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Sindicato de UTE criticó el uso de fondo energético en obras para UPM

Consideran que recursos deben destinarse a bajar los costos energéticos
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19 de julio de 2017 a las 05:00
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, trasmitió la novedad el viernes pasado. El excedente de los US$ 173 millones que el Poder Ejecutivo le pedirá a UTE que transfiera del Fondo de Estabilización Energética (FEE) –diseñado para mitigar subas de tarifas cuando se registran sequías– será destinado a obras de infraestructura que requiere el país, y en particular para la infraestructura que deberá encarar el gobierno para concretar la instalación de la segunda pastera de UPM.

Esa decisión no es bien vista desde la Agrupación de Funcionarios de UTE (Aute). Consultado por El Observador, el presidente del sindicato, Gabriel Soto, dijo que "no es correcto" utilizar para UPM fondos que tienen por objetivo "garantizar que no se disparen las tarifas". El dirigente reconoció que el cambio de la matriz energética lleva a que el fondo siga siendo necesario, pero sin el peso que tenía unos 10 años atrás. En ese sentido, aclaró que no se está en contra de que se utilice una parte de ese dinero. La clave está, dijo, en para qué se usa. "Hay que hacer una discusión más profunda en el sentido de hasta dónde el Estado uruguayo va a transitar caminos de favorecer o generar condiciones para que UPM pueda instalarse", apuntó.

Según Soto, el dinero se podría utilizar para obras que incidan en la baja de los costos energéticos. A modo de ejemplo mencionó que UTE podría construir un parque eólico de su propiedad para "hacer retroceder" el peso que tienen los generadores privados en la matriz energética.
También mencionó como alternativas la realización de obras de infraestructura para mejorar servicios en otros sectores del Estado, como por ejemplo el servicio de agua potable. "No estamos de acuerdo en que se utilicen estos recursos para seguir poniendo toda la alfombra roja a UPM", rechazó Soto.

El objetivo y cambio de matriz

El FEE fue reglamentado en 2011 y en ese entonces se le fijó un tope de 4.000 millones de unidades indexadas (unos US$ 507 millones a valores de hoy). Ese fondo de reserva se nutrió durante los primeros años cuando la generación hidroeléctrica superaba la media histórica. Sin embargo, desde 2012 el ingreso de fuentes renovables (eólica y biomasa) fue reduciendo la vulnerabilidad a la que históricamente estaba expuesta la empresa por el nivel de hidraulicidad de sus embalses.

En 2014, el gobierno de José Mujica decidió cambiar la reglamentación y UTE dejó de volcar recursos. Se consideró que los US$ 300 millones que tenía en ese entonces eran suficientes.
Este año se aprobó un nuevo decreto que permitió reducir aún más ese fondo de reserva hasta US$ 120 millones.

El objetivo inicial de esa herramienta fue el de evitar shocks en la situación financiera de UTE y de las finanzas públicas globales. Por ejemplo, en caso de una sequía el ente no se vería obligado a subir tarifas para cubrir un mayor gasto de generación en centrales térmicas.

La definición que tomó el gobierno "no tiene objeciones desde el punto de vista técnico", dijo la semana pasada a El Observador el integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, Omar Pagani.

El experto indicó que aun con un año muy seco, hoy hay otras fuentes de generación (básicamente eólica y un componente menor de biomasa) que reducen sensiblemente la dependencia de los combustibles fósiles respecto a un quinquenio atrás.

Sin embargo, Pagani consideró que ante esa ganancia del sistema eléctrico –que incluso a su juicio hizo una inversión en renovables mayor a la necesaria, lo que provoca hoy sobrantes de electricidad–, lo lógico sería haber "buscado alguna forma de que esos recursos extras del fondo se destinaran a mejorar la competitividad de las tarifas de UTE".

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