Sospechan que unos 1.800 profesionales evaden aportes

Se declararon en "no ejercicio" pero estaban trabajando
Cuando un estudiante universitario termina su carrera y le entregan el título, tiene 90 días para ir a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios a declarar cuál es su situación. Las opciones son dos: o se declara en ejercicio libre de su profesión y comienza a aportar a la Caja, o firma un documento en el que consta que no está ejerciendo libremente porque es empleado de una empresa y, por ende, es dependiente.

En caso de que se inscriba como trabajador en ejercicio liberal, deberá pagar una primera cuota de $ 1.400 (valor de 2016), que irá en aumento a medida que pase el tiempo, porque cambiará paulatinamente de categoría para los aportes.
Una persona que se declara en "no ejercicio", o sea que trabaja como empleado en una empresa, no tiene que pagarle a la Caja pero, en caso de que esa situación cambie, lo debe notificar y ahí sí comienza a aportar.

Actualmente, 66% de los profesionales tiene un trabajo dependiente y 48% de los inscriptos en la Caja declaró estar realizando una actividad independiente, según cifras divulgadas en setiembre por el presidente del organismo, Álvaro Correa, ante los diputados que integran la comisión de Seguridad Social de esa cámara. Hace 15 años, el porcentaje era opuesto y 62,5% de los afiliados aportaban por ser trabajadores independientes.

La Caja de Profesionales Universitarios cerró el 2016 con un déficit que, en principio, supera los $ 500 millones. Esa cifra es bastante superior a la de 2015, donde no llegaba a los $ 200 millones. En medio de ese contexto, el organismo comenzó a fiscalizar si todos los trabajadores declarados en "no ejercicio" de verdad estaban trabajando solamente para una empresa.

Para realizar esa fiscalización, se solicitaron datos a ministerios, intendencias, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), entre otros. Un primer relevamiento realizado concluyó que de los casi 60 mil trabajadores dependientes, unos 1.800 pueden estar evadiendo el pago a la Caja, según dijo a El Observador el director de esa institución Hugo de los Campos.

Esos 1.800 profesionales no necesariamente son deudores de la Caja de Profesionales. Muchos fueron detectados por aportes de Fonasa al BPS y es posible que provengan de otro concepto que no esté relacionado a un trabajo indendiente que realizan.

Es por ese motivo que al relevamiento le sigue una segunda fase, que ya se está aplicando, en la que el organismo notifica a los trabajadores que se encuentran en una situación dudosa.

Una vez que reciben la notificación, tienen 10 días para presentar sus descargos. De no hacerlo, se les envía un telegrama colacionado en el que se los intima a asistir, según dijo a El Observador el presidente en ejercicio de la Caja de Profesionales, Álvaro Roda.

La semana pasada, el portal Ecos informó que la Caja de Profesionales comenzó a multar a periodistas licenciados en Comunicación que se habían declarado en "no ejercicio" pero que, por escribir en blogs, colaborar –incluso de manera honoraria- en documentales o publicaciones, deberían haber aportado.

El mínimo aporte es por tres meses de trabajo, aunque se haya trabajado menos tiempo.

Consultado por el portal, el periodista Gabriel Farías dijo que por haber participado de forma honoraria tres días en un documental hace algunos años, terminó pagándole a la Caja unos $ 20 mil.

El presidente titular de la Caja, Alvaro Correa –que se encuentra de licencia- indicó a El Observador que la fiscalización y eventual multa no se aplica solo a "una determinada profesión".

Dentro de los 1.800 posibles evasores hay abogados, médicos, licenciados en Comunicación, odontólogos, arquitectos y la lista sigue.

"(Las fiscalizaciones) no tienen nombre y apellido. Se está cumpliendo con las competencias que deben cumplirse. Hay que hacer controles porque la seguridad social tiene problema en todas partes del mundo, el stock de jubilados es cada vez mayor, porque va cambiando la forma de la actividad de los aportantes.

Cada vez egresan más pero los jóvenes que egresan de las universidades no ejercen la actividad profesional de forma independiente, sino que pasan a ser empleados", sostuvo Correa.

El problema de la "Categoría 2"


Una ley aprobada en 2004 habilitó a los profesionales a optar por aportar durante su vida como activos en la categoría 2, por la que en 2016 se pagaban $ 5.256. Eso implica una jubilación menor, pero también menos aportes que categorías más elevadas. Lo máximo que un profesional puede aportar son $ 14.592, cuando se ubica en la categoría 10.

Para las autoridades, la ley tiene un problema: al haber cada vez más trabajadores que optan por quedarse en la segunda categoría, la Caja de Profesionales se está financiando con un promedio de aportes de unos $ 8.000, pero debe solventar pasividades promedio de $ 50 mil.

"Eso crea problemas en el financiamiento de las pasividades porque se aporta muy poco para pagar pasividades de gente que está en categorías altas", explicó De los Campos.


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