Economía y Empresas > LEY DE MEDIOS
Sindicato de ANTEL en "estado de alerta" por amenaza a su monopolio
A mediados de agosto se conoció que, ante un reclamo de Montecable, uno de los cableoperadores de Montevideo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había resuelto declarar inconstitucional un tramo de la llamada ley de medios que buscaba salvaguardar el monopolio de hecho que desde hace años ANTEL ejerce en el servicio de internet a los hogares. Las demás empresas de la capital (además de Montecable, TCC y Nuevo Siglo), relacionadas a los propietarios de los canales de televisión de aire, piden tener la posibilidad de brindar a sus clientes acceso a internet con la tecnología e infraestructura instalada.
Es decir, con el cable y artefactos ya dispuestos para dar televisión por cable podrían a la vez entregar internet a sus clientes. Sin embargo de forma sistemática el gobierno les negó esa posibilidad, constituyendo ese monopolio de hecho, por decisión política.
La resolución de la SCJ para los privados y para algunos expertos podría posibilitar que las empresas privadas añadan internet al servicio que prestan a los hogares. Pero el Poder Ejecutivo – a través de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse- aseguró luego de conocido el fallo que se seguirá impidiendo que esas firmas entren a este negocio.
Ahora, el congreso nacional de delegados del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) emitió un comunicado en el que, por una parte, rechaza "la insistencia en reeditar una vez más la discusión sobre las Telecomunicaciones". Esta está "enfocada en cuestionar el papel que (...) ANTEL cumple al respecto y su rol monopólico otorgado por ley", agrega.
Asimismo, el sindicato se declara "en estado de alerta" frente a la posibilidad de que se deban "iniciar acciones diversas para frenar el accionar de las multinacionales de las telecomunicaciones e impedir su propósito de destruir" a ANTEL.
El sindicato entiende que la ciudadanía "ya laudó claramente" en dos ocasiones sobre este tema (en 1992 y 2001), por lo cual "deben respetarse los pronunciamientos del soberano".
