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Situación límite de inseguridad
Avergüenza a la sociedad uruguaya que exista un barrio populoso de Montevideo donde la gente no se anima a salir de sus casas y los médicos, los maestros y el transporte público se niegan a ingresar por justificado temor a los desmanes de turbas violentas. Lo ocurrido en el Marconi, a raíz de la muerte de un joven en un tiroteo con policías, reprodujo hechos parecidos que estallan periódicamente en otras zonas periféricas de la capital. Pero la extrema gravedad de los desbordes en el Marconi exige medidas más efectivas para darles a los residentes honestos una seguridad que hoy no existe. Excede toda tolerancia que un centenar de personas fuera de control, jóvenes en su mayoría, hieran a un médico y a otras personas e incendien y dañen cuanto vehículo esté a mano.
El resultado del descontrol de grupos delictivos está a la vista desde el viernes. Muchos residentes se atrincheran en sus viviendas. El sindicato de maestros de Montevideo les pide a sus afiliados que no concurran a dictar clases en las cuatro escuelas y dos jardines de infantes que existen en el barrio, pese a que el Consejo de Primaria los insta a cumplir su trabajo con el frágil argumento de que lo peor ya pasó. Igual actitud de abstenerse a prestar asistencia han asumido justificadamente médicos que temen por su integridad física, después del ataque a un colega. Y los trabajadores de los ómnibus que solían circular por el barrio decidieron no ingresar más a la zona.
La violencia latente en el Marconi y en otras áreas de la capital, donde campea abiertamente la acción delictiva de narcotraficantes y de grupos propensos a los desbordes descontrolados, no puede seguir amenazando la vida pacífica a la que tienen derecho sus residentes. La inseguridad pública desborda obviamente la capacidad policial para combatirla. La Policía actúa con eficacia después de que se ha producido un delito o un disturbio. Pero pese a la expansión y el mejoramiento operativo y tecnológico de su estructura, no alcanza a asegurar una prevención que se ha tornado indispensable y urgente.
La solución inmediata es recurrir al complemento que pueden brindar efectivos militares para el patrullaje de saturación que hoy no existe. Lo hemos señalado reiteradamente y lo reclaman con fundamento dirigentes de la oposición. Pero en el gobierno y en su Frente Amplio persiste renuencia a recurrir a esa medida. Se argumenta que los miembros de las Fuerzas Armadas están entrenados para la guerra y no para la política disuasiva que presumiblemente tiene la Policía. Hay además problemas jurisdiccionales entre los ministerios involucrados y resistencia de muchos sectores a ver de nuevo a militares en las calles, por recuerdo de las épocas de la dictadura.
Pero la amenaza a la seguridad ha llegado a un nivel tal que supera las objeciones. La presencia de efectivos militares patrullando en sus vehículos las zonas conflictivas es un disuasivo eficaz para los grupos violentistas y todo otro tipo de actividades delictivas. El gobierno no puede seguir ignorando la amenaza a la población que acaban de enfatizar los desmanes en el Marconi.
