosamente, como muchos técnicos advirtieron cuando se hizo la reforma constitucional en las elecciones que ganó Tabaré Vázquez y que el Frente Amplio apoyó sin dudar bajo el lema “el agua es nuestra”. La propuesta de Olivera es que se autorice a OSE a contratar con privados la inversión de los US$ 200 millones que se estiman necesarios para reparar la deteriorada red de cañerías y atender las carencias técnicas de OSE. Las inversiones privadas, en reemplazo de las que el gobierno no tiene cómo proveer, serían pagadas por OSE con el aumento de recaudación al poder facturar la totalidad de su producción y no la mitad, como hasta ahora. El razonable proyecto atendería también la preocupante advertencia del sindicato de la empresa sobre el peligro de que de las canillas empiece a salir agua de menor potabilidad debido a las deficiencias de OSE, como ya ocurrió tiempo atrás en Maldonado.

La aprobación de la propuesta de Olivera obviamente depende de que el Frente Amplio actúe con la sensatez que faltó hace 12 años, cuando primó el criterio de que el Estado puede hacer todo y hacerlo bien sin necesidad de recurrir al sector privado. Este espejismo imposible ha quedado demostrado una y otra vez en las empresas del sector público que se empeñan en mantener servicios monopólicos. Rompen los ojos no solo OSE sino también los casos de ANCAP y del sistema ferroviario, en claro contraste con áreas en que el Estado se ha abierto a la competencia con privados, como lo evidencian el mejoramiento de la telefonía celular y otras áreas de comunicaciones, los seguros o el correo.


Acerca del autor

El Observador

El Observador

Comentarios